Actuar con sentido de urgencia para prevenir y poner fin a los feminicidios Boletín de la CEPAL
A. A 30 años de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) es necesario actuar con sentido de urgencia para implementar los avances normativos sobre violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas en la región La violencia de género contra las mujeres y las niñas y su expresión más extrema, el femicidio, feminicidio o las muertes violentas de mujeres por razón de género1 , muestran de manera dramática la persistencia de los nudos estructurales de la desigualdad de género que afectan a las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe.
Este Boletín Nº3 sobre violencia feminicida presenta las cifras oficiales informadas por los países de la región al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, acerca de los casos de femicidios, feminicidios o muertes violentas de mujeres por razón de género ocurridos durante 2023. Este Boletín se inscribe en la Campaña Únete para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres antes de 2030 que impulsa el Secretario General de las Naciones Unidas con el propósito de prevenir y eliminar la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.
La Campaña hace un llamado a los Gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, las personas jóvenes, el sector privado, los medios de comunicación y todo el sistema de las Naciones Unidas a sumar fuerzas para afrontar la pandemia mundial de violencia contra las mujeres y las niñas. La edición de este Boletín coincide con la conmemoración de dos hitos centrales en el establecimiento de compromisos de los Estados para garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y en particular su derecho a una vida libre de violencia: la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, acordada hace 30 años durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), el primer tratadode derechos humanos, aprobado hace 30 años, que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, además de identificar la violencia por razón de género contra las mujeres como una violación de los derechos humanos.
La articulación de los estándares y los compromisos establecidos en estos instrumentos se refleja también en la Agenda Regional de Género que, desde 1977, consolida los acuerdos asumidos por los Gobiernos en las distintas ediciones de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (véase el diagrama 1). Otro instrumento fundamental para la región es el Consenso de Montevideo, aprobado en la Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que constituye una hoja de ruta robusta para avanzar en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género y el enfoque de derechos (CEPAL, 2013). Diagrama 1 Compromisos mundiales y regionales para alcanzar la igualdad de género y eliminar la violencia por razón de género contra las mujeres Compromisos en América Latina y el Caribe Compromisos mundiales 1975 Plan de Acción Mundial para la Consecución de los Objetivos del Año Internacional de la Mujer (Ciudad de México) 1977 2004 2007 2010 2013 2016 2020 2022
En los mencionados instrumentos se reconoce la relevancia de contar con información oportuna y de calidad para actuar de manera eficaz y pertinente, así como para construir políticas públicas que logren garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia en forma pertinente y eficaz. En este marco, 24 países de la región2 cuentan con la aplicación de, al menos, una encuesta que mide la prevalencia de la violencia por razón de género contra las mujeres, ya sea como una encuesta específica o como un módulo dentro de otra encuesta. No obstante, es necesario señalar que en muchos casos estas mediciones no tienen periodicidad en el tiempo ni forman parte del ciclo regular de encuestas nacionales. Por otra parte, varios países han creado sistemas administrativos de registros de denuncias de violencia de género contra mujeres y niñas y de su expresión extrema: el femicidio.
2 Según la base de datos mundial sobre prevalencia de la violencia contra las mujeres de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países que han aplicado algún instrumento para medir esta prevalencia son: Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
Cada año, los Gobiernos han ido informando progresivamente de manera más completa a la CEPAL los datos que, de acuerdo con la tipificación legal de cada país, registran sobre las víctimas de feminicidio, femicidio o muertes violentas de mujeres por razón de género, así como sus características, las del sujeto activo del delito y las del delito en sí. Pese a estos avances, persisten las limitaciones en la estandarización, periodicidad y calidad de la información, tanto en encuestas como en registros administrativos, que permitan obtener datos comparables en el tiempo y entre países y sean consistentes entre los distintos sectores de gobierno, para formular y mejorar una respuesta pública que se corresponda con la magnitud y persistencia de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas
B. La violencia feminicida persiste y cada año afecta a miles de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe De acuerdo con los datos más recientes producidos por organismos oficiales y proporcionados por los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en 2023, al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 27 países y territorios de la región: 3.877 en 18 países de América Latina y 20 en 9 países y territorios del Caribe. Esto representa al menos 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región. La información de 2023 constituye una prueba de la gravedad de la violencia feminicida en América Latina y el Caribe.
