Hace un par de semanas, los jesuitas que realizan su labor en Haití hicieron público un documento titulado «Grito de alarma», en el que se pronunciaban valientemente ante la gravísima situación por la cual está pasando el pueblo haitiano.
Nos fue de mucha satisfacción ver cómo sus palabras retumbaron a través de las redes sociales en muchos corazones de buena voluntad del lado dominicano: «No es posible que veamos pasiva o cínicamente cómo se marchita todo un pueblo», nos advertían nuestros hermanos desde el país vecino.
Ahora es el momento de retomar, del lado dominicano, los grandes principios del derecho internacional y de la mejor experiencia diplomática, resistiendo a la tentación de soluciones precipitadas y violentas, pero sobre todo injustas, en búsqueda de chivos expiatorios para ganar legitimidad política.
Las medidas que se deben de tomar en estos momentos del lado dominicano han de evitar que paguen justos por pecadores. En ese sentido, muchos actores dominicanos pidieron al gobierno dominicano revocar la decisión que había tomado de suspender el visado al estudiantado universitario.
El Presidente de la República apareció al día siguiente ofreciendo las aclaraciones de lugar; sin embargo, la misma lógica política y mediática que sustentaba aquel desatino ha continuado en los días subsiguientes, primero creando un lenguaje guerrerista hacia Haití y luego persiguiendo de manera inmisericorde a mujeres embarazadas.
Nueva vez se comprende mal el sentido político y jurídico de la soberanía. La soberanía no otorga un cheque en blanco para hacer cualquier cosa en un territorio nacional. La soberanía es la instancia suprema a la que se somete todo el ordenamiento estatal, que en el caso de los Estados contemporáneos formalmente laicos, es el orden constitucional.
La clase política no parece hacer caso a Dios, ni se conduce con una ética humanista; solo parece hacer caso a la presión mediática y a la coacción del ordenamiento jurídico. Debe quedar claro que violar el propio ordenamiento legal constituye un atentado a la soberanía. Pues bien, forma parte del orden constitucional el respeto irrestricto de los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por las autoridades competentes.
La reciente medida mediática de deportar mujeres haitianas embarazadas, apoyada sobre estadísticas inconsistentes del Ministro de Salud, y de torpezas discursivas del Director de Migración y del Ministro de lo Interior, viola el propio ordenamiento constitucional, además de levantar cuestionamientos sobre la capacidad profesional e intelectual de importantes funcionarios de este gobierno.
La Constitución estatuye que es atribución del Congreso Nacional establecer las normas de migración y el régimen de extranjería (Art. 93, letra h). En sus atribuciones, el congreso dominicano ha establecido consecuentemente en la Ley de migración que “En los casos que proceda la deportación o expulsión de extranjeros, se realizarán con el debido respeto a los derechos humanos, conforme lo disponen las leyes vigentes y los acuerdos ratificados por la República Dominicana”. E inmediatamente aclara en el numeral 1 del artículo 28 que «1. Todo centro de salud que al momento de ofrecer su asistencia de parto a una mujer extranjera que no cuente con la documentación que la acredite como residente legal, expedirá una Constancia de Nacimiento de color rosado diferente a la Constancia de Nacimiento Oficial, con todas las referencias personales de la madre». Por su parte, el artículo 134 del reglamento de la ley de migración establece claramente con respecto a la detención lo siguiente: «PÁRRAFO.- La detención será el último recurso, de modo que la autoridad migratoria sólo la utilizará en caso que se estimen insuficientes los demás recursos descritos de este Reglamento.
La detención nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo». Nunca quiere decir: jamás, bajo ninguna circunstancia.