Puerto Príncipe, 30 de abril de 2025 : Durante el primer trimestre de 2025, la situación de los derechos humanos en Haití siguió siendo extremadamente preocupante, marcada por crímenes masivos, secuestros y violencia sexual.

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025, al menos 1.617 personas murieron y 580 resultaron heridas en actos de violencia entre bandas, grupos de autodefensa o miembros de la población, así como en operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, durante el mismo período, se registraron al menos 161 secuestros extorsivos, el 63% de los cuales ocurrieron en el departamento de Artibonite.

El primer trimestre estuvo marcado por la intensificación de las actividades de los grupos delictivos para expandir su influencia territorial en el área metropolitana de Puerto Príncipe y sus alrededores. Los municipios de Delmas y Kenscoff fueron especialmente atacados, con el objetivo de desestabilizar Pétion-Ville. Además, estas mismas bandas llevaron a cabo ataques a gran escala contra las comunas de Mirebalais y Saut d'Eau, en el departamento de Centro, para tomar el control de las carreteras que conducen a la República Dominicana, pero también para permitir la fuga de más de 515 reclusos de la cárcel de Mirebalais.

Durante el primer trimestre, las acciones de los grupos de autodefensa, así como las de miembros no organizados de la población, perpetradas en el marco del movimiento comúnmente conocido como "Bwa Kalé", siguieron siendo una fuente importante de abusos contra los derechos humanos, que se saldaron con la muerte de al menos 189 personas acusadas de pertenecer a pandillas o cometer delitos comunes.

El informe expresa preocupación por el elevado número de personas muertas durante las operaciones de las fuerzas de seguridad. En estas operaciones, al menos 802 personas murieron, de las cuales alrededor del 20% eran miembros de la población alcanzada por balas perdidas mientras estaban en las calles o en sus casas. Además, hubo 65 casos de ejecuciones sumarias presuntamente cometidas por elementos de la policía y el comisionado del gobierno de Miragoâne.

El informe también destaca las graves consecuencias de las actividades de las pandillas en las mujeres y los niños. Durante este trimestre, se identificó a más de 333 sobrevivientes de violencia sexual, el 96% de las cuales fueron víctimas de violación, a menudo violación en grupo, perpetrada por miembros de pandillas. Además, al menos 35 niños han perdido la vida y otros diez han resultado heridos en ataques de pandillas, operaciones policiales o actos de justicia popular. Muchos otros niños han sido víctimas de la trata y se han visto obligados a unirse a las pandillas.

Frente a estos abusos y violaciones de los derechos humanos, y a pesar de la continua disfunción del sistema judicial, las autoridades han puesto en marcha varias iniciativas para combatir la impunidad, con el apoyo de las Naciones Unidas. El Consejo Presidencial de Transición y el Gobierno han aprobado un decreto por el que se crean unidades judiciales especializadas para hacer frente a los delitos masivos, la violencia sexual y los delitos financieros. Más de 114 casos de violación también han sido examinados por jueces de instrucción en todo el país. Lo cierto es que los avances en casos emblemáticos siguen siendo lentos, en particular los relacionados con el tráfico de armas, el asesinato del Presidente de la República y las diversas masacres documentadas desde 2018.