La persistencia de este delito, que es el más extremo de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres, resalta la urgente necesidad de fortalecer las políticas públicas y poner en marcha acciones concretas para prevenir y erradicar esta grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad. 1. La situación en América Latina En 2023, de los 18 países y territorios de América Latina que brindan información sobre feminicidio o femicidio, 11 registraron una tasa superior a 1 víctima por cada 100.000 mujeres. Entre los países con mayores tasas de feminicidio se encuentran Honduras (7,2 casos por cada 100.000 mujeres), la República Dominicana (2,4 casos por cada 100.000 mujeres) y el Brasil (1,4 casos por cada 100.000 mujeres).
Las menores tasas se presentan en Haití (0,2 casos por cada 100.000 mujeres) y Chile (0,4 casos por cada 100.000 mujeres) (véase el gráfico 1). Es importante aclarar que cada país registra a las víctimas de feminicidio, femicidio o muertes violentas de mujeres por razón de género de acuerdo con su tipificación legal y produce los datos en distintos momentos de los procesos de investigación policial o judicial, por lo que no es posible realizar una estricta comparación del indicador entre países. Al observar en el gráfico 2 las tasas de femicidio o feminicidio en 13 países y territorios de América Latina y el Caribe3 en 2015, 2020 y 2023, se observa que en cinco países (Perú, Argentina, Uruguay, Costa Rica y República Dominicana) las cifras han permanecido estables, con leves variaciones.
En cambio, en cinco países y territorios (Paraguay, Puerto Rico, México, Ecuador y Honduras) se registraron las mayores tasas de femicidio o feminicidio en 2023 en comparación con 2015, aunque en el caso de México esta tasa desciende a partir de 2020. El Paraguay es el que presenta una mayor diferencia, con un aumento de 0,7 puntos porcentuales del indicador en dicho período.
Por otra parte, en tres países (Guatemala, Panamá y Bolivia (Estado Plurinacional de)) se registra una disminución de la tasa de femicidio o feminicidio. Destaca Guatemala, donde la tasa pasó de 2,3 casos por cada 100.000 mujeres en 2015 a 1,1 casos por cada 100.000 mujeres en 2020 y, finalmente, a 0,5 casos por cada 100.000 mujeres en 2023 (véase el gráfico 2).
La mayoría de las muertes de mujeres por razón de género en la región ocurrieron en el ámbito de las relaciones de pareja vigentes o finalizadas. De los diez países y territorios de América Latina y el Caribe que brindan información sobre los vínculos existentes entre la víctima y el victimario en los casos de feminicidio o femicidio informados, ocho dan cuenta de que en más del 60% de los casos, el delito fue perpetrado por la pareja o expareja. En Puerto Rico, el 100% de los feminicidios informados fueron perpetrados por la pareja o expareja.
A su vez, en el Paraguay, Cuba, Chile y el Uruguay, entre el 73,9% y el 88,9% de los casos registraron esta misma vinculación entre víctimas y victimarios (véase el gráfico 3). Gráfico 3 América Latina y el Caribe (10 países y territorios): femicidio o feminicidio y muerte de mujeres ocasionada por su pareja o expareja, 2023 (En porcentajes y tasas por cada 100.000 mujeres)
Al considerar la información de 11 países y territorios4 de la región que informan sobre la edad, se observa que la mayoría de las víctimas de femicidio o feminicidio (56,4%, equivalente a 404 casos) tenían entre 30 y 59 años, mientras que el 20,3% (145 casos) correspondió a mujeres jóvenes de entre 15 y 29 años. Además, se debe destacar que 24 de los casos (3,4%) ocurrieron en niñas de 14 años y menos y que en 68 casos (9,5%) la víctima fue una mujer de 60 años y más (véase el gráfico 4). Es fundamental prestar especial atención a la violencia de género que afecta tanto a las niñas como a las mujeres mayores, ya que ambos constituyen grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad. La violencia ejercida contra estos grupos tiende a invisibilizarse, lo que agrava su situación de indefensión y dificulta la implementación de respuestas efectivas para su protección.
