El presidente Luis Abinader mencionó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU la candidatura del Estado dominicano al Consejo de Derechos Humanos.

Lamentablemente el gobierno dominicano decidió no participar en la sesión de compromisos de los Estados organizada por el Servicio Internacional para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, demostrando que no tiene un verdadero compromiso de discutir de forma pública y transparente su propuestas en materia de derechos humanos.

Hubiera sido importante que el gobierno explicara qué medidas tomará para impedir que continúen las numerosas detenciones arbitrarias de personas dominicanas de ascendencia haitiana en los operativos migratorios que se han desplegado como parte de la campaña de deportaciones masivas desde el año 2021. También habría sido importante que el gobierno dominicano explicara cómo concilia su aspiración de formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con su actitud desafiante contra la vigencia y universalidad de los derechos humanos y la labor de instancias como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresada en el desconocimiento de las sentencias y recomendaciones de estas instancias para poner fin a la discriminación racial sistemática en contra de personas dominicanas de ascendencia haitiana e inmigrantes haitanos, así como la reivindicación que hace el presidente Abinader de políticas violatorias de derechos humanos sobre la base de una supuesta defensa de la soberanía nacional, especialmente en materia migratoria y de apatridia.

Recordemos que este comportamiento del gobierno dominicano se repite una y otra vez. Del 30 de mayo al 2 de junio de este año se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas  el segundo período de sesiones del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes. Se trata de una plataforma para dar seguimiento a las asambleas de la ONU realizadas para proteger los derechos de las personas afrodescendientes a nivel mundial. Diferentes países y organizaciones a nivel internacional presentaron sus informes denunciando las realidades que viven las personas afrodescendientes en el mundo.

A pesar de que fue un espacio de establecimiento de compromisos, y que los Estados presentes hablaron de revisar sus políticas violentas y opresivas en contra de las personas negras y afrodescendientes, eliminando el racismo sistémico, solo cinco países reconocieron las recomendaciones del Foro.

Uno de los momentos más lamentables del Foro ocurrió cuando la representante diplomática dominicana Luz Andújar utilizó un derecho de palabra para realizar un discurso negacionista en el que no aceptó la existencia de discriminación racial en la República Dominicana, justificando la deportación de infantes no acompañados de familiares, alegando que se realizaban bajo la acción conjunta de la DGM y el CONANI, y presentando las deportaciones masivas e indiscriminadas bajo el falso argumento de una supuesta “defensa de la soberanía”. Nada dijo de la política de desnacionalización de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana mediante la sentencia 168-13. Tan grave fue lo que dijo como lo que calló.

Sin un reconocimiento desde el Estado dominicano sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas dominicanas negras, de las personas dominicanas de ascendencia haitiana y de las personas haitianas, sin que se reconozca la necesidad de tomar medidas para garantizar la vigencia de un Estado de derecho que proteja a las personas negras de abusos como las detenciones arbitrarias, los allanamientos sin orden judicial, los malos tratos, torturas y hasta asesinatos, ¿cómo pueden adoptarse pasos hacia una justicia reparadora, tema principal de los debates del foro? ¿Con qué moral se presenta el gobierno dominicano como candidato al Consejo de Derechos Humanos?

¿Cómo se implementará una justicia reparadora si ante las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil de las situaciones que viven las personas afectadas por políticas discriminatorias, racistas y opresivas que mantiene, el Estado dominicano presenta a sus víctimas como una amenaza a la soberanía del país?

¿Cómo puede haber justicia reparadora y cómo puede superarse el racismo estructural que se sostiene desde las instituciones del Estado si el gobierno intenta mantener a la población de espaldas de la realidad? Ante cualquier denuncia sobre violaciones de los derechos humanos y fundamentales de las personas afrodescendientes, dominicanos de ascendencia haitiana e inmigrantes haitianos, el gobierno descalifica a quien denuncia, niega los hechos, recurre a teorías conspirativas, como lo hizo la diplomática Luz Andújar por instrucciones de la Cancillería en pleno foro. O peor aún, como lo hizo el propio presidente Abinader en la Universidad de Columbia recientemente, al argumentar que en República Dominicana no había racismo porque es un país mestizo, una afirmación muy violenta que pretende desconocer toda nuestra historia.

Al cumplirse diez años de la sentencia inconstitucional y racista 168-13, seguimos exigiendo que se reconozca el derecho a la nacionalidad de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que nacimos en territorio dominicano y fuimos despojadas de manera retroactiva en 2013. Desde hace diez años se nos niega el ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos. Esa injusticia no debe continuar.

Hasta que el gobierno dominicano no reconozca esta realidad como tal, no se tomarán pasos para terminar con las constantes violaciones a nuestros derechos y la discriminación estructural en contra de las personas negras, principalmente mujeres haitianas y dominicanas de ascendencia haitianas que nos enfrentamos todos los días a la violencia obstétrica, la alta tasa de mortalidad infantil, la negación del derecho a dotar de un nombre y una nacionalidad a nuestros hijos e hijas, perpetuando así nuestra muerte civil de generación en generación, la negación de nuestro acceso a trabajos formales, seguros médicos y seguridad social, e incluso la imposición de las responsabilidades del cuidado de los padres y madres que el Estado dominicano trajo hace décadas para el corte de la caña de azúcar, a quienes luego el Estado robó sus aportes al sistema de seguridad social y les niega sus pensiones.

No solo se nos niega nuestro derecho a la nacionalidad. El racismo mata. Eso lo deben saber cada uno de los gobiernos del mundo al momento de votar por los nuevos integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.