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Derechos humanos | José Luis Soto

Esta mañana agentes de la 3º Brigada del Ejército Nacional y de la Dirección General de Migración de Comendador (Elías Piña) han repatriado a un grupo de niños nacidos en República Dominicana, de ascendencia haitiana, y que con su acto de notoriedad de siete testigos dominicanos firmado ante un notario público se dirigían a la oficina del Plan Nacional de Regularización en San Juan de la Maguana para depositar los documentos en el centro de inscripción habilitado por el ministerio de interior y policía.

 Las dos guaguas donde viajaban, acompañados de un grupo de religiosas, fueron puestas a disposición militar por el inspector Felipe Solís Alcántara y llevadas ante el puesto de migración de Comendador donde el Dr. Paulino Lorenzo Lorenzo, jefe de la oficina, realizó un auto de expulsión de todas las personas vulnerando los principios contemplados en la ley 169-14.

Más allá de las consideraciones jurídicas que siguen, no puede dejar de señalarse desde un principio que lo que está en juego es la efectiva vigencia de los derechos humanos y el respeto a nuestro más sagrado patrimonio:la protección jurídica de las personas, dignas de amparo y titulares de derechos inalienables. Sin embargo, la política irracional de nuestras autoridades migratorias encabezadas por el Lic. José Ricardo Taveras están chocando una y otra vez con las medidas impulsadas por el presidente Danilo Medina y están haciendo olvidar que el trato al otro constituye la prueba definitiva de los valores que sostienen a una civilización y del sistema normativo en que cristaliza. 

En concreto, el trato a los 20 niños y niñas, de edades entre los 7 y los 13 años,hijos de padres extranjeros y todos  ellos nacidos en República Dominicana está siendo en el día de hoy el validador natural de la estatura moral y de la talla jurídica de nuestros gobernantes. Desde el punto de vista ético, las lecturas restrictivas de los derechos, las interpretaciones que no caminan en dirección a su progresiva ampliación y universalización y, por supuesto, las que vulneran las normas que al respecto nos hemos dado, ley 169-14, nos alejan de la civilización y nos aproximan a la barbarie.

Los derechos humanos en cuanto tales constituyen una piedra angular en el lento progreso moral de la humanidad. Por ello reclaman de la ciudadanía y de nuestros gobernantes una mirada crítica frente a reelecturas minimalistas de su contenido sustancial, una toma de postura frente a actuaciones como la de hoy que se sitúan al margen de la legalidad, sobre todo cuando provienen de los poderes públicos y dejan en situación de extremada vulnerabilidad a seres humanos con nombres y apellidos que arrastran tras de sí terribles historias de sufrimiento, pobreza, marginalidad y de injusticia.

Ante esta situación grupos de dominicanos y dominicanas defensores de derechos humanos, el padre Miguel de la parroquia Santa Teresa de Comendador, las religiosas Yomarys Tolentino e Isabel Pomares de las jesuitinas y otras organizaciones están ahora mismo mediando en la problemática para buscar una solución que respete la dignidad de estos niños y niñas y de sus padres. 

Aporte del trabajador social Pedro Cano/colaborador de Espacio Insular