En 2023, la información sobre la nacionalidad de las mujeres víctimas de femicidio o feminicidio proporcionada por diez países de América Latina revela que la mayoría de las víctimas son nacionales y que el 5,5% de los casos se registran en mujeres extranjeras. Chile y Costa Rica informaron los mayores porcentajes de mujeres extranjeras víctimas de feminicidio o femicidio como proporción del total de casos, con un 26,2% y un 18,2% respectivamente.
Por otra parte, aunque se solicitó, los países no entregaron información desagregada respecto del origen étnico-racial de las víctimas de femicidio, feminicidio o muertes violentas de mujeres por razón de género, lo que da cuenta del desafío al que se enfrentan los sistemas de información para el registro de esta característica poblacional, por lo que podrían tener que integrarse con otros registros administrativos. La falta de desagregación de los datos es una dificultad adicional para la puesta en marcha de acciones preventivas y judiciales con una perspectiva interseccional.
Además de los datos sobre el número de feminicidios y las características de las mujeres víctimas, algunos países también proporcionaron información sobre las víctimas indirectas, entendidas como hijos, hijas y otras personas dependientes a cargo de mujeres víctimas de femicidio o feminicidio. En siete países de América Latina que informaron 579 casos de feminicidio (Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Paraguay, República Dominicana y Uruguay) se contabilizaron 488 víctimas indirectas de este delito (véase el cuadro 1).
En América Latina, la gravedad de las consecuencias que tienen los femicidios también entre las personas dependientes de las víctimas ha sido reconocida en ocho países, que tienen marcos legales y políticas públicas de reparación para que los hijos, hijas y otras personas a cargo de mujeres asesinadas reciban indemnizaciones económicas y servicios de atención integral a cargo del Estado (véase el cuadro 2).
Cuadro 2 América Latina (8 países): normativa sobre reparación a cargo del Estado a víctimas indirectas de feminicidios, femicidios o muertes violentas de mujeres por razón de género, último año disponible
2. La situación en el Caribe De acuerdo con la información proporcionada por nueve países y territorios del Caribe sobre muertes violentas de mujeres por razón de género, un total de 20 mujeres fueron víctimas de violencia de género con resultado de muerte en la subregión en 2023. Jamaica, Suriname, San Vicente y las Granadinas y Belice fueron los países que registraron casos ese año (13, 4, 2 y 1 casos, respectivamente) (véase el cuadro 3). Se debe considerar que los datos se presentan en números absolutos y no en tasas debido a que, en varios de los países que enviaron información, el número de casos es muy pequeño y la población de mujeres es inferior a 100.000, lo que dificulta el cálculo, al tiempo que el bajo valor de las tasas limita el análisis
La evolución del número de femicidios o feminicidios de ocho países y territorios del Caribe entre 2015 y 2023 muestra la persistencia de la violencia de género en la subregión. En Jamaica, el país con más casos informados, los feminicidios o femicidios aumentaron de 9 casos en 2015 a 13 casos en 2023. En Suriname, en tanto, los casos disminuyeron de 8 a 4 en el mismo período (véase el gráfico 5).
C. Los Estados han avanzado en la aprobación de normativas y políticas públicas para prevenir, registrar, contabilizar, sancionar y erradicar la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas, pero aún enfrentan desafíos vinculados al cumplimiento del deber de debida diligencia 1.
Avances normativos en América Latina y el Caribe A lo largo de los últimos 30 años, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y su Protocolo Facultativo, las Recomendaciones Generales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994) (véase el recuadro 1), la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible han sido instrumentos fundamentales para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas, expresados en legislaciones, normativas administrativas, planes nacionales y programas de carácter nacional y subnacional.
Estos instrumentos han aportado a la visibilidad y construcción de una respuesta eficaz a la pandemia en las sombras, como se conoce a la violencia de género contra las mujeres y las niñas, que constituye una grave violación a los derechos humanos y un problema social, de salud pública, de justicia social y de género, con graves impactos negativos en la autonomía de las mujeres, en el bienestar de las familias y comunidades, y en el desarrollo sostenible de los países.
