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Opinión | Por Diana Ramos Gutiérrez/Periodista e investigadora social

El estudiante de periodismo Miguel Bru fue torturado por la policía hasta la muerte en la comisaría 9° de la ciudad bonaerense de La Plata, hace 20 años. Miles recuerdan su muerte y se siguen preguntando ¿Donde está Miguel?

Conocí a Miguel 20 años después de su muerte. Cuando desapareció, en plena democracia, tenía 23 años. Mi misma edad al llegar a La Plata para estudiar en la facultad que hoy lleva su nombre.

Miguel Bru había ido a denunciar en la Comisaría Novena de La Plata un allanamiento ilegal que se hizo un día antes en su casa en 1 y 115. A partir de ese momento comenzó a ser amenazado y hostigado para que retirara la denuncia. Fue secuestrado el 17 de agosto de 1993. Las declaraciones de varios detenidos y las pericias en el libro de guardia, permitieron comprobar que fue ingresado en esa seccional, donde fue visto por última vez mientras era torturado.

Un mes y un día antes, celebraba su cumpleaños. Sus familiares y amigos no sabían que sería la última celebración que tendrían juntos. Tampoco Miguel su destino, tan poco tiempo después. Como Miguel, son 3.093 los datos confirmados de personas asesinadas por el estado desde diciembre de 1983 a noviembre de 2010.

El cuerpo de Bru sigue sin aparecer. En 1999 los policías Walter Abrigo y Justo López fueron condenados a prisión perpetua como autores materiales del crimen. En el mismo juicio recibieron una pena de tres años el comisario Juan Domingo Ojeda y el suboficial Ramón Cerecetto. Otros tres oficiales fueron imputados por el crimen el mismo año, pero la causa fue archivada en 2004 sin producir sanciones.

 

(Fotos por Diana Ramos Gutiérrez)

No es un dato menor que en agosto de 1993 el gobernador bonaerense era Eduardo Duhalde, quien afirmaba que su gobierno poseía ‘la mejor policía del mundo’, con Pedro Klodczyk a la cabeza, una fuerza policial brutal que torturaba y asesinaba jóvenes.

Pero el 17 de Agosto de 1993, marca un antes y un después, en la historia del gatillo fácil en la Argentina. La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, comenzando con los familiares y compañeros de Miguel, gestó una lucha constante en búsqueda de verdad y justicia. Desde lo cotidiano, en los trabajos estudiantiles y docentes de la facultad, un tema con el que se trabaja permanentemente desde la currícula de las cátedras y de los proyectos de investigación es el gatillo fácil y la violencia institucional. Así mismo, a través de diversas, charlas, actos y marchas, se ha mantenido viva y latente la memoria: la memoria implica verdad, y a la verdad no debiera implicarle otra cosa que no sea la justicia.

En el año 2005 la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP (sede de 44 entre 8 y 9), fue bautizada como “Miguel Bru, Memoria y Justicia”, al cumplirse 12 años de la desaparición de Miguel.

La incesante lucha de su madre, Rosa Bru, la hizo más que merecedora de recibir en 2006 el título Honoris Causa de la institución. La militancia que se promulgó solidaria con el caso de Miguel y su búsqueda incesante, se organiza hoy en la Asociación Miguel Bru. Desde el 2002 se han encargado de brindar un activo acompañamiento y asesoramiento legal a distintas víctimas de la violencia policial en la ciudad.

Los policías Justo José López y Walter Abrigo, acusados de tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y falta a los deberes de funcionario publico recibieron en 2003 de la Suprema Corte Bonaerense firme condena. El entonces comisario de la Comisaría 9°, Juan Domingo Ojeda, recuperó su libertad con sólo ocho meses de prisión, al igual que el oficial Ramón Cerecetto, quien fue acusado de borrar el nombre de Miguel del registro de entradas de la Comisaría. Además, se logró destituir, mediante un jury de enjuiciamiento, al Juez de la causa Amilcar Vara al comprobársele irregularidades en 26 causas distintas en las cuales estaba involucrado personal policial. Walter Abrigo murió el 21 de octubre de 2003 en la Unidad Penal N°24 de Florencio Varela de un paro cardiaco, llevándose a la tumba el misterio.

Durante el juicio declararon 160 testigos. Entre ellos, los que aquella noche habían estado detenidos y que salieron para contarlo. Relataron lo que había sucedido ese día en los calabozos de la Comisaría 9°. Uno de ellos, Martínez, se rió en la audiencia cuando le preguntaron si eran comunes las torturas en la novena. “La sala de radio; le decíamos así porque ponían la radio fuerte para tapar los gritos” recordó al señalar donde habían llevado a Miguel.

