Washington D.C., 29 de julio de 2015.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) queremos recordar las obligaciones internacionales que la República Dominicana tiene para garantizar el derecho a la nacionalidad de todos los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana sin discriminación alguna, así como los derechos de aquellas personas migrantes que carecen de documentación o estatus legal y los de sus familias.
En particular, queremos expresar nuestra preocupación ante las dificultades recurrentes de Republica Dominicana para prevenir y erradicar la apatridia de acuerdo a lo ordenado hace una década por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de las Niñas Yean y Bosico. A ella se suma la preocupación por la falta de garantía de los derechos de los migrantes frente a acciones y omisiones de funcionarios del Estado dominicano tal como fuera dispuesto por la Corte IDH en dos casos posteriores.
Ahora bien, la situación actual en la República Dominicana requiere analizar la implementación de dos marcos normativos interrelacionados que abordan temas de nacionalidad y regularización migratoria.
En primer lugar, la Ley 169-14 intentó ofrecer una respuesta a la desnacionalización retroactiva de miles de personas de ascendencia haitiana, en virtud de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Dicha legislación permitió que algunas de las personas afectadas solicitaran su documentación hasta febrero del año en curso. El 26 de junio de 2015, la Junta Central Electoral publicó un listado en que identificó a 55 mil personas que antes contaban con documentos dominicanos y a las cuales el gobierno se comprometió a reconocerlas como nacionales. Sin embargo, aún está pendiente la entrega de esta documentación que deberá llevarse a cabo sin arbitrariedades, trabas administrativas o discriminación alguna, para que estas personas puedan ejercer los numerosos derechos vinculados a la nacionalidad. De acuerdo con la información disponible, hasta la fecha sólo se han impreso 376 documentos del listado. Adicionalmente, es importante asegurar que todo nacional que no haya sido identificado en este listado, pero que pertenezca a esta misma categoría, goce de la garantía de su derecho a la nacionalidad.
A diferencia del grupo anterior, aquellas personas que nacieron en el país pero que nunca contaron con documentos dominicanos se vieron obligadas a declararse extranjeras para acceder a un proceso de naturalización en contradicción con lo ordenado por la Corte IDH en el 2014. Debido al plazo limitado y a los complejos requisitos del proceso, sólo 8.755 dominicanos se inscribieron en este registro. Sin embargo, según cifras oficiales y no oficiales dadas a conocer en diversos organismos internacionales, esta categoría podría comprender entre 45 y 150 mil personas.
En segundo lugar, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) está dirigido a personas en situación migratoria irregular. El mismo estableció un plazo para el registro que venció el 17 de junio de 2015. Es de notar que el plan estableció requisitos de inscripción ambiguos y desproporcionados para la población meta en términos económicos y burocráticos, entre ellos la notarización de documentos y certificaciones con costos exorbitantes. Como resultado de este proceso, más de 288 mil personas se inscribieron. Hasta la fecha, según información dada a conocer por el Ministerio de Interior y Policía, sólo se han entregado 7.956 documentos a extranjeros, es decir se ha regularizado al 2,7% de registrados. Es clave que las autoridades aseguren que la regularización también se efectúe sin discriminación ni demoras, por las consecuencias que esta situación tiene sobre el goce de los derechos fundamentales.
Por lo demás, en los últimos meses más de 36 mil personas han optado por abandonar el país para trasladarse a Haití. El tono del debate de las autoridades dominicanas, las condiciones precarias de recepción de los altos números de personas y la falta de procesos para garantizar los derechos de esas personas generan dudas sobre la voluntariedad de los desplazamientos. Es necesario asegurar que los desplazamientos hacia Haití no sean motivados por temor o discriminación y sobre todo que no afecten a aquellas personas con derecho a residir en República Dominicana.
El análisis de la situación actual revela que uno de los principales obstáculos radica en la ausencia de cifras que permitan dimensionar la cantidad de personas dominicanas y extranjeras en situación de vulnerabilidad por la falta de documentación. Adicionalmente, una de las fallas en la implementación de los dos marcos analizados ha sido la falta de una adecuada difusión y educación para que las personas beneficiarias tengan acceso efectivo a sus derechos. De acuerdo a la información recibida, numerosas personas quedaron fuera, ya sea por desconocimiento, por la brevedad de los plazos o por las complejidades que estos procesos implican. Así mismo, identificamos como un problema fundamental el sometimiento de un nacional a un proceso de naturalización, por breve que esto sea.
Hacemos un llamado a las autoridades dominicanas para que garanticen el derecho a la nacionalidad de aquellos dominicanos que han sido arbitrariamente privados de ella, se respeten los derechos humanos en su política migratoria, y se publique información desagregada, actualizada y precisa de las personas afectadas por ambos procesos. También instamos al gobierno haitiano a entregar la documentación de aquellas personas que requieran antecedentes de ese país para regularizar su situación. Finalmente, instamos al gobierno dominicano de acatar las sentencias emitidas por la Corte IDH mediante un reconocimiento pleno de los retos institucionales, culturales y económicos que dificultan el acceso a documentos de identidad a todas las personas que hayan nacido en el país.
Fuente Cejil