Por otra parte, en los últimos 47 años, en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, principal foro intergubernamental regional en el ámbito de las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, los Estados han adoptado una Agenda Regional de Género profunda, progresista e integral, que aporta un marco para las políticas públicas de los países con el propósito de lograr la igualdad de género en la ley y en los hechos, la garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres.
La Agenda Regional de Género posee un carácter acumulativo y se refuerza, articula y complementa con las obligaciones asumidas por los Estados, en el ámbito regional, y con otros tratados, convenios y convenciones, en los ámbitos mundial y regional. Los compromisos de la Agenda Regional de Género son una contribución de América Latina y el Caribe a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a las deliberaciones a nivel mundial, especialmente en el marco de los períodos de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CEPAL, 2023c). Desde las primeras ediciones de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en los documentos de consensos y compromisos que conforman la Agenda Regional de Género se han incluido medidas para que los Estados garanticen a las mujeres y a las niñas en toda su diversidad una vida libre de violencia.
Es así, por ejemplo, como en el Consenso de Quito de 2007 se condenan las diversas formas de violencia contra las mujeres, especialmente el homicidio de mujeres, el femicidio y el feminicidio y se acuerda adoptar medidas que contribuyan a la eliminación de todas las formas de violencia y sus manifestaciones contra las mujeres.
En el Consenso de Santo Domingo (2013) se establecen recomendaciones para que las víctimas y sobrevivientes de violencia por razón de género tengan acceso inmediato a los servicios de atención integral, apoyo psicosocial y de salud mental, tratamiento de lesiones, refugio y atención después de una violación o agresión sexual (CEPAL, 2023c). Más recientemente, en el Compromiso de Buenos Aires, acordado en la última Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en esa ciudad en 2022, se reforzó la importancia de que los Estados actúen en forma integral y se señaló como uno de sus compromisos: “Impulsar la adopción e implementación de leyes, políticas, planes de acción integrales y multisectoriales, y programas educativos de sensibilización, para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación por razón de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas en toda su diversidad, en sus diferentes ámbitos y manifestaciones, incluidas las prácticas nocivas como la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y las uniones tempranas” (CEPAL, 2023a).
En lo que refiere al desarrollo normativo en la región, en 1994, solo nueve países contaban con normativa para enfrentar la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico: Bahamas (1991), Barbados (1992), Belice (1992), Costa Rica (1990), Jamaica (1989), Perú (1993), San Vicente y las Granadinas (1984), Trinidad y Tabago (1991) y Puerto Rico (1989). En tanto, solo dos países tenían normativa referida a la violencia sexual: Dominica (1991) y Trinidad y Tabago (1991). En la actualidad, todos los países y territorios de América Latina y el Caribe cuentan con leyes dirigidas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, algunas de ellas circunscritas a enfrentar la violencia en el ámbito doméstico, mientras 14 países han adoptado leyes integrales que permiten abordar manifestaciones de violencia en los distintos espacios en que se produce (véase el diagrama 2)5 .
Asimismo, en la región se han ido promulgando marcos normativos orientados a enfrentar manifestaciones específicas de la violencia por razón de género y así contar con mayores herramientas para avanzar en la eliminación de sus diferentes manifestaciones. Este es el caso de la tipificación del femicidio o feminicidio en 19 países y territorios6, la instigación al suicidio feminicida, la violencia obstétrica, la violencia política, el acoso en la calle y en espacios públicos, el matrimonio infantil y la violencia facilitada por la tecnología, entre otras
Las formas de legislar son diversas y mientras que en algunos casos se han realizado reformas al Código Penal que introducen los delitos de violencia por razón de género hacia las mujeres y sus sanciones, en otros se han incorporado articulados específicos en códigos laborales y leyes de educación, de tribunales de familia y de salud, entre otras. La normativa define las atribuciones y competencias de los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres de los ministerios, como los Ministerios de Educación, de Salud y de Justicia, las fuerzas de seguridad y los Ministerios Públicos (ONU-Mujeres/MESECVI, 2022).