La esperanzas de recuperar a su hijo siguen intactas. Rosa Bru repitió a los medios, a dos décadas de la desaparición de Miguel, “nunca pensé que pasaría 20 años de mi vida buscando a mi hijo”.

En una entrevista que realizara el periódico independiente Mu a Rosa y otras dos madres de víctimas de violencia institucional, recordó esta desgarradora historia.

-Yo pensaba que solidaridad era darle pan si le faltaba a mi vecina, ayudarla en la casa si estaba enferma, darle una tacita de azúcar. Ahora siento que la solidaridad es otra cosa. (…)

-Yo me acuerdo -dice Rosa- que Miguel iba a las marchas de la resistencia, y a las marchas por Maxi Albanese, un chico de 17 años también asesinado por la policía. Yo nunca dije: voy a acompañar a esos padres. Una vez le dije a Miguel: ¿para qué vas a esas marchas? Ya está. Lo que pasó, pasó. No van a volver.

Rosa empieza a llorar:

-Y él no me contestó. Se quedó mirándome, como diciendo ‘pobre, qué ignorante’. Siempre me acuerdo de esa mirada. Yo empecé a luchar por lo de Miguel. Hoy me nace espontáneo acompañar, pelear, pero ese tipo de solidaridad no lo tenía.

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Instituciona (CORREPI) en Argentina, una organización sin fines de lucro, presenta una vez al año, desde 1996, acompañando su tarea militante diaria, el Archivo de Casos de Personas Asesinadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado incluyendo todas las modalidades represivas que utilizan los gobiernos. A los fines estadísticos, las clasifican en: gatillo fácil (fusilamientos); muertes en cárceles y comisarías (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas; muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos; otras circunstancias (desapariciones, etc.)

El estado argentino asesina 20 personas por mes, cada 28 horas. Un 51% de las muertes son por gatillo fácil. Un 34% muere en la cárcel, la comisaría o bajo custodia. Es evidente la supremacía de estas modalidades de represión preventiva.

Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman 56 desde 1995. El 32% de los casos corresponde a personas de 21 años o menos. El 47% de los casos, se reportan en la Provincia de Buenos Aires, donde las políticas de mano dura parecen predominar.

La pertenencia a la clase trabajadora es la regla casi absoluta, al punto que los pocos casos registrados de víctimas de clase media o alta afectan a quienes estaban en el lugar, con la ropa o el aspecto “equivocados”, el análisis del componente etario permite ratificar que los jóvenes son el blanco favorito de esa política preventiva. Los jóvenes son el sector con mayor potencialidad de rebeldía, y, por ende, quienes primero y más profundamente deben ser disciplinados. Más de la mitad del total (53%) corresponde a la franja de varones pobres de menos de 25 años.

Diversas ONGs apuestan a la posibilidad de la “democratización” del aparato represivo del estado, comenzaron campañas y se organizaron para trabajar por el cese de la violencia institucional.

El pasado año se presentó la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, de la que participan figuras como Estela de Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo y el periodista Víctor Hugo Morales, en espíritu de “organizarnos para transformar la realidad que nos duele, y no para denunciarla ni describirla” pretende desarrollar una campaña “ tendrá tres ejes de acción: la justicia, el trabajo con los promotores territoriales y los medios de comunicación”.

“Apostamos por una política integral que permita ir reformulando el rol de las Fuerzas de seguridad en el contexto democrático, con un profundo control civil, atendiendo a un mejor profesionalismo, campos de actuación delimitados y teniendo en cuenta estándares nacionales e internacionales de protección de derechos. Destacamos la participación comunitaria como un factor fundamental en la discusión y creación de las políticas de seguridad en todos los niveles de gobierno. Estamos frente a un momento bisagra, donde además de pensar lo urgente, hay que pensar con responsabilidad, a largo plazo, el país que dejamos a las generaciones que vienen. Ese es nuestro desafío” comenta entre sus misiones.

Lo cierto es que nunca sabremos cómo fue el fin de las vidas de estos miles de chicos. Lo que pudieron ser, o lo que no. Cada año en esta fecha, se recuerda la desaparición de Miguel en La Plata con una vigilia, jornadas, foros, documentales y conciertos. Se congregan miles, con velas, en luto, con incertidumbre y sed de justicia. Solidarizando y resistiendo, recordando, con dolor y ánimo de continuar la lucha por Miguel y tantos más, a la vez. Rosa no está sola, hoy somos muchos, los que exigimos que se diga de una vez, dónde fue la parar el cuerpo del hijo, del amigo, del compañero. Veinte años y muchos más, nos seguiremos preguntando ¿Dónde está Miguel?

 (Fotos por Diana Ramos Gutiérrez)