La discriminación era generalizada e incluía el uso de perfilamiento racial. Seguía sin disminuir el hostigamiento contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.
Hubo denuncias de uso excesivo de la fuerza en redadas contra personas migrantes y solicitantes de asilo. Se vulneraban gravemente los derechos de las mujeres y de las niñas mediante la violencia de género y la discriminación, entre otras prácticas.
Información general
En mayo, Luis Abinader fue reelegido presidente.
Discriminación
La discriminación seguía siendo generalizada y estructural, especialmente en relación con la población dominicana de ascendencia haitiana y la haitiana solicitante de asilo en busca de protección, lo que afectaba a su derecho de acceso a la atención médica y a la educación. El uso de perfilamiento racial era habitual en las operaciones relacionadas con la inmigración.
El presidente no se comprometió a promover o desarrollar legislación integral contra la discriminación, y no se introdujeron reformas para reforzar las investigaciones sobre la tortura y otros malos tratos, pese a que los datos mostraban que los grupos discriminados estaban más expuestos a sufrir estas prácticas.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Se amenazaba y hostigaba a los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente a quienes trabajaban en cuestiones de racismo, género y derechos de las personas LGBTI. Hubo activistas y profesionales del derecho que denunciaron haber recibido amenazas de muerte y sufrido hostigamiento en las redes sociales.
Los grupos contrarios a los derechos humanos hostigaban y amenazaban con impunidad a las personas y las organizaciones defensoras de esos derechos, sin que las autoridades actuaran para protegerlas.
Privación arbitraria de la nacionalidad
Once años después de la sentencia del Tribunal Constitucional que privaba de forma retroactiva de su nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, el gobierno seguía sin haber adoptado medidas suficientes para mitigar y reparar las violaciones de derechos humanos provocadas, pese a que había una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto.1
En septiembre, integrantes del Movimiento Reconocido protestaron contra el racismo y las barreras institucionales que enfrentaban miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana y exigieron que se les restituyera la nacionalidad.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas de las redadas migratorias denunciaron que la violencia y el uso excesivo de la fuerza eran prácticas corrientes durante ese tipo de operaciones. Se tuvo noticia de allanamientos sin orden judicial, algunos de ellos durante la noche, efectuados por agentes no uniformados que emplearon violencia y robaron pertenencias.2
Las personas que necesitaban protección internacional encontraban barreras para pedir asilo. El gobierno no informaba a quienes llegaban por primera vez al país sobre el procedimiento para solicitarlo y obstaculizaba la solicitud de visados y permisos de residencia. La renovación de los permisos de residencia se reanudó en abril.
En octubre, el presidente anunció un plan para deportar a hasta 10.000 personas haitianas a la semana, lo que podía dar lugar a violaciones de derecho internacional.3 Según la Organización Internacional para las Migraciones, República Dominicana expulsó a 193.508 personas haitianas durante el año, pese a la crisis y la violencia que asolaban su país de procedencia.
Discriminación y violencia sexuales y de género
El aborto continuó prohibido. En julio, no prosperó la aprobación de un nuevo Código Penal que habría mantenido la prohibición total del aborto y comprometido aún más la autonomía reproductiva de las mujeres y los derechos de las personas LGBTI.
El femicidio y los crímenes de odio seguían sin ser reconocidos como delitos específicos. Según las cifras oficiales, hasta septiembre fueron asesinadas 94 mujeres.
Los medios de comunicación informaron del uso de violencia sexual y de género durante las operaciones relacionadas con la inmigración. En abril, los medios de comunicación denunciaron la presunta agresión sexual a una niña haitiana de 14 años por parte de un militar durante una redada relacionada con la inmigración. Continuó la deportación de personas embarazadas, especialmente haitianas solicitantes de asilo y dominicanas de ascendencia haitiana. La estigmatización y el temor a la detención o la deportación las disuadían de solicitar atención médica, lo que ponía en grave peligro su derecho a la vida y a la salud. Fuente https://www.amnesty.org/es/location/americas/central-america-and-the-caribbean/dominican-republic/report-dominican-republic/