El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe recoge en su repositorio normativo al menos 400 cuerpos legales que abarcan las dimensiones y manifestaciones en que se expresa la violencia por razón de género. Es necesario considerar también las resoluciones ministeriales específicas, los protocolos de actuación de diverso tipo, de carácter interinstitucional o sectorial, y aquellos definidos por acuerdos parlamentarios (ONU-Mujeres/MESECVI, 2022).
Los países han avanzado en el desarrollo de estrategias para implementar la legislación sobre violencia por razón de género contra las mujeres en distintos niveles de la administración pública y esto se expresa en una mayor institucionalización de los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres, en virtud de su papel rector en el seguimiento de la acción estatal vinculada a políticas contra la violencia de género, así como en la institucionalización de mecanismos intersectoriales articuladores de organismos públicos, que tienen como finalidad coordinar mejor las acciones para el abordaje de la violencia por razón de género contra mujeres, niñas y adolescentes.
Este es el caso del Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, de las mujeres, niños, niñas, y adolescentes, adoptado por Colombia en 2020, o de la Coordinadora Nacional del Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, establecida en Guatemala en referencia a un problema específico.
La Ley núm. 21.675 estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género, aprobada recientemente en Chile (2024), permitirá contar con un sistema de gestión integral de casos para que todos los organismos que trabajan en la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer dispongan de la misma información y puedan intervenir y articularse eficientemente, evitando además la revictimización. Varios países han actualizado sus políticas sectoriales: Chile actualizó la Política de salud para el abordaje de las violencias de género (2021), en el Ecuador se implementó el Protocolo de actuación frente a casos de violencia de género en el sistema deportivo (2023), y en el Perú se aprobó la “Directiva para la prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Programas, Proyectos Especiales y Organismos Públicos Adscritos” (2020).
2. Avances en los sistemas de medición del femicidio en los países de la región Desde hace más de 15 años, los países han ido fortaleciendo la medición de los femicidios, feminicidios o muertes violentas de mujeres por razón de género, en algunos casos con el apoyo de organismos internacionales que han creado instrumentos y guías de aplicación para contar con esa información clave para el desarrollo de políticas públicas (véase el diagrama 3). En 2008, en el marco del IX Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, se realizó una Reunión de expertos y expertas para el análisis de los indicadores del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, instancia en la que se acordó priorizar la medición regional del indicador “Muerte de mujeres perpetrada por su pareja o expareja íntima”, ante la falta de tipificación del femicidio en los países de América Latina y el Caribe. Esta medición regional empezó efectivamente el año siguiente, en 2009, con información de 18 países. En 2015, considerando la información disponible de muertes de mujeres a manos de su pareja o expareja íntima y la tipificación del femicidio o feminicidio en varios países de América Latina, se inicia la medición del indicador regional de feminicidio, sobre la base de información de 21 países. En 2019, un nuevo hito fortaleció la importancia de la medición de los feminicidios o femicidios en el proceso de seguimiento de la Agenda 2030 a nivel regional: se incluyó el indicador “tasa de femicidio o feminicidio” como indicador complementario en el Marco de indicadores priorizados para el seguimiento de los ODS en América Latina y el Caribe aprobado en la Novena Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, celebrada en Aguascalientes (México) en 2017. En la actualidad, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe solicita y recibe en forma anual la información sobre este indicador de aproximadamente 30 países de la región. Esto incluye tanto el informe del último año como la revisión y actualización del informe de los años anteriores. Dicho indicador no es comparable entre países ni en los países a lo largo del tiempo pues está asociado a la tipificación legal nacional que puede reformarse, como ocurrió en Chile, donde inicialmente solo se consideraban los feminicidios provocados por la pareja o expareja, y a partir de 2021 se incluyeron otras muertes violentas de mujeres como femicidios.
Más recientemente, y gracias al trabajo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género (CEEG), en la 53a Sesión de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas se aprobó el “Marco estadístico para medir el homicidio de mujeres y niñas por razones de género (también denominado “femicidio/feminicidio”)”. Este marco provee criterios, variables y categorías para garantizar datos precisos y comparables entre países y entre diferentes instituciones nacionales que integran el sistema de impartición de justicia, al tiempo que permite hacer una caracterización sobre víctimas, autores y la respuesta estatal, con lo que contribuye a mejorar y armonizar los instrumentos de recolección de datos tanto a nivel nacional como internacional (UNODC/ONU-Mujeres, 2022).
