La Plataforma Dominicanos por Derecho llamó al Estado ofrecer garantías para evitar la expulsión de dominicanos indocumentados o con dificultades de acceder a su documentación de identidad, ante el ampliamente anunciado proceso de repatriación de personas extranjeras en situación migratoria irregular.
El colectivo aclara nueva vez que no se opone a ninguna medida migratoria que se implemente respetando la dignidad humana, derechos fundamentales, tratados internacionales y leyes nacionales que rigen la materia pero que bajo ningún concepto es aceptable que el Estado evada la responsabilidad de dar una solución efectiva a la situación de las personas desnacionalizadas pretendiendo equiparar a un dominicano no documentado con una persona migrante.
“La problemática de la desnacionalización se agravaría con el desplazamiento forzoso de dominicanos/as no inscritos en el registro civil que no pudieron acogerse a la medida que les planteaba asumirse como extranjeros para tener acceso a documentos de identidad”, explicó el abogado Juan Manuel Morel, quien fungió como vocero de la plataforma en un encuentro con los medios que tuvo lugar este martes en el Colegio Dominicano de Periodistas.
Las organizaciones llaman la atención sobre el peligro de separar miles de familias con hijos dominicanos por la situación de documentación de sus miembros, así como mantener en un estado de vigilancia por parte de organismos de investigación y amenaza de operativos a comunidades afrodescendientes ya de por si excluidas, empobrecidas y estigmatizadas.”
Exhortan a las autoridades gubernamentales a socializar el protocolo, logística y criterios a utilizar en el proceso de repatriación de personas migrantes en situación irregular y que se permita a las organizaciones dominicanas ser testigo de su adecuada implementación.
Sobre el nuevo llamado de la Junta Central Electoral:
Dominicanos por Derecho teme que no se concreticen en la práctica las informaciones emitidas por la Junta Central Electoral sobre una supuesta solución masiva a la problemática del bloqueo de acceso a documentos de identidad, limitándose nueva vez a generar un impacto mediático para reducir la presión sobre la problemática de dominicanas y dominicanos desnacionalizados.
Pese a la promulgación de la ley 169-14 hace más de un año y las diversas convocatorias a las personas afectadas para dar "solución" a sus casos , afirman que la JCE mantiene en el limbo jurídico a miles dominicanos/as y sus descendientes, bloquea sus documentos de identidad al no colocarlos en el sistema automatizado de registro, ha creado procesos diferenciados que incluye la investigación de familiares, transcribe sus actas a un nuevo libro generando un sub-registro a partir del origen y la situación migratoria de los padres, medida segregacionista que convierte a esta población en blanco de futuras acciones desaprensivas.
“El bloqueo injustificado de documentos en el sistema impide a miles de personas a realizar con normalidad actividades de la vida civil y deja abierta la posibilidad de que sean impedidas de ejercer su derecho al voto, lo que ocasionaría serios cuestionamientos al proceso electoral que se avecina”.
Aseguran que el llamado de la Junta Central Electoral es confuso porque enmarca la ley 169-14 dentro del conjunto de medidas destinadas a regularizar la población migrante, lo que desconoce el derecho a la nacionalidad de las y los afectados, promueve la idea de la existencia de un grupo poblacional que es “dominicano por error”, crea animadversión hacia las personas descendientes de migrantes.
Lamentan que en 2015 un dominicano negro/a, residente en zona bateyera o en comunidades de gran presencia afrodescendiente, con rasgos físicos o apellido que pueda ser asumido como extranjeros deba agotar procedimientos distintos al del resto de los dominicanos para obtener su documentación.
Exigen al gobierno evitar que este nuevo llamado de la JCE se convierta en otro fiasco y proteger a sus ciudadanos/as de la negligencia de funcionarios públicos: "Es momento de asumir un compromiso nacional que ponga fin al bochornoso capitulo de discriminación institucional hacia dominicanos y dominicanas por el origen nacional de sus padres, color de piel, ubicación geográfica, apellidos, rasgos físicos y situación de documentación, instaurado por la JCE desde el 2007. La Junta Central Electoral debe acatar de una vez y por todas la ley que devuelve el acceso a sus documentos de identidad a los dominicanos/as descendientes de migrantes inscritos en el registro civil".
También Cristiana Luis Francisca del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, Elena Lora del Movimiento Reconoci.do, Maribel Nuñez de Acción Afro-Dominciana, la activista de la diáspora dominicana en New York Miriam Mejía, así como también Roudy Joseph de la Red de Encuentro Dominico-Haitiana Jaques Viau formaron parte del equipo de voceros de la plataforma.
Dominicanos por Derecho es un colectivo que reúne a unas 15 organizaciones que luchan por la resititución plena de los derechos de las personas desnacionalizadas por la sentencia 168-13 y afectadas con la negación del acceso a sus documentos de identidad.