Representantes de veintidós organizaciones sociales en la República Dominicana ofrecieron una rueda de prensa desde la sede del Centro Montalvo la mañana del viernes, 28 de marzo, en la que dieron lectura a una declaración conjunta de cara a la marcha racista contra la comunidad de Hoyo de Friusa, en el Distrito Municipal turístico Verón-Punta Cana, en el Este del país. La convocatoria a una marcha armada por parte de organizaciones e influencers de ultraderecha, trujillistas y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, autorizada por el gobierno nacional y que según se desprende de las declaraciones oficiales será cortejada por una amplia escolta policial, es rechazada por las organizaciones, quienes responsabilizan al gobierno nacional de cualquier hecho de violencia en contra de la laboriosa comunidad inmigrante, cuya fuerza de trabajo ha levantado en las últimas décadas la infraestructura de este importante polo turístico, ahora amenazado por la violencia de carácter neofascista.
En su declaración conjunta, las organizaciones alertan que en las comunidades de Uvero Alto, Bávaro, Cap Cana, Verón y Punta Cana, en las que residen numerosas personas inmigrantes haitianas que trabajan en los sectores de la construcción y los servicios, se sufre de un “hostigamiento, acoso y extorsión de manera sistemática por agentes migratorios, policiales y militares”. Ante el discurso gubernamental que presenta a las y los trabajadores inmigrantes haitianos como “una carga económica para la República Dominicana y una amenaza para la seguridad y la soberanía”, las organizaciones adherentes afirman que esto no es cierto y que basta con observar la infraestructura hotelera construida por trabajadores haitianos para constatar el gran aporte económico que realiza la comunidad inmigrante, tal y como también lo realiza en las labores de la agricultura y otros sectores de la economía nacional. Llaman al presidente Abinader a “detener los discursos estigmatizadores y que incitan al odio racial contra los trabajadores y las comunidades inmigrantes haitianas”.
Como parte de este contexto de violencia antihaitiana, denunciaron el reciente asesinato del trabajador Pierre Presnor en Uvero Alto por parte del empleado Héctor Ramírez Pérez, el 23 de marzo, y exigieron la liberación de seis obreros haitianos arbitrariamente detenidos luego de haber sido víctimas del ataque armado de Ramírez Pérez en el que fue asesinado Presnor. Responsabilizaron al Ministerio de Trabajo por permitir el desarrollo de una situación de violación de los derechos humanos y laborales, incluyendo el robo de salarios de los trabajadores inmigrantes, que ha tenido consecuencias fatales. De igual forma exigieron la indemnización a la familia de Pierre Presnor y que se enjuicie y condene ejemplarmente a Ramírez Pérez y su cómplice, el maestro constructor Guillermo Filpo Sotos, actualmente prófugo.
Consideran una grave provocación por parte de la autodenominada Antigua Orden Dominicana, y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), conducir una marcha a una comunidad en la que residen numerosos trabajadores inmigrantes haitianos del sector de la construcción. Subrayan que se trata de una marcha ilegal, dado que sus convocantes, entre ellos el influencer Esmerlin Santiago Matías, alias Alofoke, están llamando a asistir con armas de fuego a la marcha. Recuerdan asimismo que la Antigua Orden Dominicana tiene como antecedente haber realizado numerosas agresiones violentas a defensores de derechos humanos y que está documentado que realiza actividades de carácter paramilitar y terrorista como secuestrar a personas haitianas y que algunos de sus integrantes han sido cooptados a las filas de la Policía Nacional. Por estas razones, llaman al gobierno “a no continuar alentando las actividades ilegales de esa organización”.
“Entendemos que la marcha del 30 de marzo puede devenir en una tragedia de enormes dimensiones que usted tiene el deber de impedir o a cargar con la responsabilidad de sus consecuencias en el territorio nacional y su repercusión internacional”, concluyen.
La carta está firmada por un abanico de organizaciones con una larga trayectoria y amplia representatividad: el Colectivo #HaitianosRD, el Movimiento Reconocido, el Movimiento Socialista Trabajadoras y Trabajadores (MST), el Movimiento Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), el Foro Feminista Magaly Pineda (FFMP), el Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM), el Movimiento Socio-Cultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOSCTHA), el Movimiento Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó, el Colectivo Migración y Derechos Humanos, la Coordinadora Popular Nacional (CPN), la Articulación Nacional Campesina (ANC), Aquelarre RD, la Liga Haitiana Internacional (LIHAITI), las Asociaciones Solidarias de Obreros Migrantes Línea Noroeste (ASOMILIN), la Union Democrática de Mujeres (UDEMU), el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, Diversidad Dominicana, Católicas por el Derecho a Decidir, la Alianza Cristiana Dominicana y el Grupo de Jóvenes del Batey Los Jovillos.