La Argentina (Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG)), el Brasil (Panainfo), México (Banavim) y el Perú (Plataforma SiseVe) han ido poniendo en marcha, a partir de sus registros administrativos, sistemas integrados de información que fortalecen la coordinación interinstitucional, mientras que Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Cuba, el Ecuador, Guatemala, Jamaica, Panamá y el Paraguay se encuentran trabajando en las articulaciones y el fortalecimiento de capacidades necesarios para implementar sistemas integrados o únicos de registros administrativos para casos de violencia por razón de género. A esto se suma la implementación de sistemas de información específicos para casos de feminicidio o femicidio, entre ellos, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA); el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y acceso a la justicia del Poder Judicial (OVGPJ) de Costa Rica; la Subcomisión Interinstitucional para la Prevención del Feminicidio de Costa Rica; el Circuito Intersectorial de Femicidios de Chile; el Sistema automático del trámite judicial ecuatoriano (SATJE), y la Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia del Ecuador.
Los registros de femicidio o feminicidio en los países de la región se encuentran a cargo de diferentes instituciones gubernamentales, y en su mayoría cuentan con el apoyo o la coordinación de los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres (MAM). En este marco, los mecanismos de coordinación intersectorial para la producción de información estadística sobre femicidio o feminicidio constituyen un foro apropiado para la definición de criterios para la actualización y mejora de la información, además de propiciar la coordinación y acciones que fortalecen sinergias y potencian su incidencia.
Estos mecanismos son especialmente valiosos en tanto constituyen una necesidad en la política pública, desafían las lógicas sectoriales de gestión y se convierten en herramientas que obligan al trabajo interinstitucional para aumentar la comprensión de los procesos de investigación criminológica e impartición de justicia, y también la coordinación con el sector de la salud, la educación o el trabajo con los medios de comunicación.
3. Persisten importantes limitaciones en el cumplimiento del deber de debida diligencia de los Estados en la prevención de la violencia por razón de género y, en particular, de los femicidios, feminicidios o muertes violentas de mujeres por razón de género Pese a los avances logrados por los países de la región en la promulgación de normativas y el diseño de políticas públicas, existe una gran brecha entre la gravedad y la persistencia del problema y la calidad de la respuesta pública ofrecida. Una expresión de esta brecha se encuentra en diversas encuestas de prevalencia de violencia por razón de género, realizadas en distintos países en los últimos años, que dan cuenta de los bajos porcentajes de víctimas de este tipo de vulneraciones de derechos que acuden a instancias públicas, así como de quienes interponen denuncias para acceder a la justicia (véase el cuadro 4).
Algunas de las encuestas realizadas por los países entre 2019 y 2024 sobre prevalencia de violencia por razón de género contra las mujeres incluyen preguntas respecto de si solicitaron ayuda frente a una situación vivida, a quién acudieron y si interpusieron una denuncia ante las instancias correspondientes. Las respuestas son alarmantes con relación al bajo porcentaje de denuncia y la búsqueda de ayuda frente a estas situaciones en instancias públicas, especialmente creadas para enfrentar las situaciones de violencia por razón de género.
Es relevante considerar este contexto general de falta de acceso por parte de las víctimas y sobrevivientes a los servicios y respuestas públicas para atender los casos de violencia por razón de género. La falta de adopción de medidas adecuadas para el esclarecimiento de los hechos de violencia envía el mensaje de que esta vulneración de los derechos humanos de las mujeres no es suficientemente relevante para ser considerada en su real gravedad y magnitud, lo que favorece la reproducción de la violencia por razón de género.
En la medida en que los femicidios son la forma más extrema de la progresión de un continuo de violencia (CEPAL, 2021), su prevención está sumamente relacionada con la capacidad de actuar con eficacia frente a situaciones que entrañan un alto riesgo para la integridad de las víctimas y sobrevivientes. Los países han ido poniendo en práctica diversas medidas de evaluación de riesgo y de respuestas ante situaciones de amenazas graves (CEPAL, 2023b).
