Hace unos días vi en un chat de WhatsApp el anuncio de una empresa que buscaba un licenciado en contabilidad con experiencia mínima de dos años y varios requisitos más. Después de leerlos todos vi la oferta de salario: de 30 a 35 mil pesos mensuales. Poco para todo lo que pedían.

Antes había leído un artículo periodístico sobre los bajos salarios en la República Dominicana. En el sector formal de la economía, solo el 11% de los trabajadores gana más de 50,000 pesos mensuales, la mayoría de esos en el sector público, y alrededor del 48% gana menos de 15,000 pesos (Lilian Tejeda, Listín Diario, 6 de junio 2021). A esa precaria estructura salarial hay que agregar el estimado de que alrededor del 55% de los trabajadores dominicanos se encuentra en la informalidad.

Estos datos evidencian la pobreza de oportunidades económicas para la mayoría en la República Dominicana.

Los efectos de una precaria estructura salarial son diversos, entre ellos, baja capacidad de consumo, escasa movilidad social, deseo de emigrar y dependencia del Estado para obtener mejores empleos y beneficios. Son todas expresiones de un capitalismo subdesarrollado fundamentado en la sobreexplotación de la mano de obra.

El aumento de la clase media en tiempos de crecimiento económico y los flujos migratorios de dominicanos han servido para moderar los constreñimientos que resultan de una economía de bajos salarios. Muchos hogares dominicanos complementan su precario ingreso con subsidios que envían los familiares del exterior.

La República Dominicana se caracteriza también por las vastas desigualdades. Para ilustrar, en el 2019, el 20% más rico de los dominicanos (pertenecientes a lo que se llama el quintil V) captó el 49% del ingreso total del país, mientras el 40% más pobre (quintiles I y II) solo captó el 16% del ingreso (Panorama Social de América Latina, CEPAL, 2020, p.70).

La riqueza que produce un país se distribuye fundamentalmente de dos maneras: a través del salario y beneficios conexos que paga el empleador, y a través de la inversión social del Gobierno.

Ya vimos que la estructura salarial es precaria en la República Dominicana: la inmensa mayoría de los empleados en el sector formal gana menos de 50,000 pesos mensuales, y más de la mitad de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad.

La inversión social del Gobierno dominicano, siempre precaria, aumentó en la última década, sobre todo por el 4% del PIB que se destina a la educación desde 2013, pero se ha mantenido por debajo de los países de la región. En el 2019, los países con mayor inversión social del Gobierno central en la región, como porcentaje del PIB, fueron Uruguay (17.7%), Brasil (17.6%) y Chile (17.1%), y con menor Guatemala (7.9%), Honduras (7.8%) y República Dominicana (7.7%) (Panorama Social de América Latina. CEPAL, 2020, p.162).

Desde antes de la pandemia, iba en aumento la opinión de la ciudadanía en muchos países latinoamericanos de que la distribución del ingreso es injusta. Ahora, con las precariedades que ha profundizado la pandemia, ha de esperarse mayor descontento.

La República Dominicana vivió un largo período de crecimiento económico con escasa redistribución de la riqueza por los bajos salarios y la baja inversión social que prevalecieron. Ahora la pandemia impone nuevos retos para solventar déficits acumulados en medio de mayores precariedades económicas.

En pocos meses el Gobierno tendrá que definir con hechos su política económica y sabremos mejor hacia dónde irán los niveles de pobreza y las desigualdades.

RD vivió un largo período de crecimiento económico con escasa redistribución de la riqueza