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El pueblo dominicano recibió al nuevo Gobierno con las expectativas que el Presidente lo inauguró. Transcurrido el primer año, se verifican más buenas intenciones que realizaciones.

Desde la mirada de la sociedad vestida de verde que exige e impulsa el fin de la impunidad, exponemos nuestra valoración del primer año del actual Gobierno:

Si bien se ha presentado un Ministerio Público independiente, que ha comenzado a construir expedientes con méritos ante los tribunales, también es pertinente recordar que a la fecha no se han producido nuevos sometimientos de ningún dirigente de comités políticos de gobiernos anteriores; incluso aquellas que han sido  denunciadas por desviar dineros del Estado.

Nos preocupa la lentitud y estancamiento en la aplicación de las medidas y propuestas anunciadas por el Presidente en el pasado diciembre, dirigidas a la recuperación de lo robado, con un clima político matizado, por el intento de mareos que hace el Congreso para no avanzar en la Ley de extinción de dominios.

Asimismo, es alarmante como el Congreso de mayoría oficialista, ha aprobado al vapor unos 13 mil millones de dólares en préstamos que incrementan hasta un 71 % el compromiso del PIB anual.  Ayer nos dijo el Presidente que esos recursos recibidos son para “salvar vidas”, pero en verdad, hay muchas dudas de cómo se convertirán en mejor calidad de vida para la población.

En su discurso de ayer, el Presidente repite el mismo anuncio de que someterá un conjunto de reformas, ¿Cuál será el freno que tiene? ¿Qué lo detiene? ¿Por qué no avanza?, la sociedad dominicana lleva años reclamando en las calles que se institucionalice la independencia de la Justicia, de la Junta Electoral y de la Cámara de Cuentas, no necesitamos un teatro caro con anuncios repetidos, avancemos, ya basta de mareos.

Otros aspectos relevantes del primer año del Gobierno del PRM:

·         Resulta contradictorio que las demandas de las comunidades siguen desatendidas y se verifiquen pocas soluciones locales. La campaña hace tiempo que pasó, pero el Gobierno continúa produciendo reuniones para ofrecimientos y pocas acciones.

·         Es preocupante el silencio que guarda el liderazgo en control del Congreso Nacional cuando se exige la modificación y/o eliminación del sistema de seguridad social, que ha demostrado ser un fracaso durante la pandemia porque no garantiza la salud, ni pensiones dignas, y más bien, es otra gigantesca estafa al pueblo.

·         También son preocupantes los visos de nueva impunidad en casos de sobrevaluaciones como Punta Catalina y La Nueva Victoria; existe un inquietante silencio, mientras vemos a implicados que incluso ocupan cargos y forman parte de comisiones gubernamentales.

·         Llama a desconfianza la contradicción gubernamental a causa de la demanda judicial interpuesta por el Ministerio de Educación contra la Dirección de Contrataciones Públicas, si se supone que esa Dirección trabaja para frenar procesos irregulares, violatorios de la Ley.

·         Resulta irritante que las nuevas autoridades han mantenido los mismos privilegios de siempre: sueldos lujosos, barrilitos, cofrecitos, exoneraciones, entre otras prebendas A LEGISLADORES QUE NIEGAN DERECHOS CIUDADANOS sin importar la crisis, ni la pandemia, ni los llamados de austeridad que ellos mismos hacen por los medios.

·         Es agobiante el persistente aumento de precios en los combustibles durante 43 de las 52 semanas del año de este Gobierno, sin que se haya modificado nada del esquema engañoso montado en el pasado, que incluye la aplicación de abusivas resoluciones y grandes subsidios, mientras se afecta en directo el bolsillo de toda la población consumidora.

·         Estamos alerta porque en áreas de alta sensibilidad como el agua potable y el transporte público, el Gobierno está promoviendo pactos y alianzas público–privadas que excluyen a sectores sociales organizados. En ese mismo sentido, excluyeron al sector social en la firma de un pacto eléctrico que facilitará la venta de Punta Catalina y la recomposición tarifaria del mercado de energías, con mayor penalización del pueblo.

·         Es insólito que el Gobierno permita actividades del sector minero que provocan fuertes daños al ambiente, incluso se mantiene la pretensión de construir una presa de colas sobre las aguas del río Ozama, aunque se conoce que implica una severa amenaza de contaminación del agua potable suplida a una importante población del Gran Santo Domingo.

Marcha Verde sigue vigilante conformando la red ciudadana de seguimiento a los casos de corrupción, hasta lograr la condición de cero impunidad, sin poner a nuestra lucha ningún límite personal, grupal o partidario; pues lo que está en juego es la salud moral, ética y jurídica de toda la nación.

Saludamos que la población se mantenga firme en la defensa de sus derechos desde sus hogares, desde las calles, desde cualquier lugar, en lucha contra la corrupción y la impunidad.