Particularmente, con el propósito de mejorar la oferta pública para evitar la muerte de mujeres y niñas por razón de género, es relevante conocer, con datos de fuentes oficiales, la existencia de denuncias previas de violencia o medidas cautelares en los casos de feminicidios o femicidios investigados, para poder evaluar la eficacia de los servicios e instituciones que reciben y procesan esas denuncias, así como ponderar las posibilidades de actuar a tiempo en situaciones de alto riesgo y poder evitar el asesinato de mujeres y niñas.
Como señala la Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación general núm. 19 de la CEDAW, el análisis de la medición de femicidio debe permitir “la identificación de errores en la protección y servir para mejorar y seguir desarrollando medidas de prevención, que, en caso de ser necesario, deberían incluir la creación o la designación de observatorios para la recopilación de datos administrativos sobre los asesinatos de mujeres por razón de género, también conocidos como ‘femicidio’ o ‘feminicidio’, y los intentos de asesinato de mujeres” (Naciones Unidas, 2017). En 2023, únicamente cuatro países (Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay) informaron sobre los casos de femicidio que contaban con antecedentes previos al momento de su ocurrencia, ya fuera denuncias por situaciones de violencia por razón de género o medidas cautelares contra el perpetrador (véase el cuadro 5). La preexistencia de denuncias de violencia de género muestra la importancia de reforzar las medidas de protección y valoración del riesgo feminicida.
Por otra parte, seis países de América Latina (Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay) informaron a la CEPAL sobre el número de femicidios frustrados o tentativas de feminicidios que ocurrieron durante 2023 (véase el gráfico 6). Según estos datos, se registraron 760 feminicidios frustrados o tentativas de feminicidios, y se destaca Colombia, que informa 440 tentativas de feminicidio o femicidio, frente a 117 femicidios consumados. Esta información es relevante en tanto los femicidios frustrados o tentativas de femicidios tienen por objeto el asesinato de mujeres por razón de género, pero, por distintos motivos, este homicidio no se logra consumar. Por ello, su registro y medición permiten dimensionar con mayor precisión la magnitud de esta vulneración de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, al tiempo que el análisis de las razones por las que no se pudieron concretar facilitaría la evaluación de los factores que pueden llegar a ser protectores en situaciones de alto riesgo vital.
D. Redoblar los esfuerzos para erradicar la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas y avanzar hacia la sociedad del cuidado
Durante la última Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Buenos Aires en noviembre de 2022, los Estados acordaron impulsar la sociedad del cuidado, que plantea soluciones ambiciosas y con sentido de urgencia para alcanzar la igualdad de género y la autonomía de las mujeres y lograr un futuro más productivo, inclusivo y sostenible en la región (CEPAL, 2022a). Para caminar en esta dirección, se necesita actuar sobre los nudos estructurales que reproducen la desigualdad de género (CEPAL, 2017). La sociedad del cuidado exige transformar las relaciones de poder que están en la base de los cuatro nudos estructurales de la desigualdad: desigualdad socioeconómica y persistencia de la pobreza en un marco de crecimiento excluyente; rígida división sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado; concentración del poder y relaciones de jerarquía en el ámbito público, y patrones culturales, patriarcales y violentos y predominio de la cultura del privilegio. Se trata de garantizar la autonomía de las mujeres (CEPAL, 2022a), que solo podrá lograrse si se garantiza el derecho a una vida libre de violencia. Todo ello debe considerar el impacto del contexto de múltiples crisis que vive la región.
Las consecuencias de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) se superponen a una serie de crisis en cascada, con una tendencia de bajo crecimiento económico que afecta los ingresos de las personas y su calidad de vida, lo que se suma a la crisis ambiental, la crisis persistente de los cuidados y la desigualdad estructural que impacta de manera desproporcionada en las mujeres (CEPAL/ONU-Mujeres, 2024) y limita su autonomía.
