Si la presencia africana es el hilo conductor de la sociedad caribeña, la creolización es su nexo. Norman Girvan El pancaribeñismo –esa terca y elusiva idea que hemos heredado de Hatuey, Betances, Hostos, Eric Williams y del hacer/decir de muchas otras personas– fue objeto de reflexión en un seminario sobre derechos a la comunicación celebrado en Santa Lucia a mediados de septiembre de 2012.

 Convocados por la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC por sus siglas en inglés), alrededor de 24 personas de Santa Lucia, Haití, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Antigua y Surinam dialogamos por tres días sobre experiencias y aspiraciones relacionadas con las luchas de los/as marginados/as en el Caribe. En el 2004, un grupo similar de comunicadores/as de base en el Caribe nos habíamos reunido en Trinidad para considerar cómo la región podría contribuir a los esfuerzos de sectores progresistas a través del mundo por incluir a los derechos a la comunicación en el Foro Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS por sus siglas en inglés).

El WSIS tomó lugar en dos reuniones internacionales, en 2003 y 2005, y fue organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la agencia de la ONU que se especializa en asuntos relacionados a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esta agencia, controlada por los gobiernos más poderosos del planeta y las multinacionales que se lucran del control del desarrollo, producción y venta de las tecnologías de información y comunicación, organizó el WSIS con el propósito de “desarrollar y promover una declaración clara de voluntad política y tomar medidas concretas para establecer los fundamentos de la Sociedad de la Información para todos, tomando en cuenta los diversos intereses involucrados” (mi traducción del inglés, Cumbre mundial sobre la sociedad de la información).

Diversos sectores de la sociedad civil mundial se organizaron para participar en el WSIS en un intento de impedir una mayor concentración de poder sobre las infraestructura e ideología de la emergente sociedad global de la información. Como parte de ese esfuerzo, varios sectores de la sociedad civil mundial impulsaron definiciones del concepto de derechos a la comunicación para agilizar los reclamos por una mayor democratización de los procesos en que se definirían las características de la sociedad global de la información.  Para entender las sutilezas de las definiciones propuestas, hay que devolverse a la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento aprobado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el 1948, y que en su artículo 19 reza: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar  y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Para los/as proponentes del concepto de derechos a la comunicación (en plural), el artículo 19 tiene que ser complementado con una visión más amplia, la cual establece que la comunicación es  fundamento de todo otro derecho humano. A modo de ejemplo, WACC afirma que “El afirmar y hacer uso de los derechos a la comunicación es parte integral del proceso de crear sociedades que respondan en forma plena a las necesidades humanas.

En todas las sociedades las personas necesitan tener derechos a la comunicación para mejorar sus vidas en lo económico, político, social y cultural.”  Communication Rights in the Information Society (CRIS), otra organización de la sociedad civil global, usa un enfoque diferente en su intento de precisar qué son los derechos a la comunicación. Establece que existen cuatro pilares en los derechos a la comunicación: comunicación y la esfera pública; comunicación y conocimiento; derechos civiles y comunicación; y derechos culturales y comunicación.  En el primer pilar, se atiende el papel de la comunicación y los medios en la participación política democrática de una sociedad. En el segundo, se atienden las condiciones y medios a través de los cuales se facilita u obstaculiza la comunicación del conocimiento generado por la sociedad.

En el tercero, se atiende el papel de la comunicación en el ejercicio de derechos civiles. Y en el cuarto, se atiende la comunicación de la diversidad cultural,  las formas e identidades culturales de individuos y colectividades. A modo de conclusión, en esta definición de derechos a la comunicación de CRIS, se termina afirmando:  “Los cuatro pilares  de los derechos a la comunicación establecen claramente por qué el derecho a la comunicación es importante para que la gente pueda tener libertad, paz, justicia y dignidad en sus vidas”.

No obstante estos intentos de la sociedad civil global por lograr un consenso sobre el concepto de derechos a la comunicación, en los foros y seminarios del Caribe se ha hecho evidente que el término todavía no goza de suficiente resonancia en nuestras luchas por la democratización de la  comunicación. Inclusive, en el foro de 2004 celebrado en Trinidad & Tobago, los asistentes concluyeron que ese término debería ser sustituido por el de agenda social para la democratización de la comunicación. En la reunión de Santa Lucia del pasado septiembre, se volvió a reflexionar en torno a cómo modificar el concepto de modo que sea más concreto y que refleje los múltiples y diversos esfuerzos en el Caribe por democratizar la comunicación.  Una de las propuestas más provocativas fue la de integrar las concepciones que Manuel Castells ha elaborado en su último libro, Comunicación y poder, al concepto de derechos a la comunicación.  En este texto, Castells usa el concepto de poder como punto de partida.

Después de afirmar que el poder es el proceso fundamental de cualquiera sociedad, define el término como la capacidad relacional y asimétrica que permite a un actor social influenciar las decisiones de otros actores sociales. Este actor social ejerce esta capacidad para favorecer sus propios intereses, valores y voluntad.  Esta capacidad relacional y asimétrica se establece y mantiene a través de la comunicación, particularmente a través de la construcción de significados. Así, qué palabras (y otros signos) usamos y cómo las definimos son decisiones enmarcadas en relaciones de poder.

En este sentido, el poder se entrelaza con nuestros lenguajes. Utilizando estas ideas de Castells, se argumentó que para formular una definición contundente de derechos a la comunicación se necesita integrar el concepto de poder y su relación con la comunicación, particularmente con la construcción de significados.

To change your language you must change your life. (Derek Walcott en Codicil) Una vez establecida la centralidad de los lenguajes en las luchas de los marginados en el Caribe, los/as participantes en la reunión de Santa Lucia retornamos al antiguo tema de cuál lenguaje deberíamos usar en nuestros esfuerzos de fortalecer vínculos entre los países de la región. Un colega de Haití abogó por el Creole. Argumentó que es el único idioma existente que surgió en el Caribe; que se habla en las diferentes regiones lingüísticas de la región, con variaciones que no impiden la comprensión; y que es la lengua materna de un cuarto de la población del Caribe.

Debido a que el seminario  enfocó en cómo maximizar el uso de las redes digitales, el colega de Haití concluyó con una propuesta para que los portales caribeños y caribeñistas fortalezcan sus vínculos y presencia en internet utilizando el Creole como lenguaje principal. La propuesta es tentadora y al mismo tiempo disuasoria. En su poema A far cry from Africa,  Derek Walcott, poeta santa luciano ganador del premio Nobel de literatura en el 1992, ya nos había articulado las incertidumbres lingüísticas del Caribe: I who have cursed the drunken officer of British rule, how choose between this Africa and the English tongue I love? Betray them both, or give back what they give?