Contáctenos Quiénes somos
De la frontera | Pedro Cano

La Red Jano Sikse y el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes denunciaron hoy que el Ejército Nacional  apresó a 57 inmigrantes haitianos durante varias redadas indiscriminadas prácticadas en Barahona, Neyba y San Juan de la Maguana. Los detenidos fueron llevados a Jimaní por donde fueron repatriados hacia Haití.

Ambas instituciones que realizan monitoreo y vigilancia para que no se violen los derechos humanos en la frontera condenaron la práctica ilegal de las autoridades civiles y militares contra los inmigrantes haitianos. Indican que durante los operativos contra supuestos inmigrantes haitianos indocumentados se han violados todos los protocolos y reglamentos migratorios.

A continuación el comunicado de prensa enviado a la redacción de Espacio Insular por nuestro colaborador en Jimaní Pedro Cano.

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL INSTAN AL EJERCITO NACIONAL Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN A CUMPLIR LAS LEYES DE REPUBLICA DOMINICANA

 Desde principio de este año dos mil quince se ha iniciado desde la 3º brigada del ejercito nacional, con sede en San Juan de la Maguana, desde la 5º brigada del Ejercito Nacional, con sede en Barahona, y por parte de la Dirección General de Migración, una persecución en contra de las personas extranjeras, fundamentalmente de nacionalidad haitiana, que  trabajan y viven en la zona sur desde hace muchos años. Ayer mismo, el ejercito nacional práctico redadas en los municipios de Neyba, Barahona y Jimaní deteniendo, para posteriormente llevar a la frontera, a 57 personas de nacionalidad haitiana que simplemente salían de sus trabajos o se encontraban paseando por la calle cuando el camión del ejercito paso por delante de ellos. Esta práctica de nuestras autoridades esta imposibilitando el acceso al Plan Nacional de Regularización a miles de personas, hace pocos días el ejercito nacional comentaba haber repatriado a 40,000 personas en tan solo 70 días, que podrían cumplir con los procedimientos migratorios y con ello acceder a un estatus regular que impida la vulneración de sus derechos fundamentales.

El objetivo del gobierno de Danilo Medina cuando formulo el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros era que los indocumentados que tienen muchos años en el país dejaran de vivir bajo la amenaza de una deportación que les separe de su familia y les obligue a regresar a su país. Para ello, las personas sin documentos debían de cumplir determinados requisitos como la ausencia de antecedentes penales, más de tres años viviendo en República Dominicana, vínculos con la sociedad y demostrar sus condiciones laborales. Después de demostrar  todo lo anterior podrían acceder al Plan de regularización y trabajar de manera legal. Con la repatriación de ayer, donde había mujeres comerciantes, niños escolarizados y hombres que estaban trabajando cuando se produjo su detención, se demuestra claramente la inequívoca voluntad por parte del Ejercito Nacional y la Dirección General de Migración de no cumplir con la normativa migratoria actual.

Como instituciones comprometidas con la justicia social, estamos conscientes de la soberanía de República Dominicana encaminada a controlar los flujos migratorios y buscar mecanismos para dicho control, pero estos mecanismos no pueden estar al margen de los derechos fundamentales de los y las migrantes, no deben estar al margen de los acuerdos internaciones firmados y ratificados por el Estado Dominicano, ni tampoco violar la Constitución, el Código Procesal Penal, el reglamento de la ley de migración, el decreto 327-13 de regularización de extranjeros y el respeto a la dignidad humana.

Es por todo lo expuesto anteriormente que diversas organizaciones de base comunitaria, iglesias, y ONG´s hacemos un llamado al Ejercito Nacional y a la Dirección General de Migración para que, si realmente estamos como sociedad decididos a construir un Estado de derecho fundamentado en el art. 8 de la Constitución Dominicana, se suspendan las redadas y persecuciones arbitrarias a las personas extranjeras susceptibles de optar al Plan  Nacional de Regularización, se atiendan las garantías al debido proceso en todos los procedimientos, se incremente la vigilancia contra las redes de tráfico y trata de seres humanos en la frontera y haya una protección efectiva de los derechos de las personas.