Estas situaciones, junto con el desplazamiento que muchas veces provocan, incrementan la violencia contra mujeres y niñas y hacen que sea necesario desarrollar estrategias específicas, sobre todo en lo que se refiere a los casos de violencia extrema como el femicidio, feminicidio u homicidio por razón de género, la trata y las desapariciones forzadas de mujeres y niñas (Programa Regional de la Iniciativa Spotlight para América Latina, 2021). Para avanzar en esa dirección es preciso que los países redoblen los esfuerzos para cumplir con su deber de debida diligencia en materia de prevención de la violencia por razón de género y actúen con una perspectiva integral sobre las causas y consecuencias vinculadas a la persistencia de la violencia por razón de género.
Es necesario diseñar respuestas institucionales —incluso políticas públicas y programas con enfoque interseccional— efectivas, pertinentes y con presupuestos adecuados y sostenibles. Entre las medidas a reforzar, se deben robustecer los sistemas de información de prevalencia e incidencia de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas, tanto respecto de su calidad como de la oportunidad de contar con datos desagregados por variables relevantes para mejorar las políticas públicas.
La información oportuna y de calidad en los casos de violencia de género puede salvar vidas. Ello supone gestionar de manera articulada la información producida en todo el recorrido que hacen las mujeres y las niñas desde que entran al sistema de atención hasta el final del proceso, así como desarrollar una perspectiva analítica que vincule los sistemas de información de prevalencia de la violencia de género con la cobertura y calidad de atención a las víctimas y sobrevivientes para evaluar si las mujeres y las niñas en su diversidad están accediendo a derechos y a la justicia o si las respuestas del sistema público son insuficientes, y reconocer los impactos diferenciados de la violencia por razón de género en distintas poblaciones.
Es relevante la incorporación del enfoque interseccional en estrategias nacionales y programáticas. Más allá de estrategias específicas, los Estados comienzan a revisar sus políticas desde un enfoque que analiza las intersecciones de la desigualdad, es decir, que analiza la violencia junto con las desigualdades que vive una víctima de violencia en el mercado laboral, por las características de sus ingresos propios o las dificultades para acceder a servicios básicos de calidad, y la capacidad de su entorno a la hora de ofrecer protección frente al riesgo de violencia. La violencia por razón de género se interseca y agudiza con otras dimensiones, como el racismo, la violencia y discriminación por motivos de raza, origen étnico, orientación sexual e identidad de género, la situación de discapacidad, la condición migratoria y la edad.
Del mismo modo, es importante vincular y armonizar las políticas públicas que abordan la violencia por razón de género contra las mujeres con aquellas destinadas a atender la violencia contra las niñas y los niños, debido a la vinculación entre ambas situaciones de vulneración de los derechos humanos.
La acción transformadora para garantizar a las mujeres y las niñas una vida libre de violencia es urgente. Como se plantea en la Declaración sobre estrategias aceleradoras para la implementación de la Convención de Belém do Pará (MESECVI/OEA, 2024), elaborada durante la última Conferencia de Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), los Estados deben “implementar estrategias aceleradoras para la efectiva aplicación de la Convención de Belém do Pará en los niveles regional, nacional y comunitario a través de la adopción de medidas legislativas, administrativas y judiciales, asociadas a los indicadores tales como la actualización y fortalecimiento de las leyes existentes para garantizar la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, el empoderamiento institucional y el adecuado financiamiento de los Mecanismos Nacionales para el Adelanto de las Mujeres y de los programas e instituciones que combaten la violencia contra las mujeres, que contribuyan con el goce de los derechos de las mujeres y las niñas”.
A 30 años de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, la integridad y la vida de las mujeres y las niñas ya no pueden esperar. La Agenda Regional de Género marca un camino para construir nuevas estrategias que logren la transformación efectiva de las causas estructurales que están en la base de la violencia por razón de género. La CEPAL insta a los Gobiernos de la región a redoblar los esfuerzos para mejorar los sistemas de registro e información, a aumentar los recursos presupuestarios para diseñar políticas públicas que respondan de manera integral a las víctimas y sobrevivientes, y a invertir en la prevención efectiva de la violencia de género. Es preciso fortalecer la valoración del riesgo y las medidas de protección efectivas para las víctimas, así como su acceso a los servicios médicos, psicosociales y de asistencia jurídica, entre otros, y a oportunidades educativas, económicas y laborales.
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