Con el impacto del huracán Fiona golpeando a las comunidades excluidas del Este del país, las y los dominicanos de ascendencia haitiana estamos aquí llamando a la solidaridad de toda la República Dominicana para abocarnos a la solución de un problema impostergable: nuestra inclusión efectiva en el desarrollo de nuestro propio país.

Este 23 de septiembre se conmemora el 9no. aniversario de la Sentencia 168-13, la arbitraria decisión del Tribunal Constitucional que desnacionalizó a cuatro generaciones de dominicanos/as por ser hijos de trabajadores migrantes. Más de 90 mil dominicanos/as de origen haitiano  no cuentan con la documentación civil necesaria para el ejercicio pleno de su ciudadanía, que les permita participar activamente en la vida democrática e impulsar el progreso de sus comunidades.

El Estado ha incumplido el compromiso asumido con la Ley 169-14 de enfrentar los problemas ciudadanos causados por la TC 168-13, de conformidad con el mandato constitucional que exige la igualdad de derechos y oportunidades para todos los dominicanos y dominicanas. A pesar de las promesas de solución en el programa de gobierno del PRM, las actuales autoridades  han recrudecido el acoso y discriminación de nacionales por el origen migrante de sus padres, en detrimento de miles de familias y comunidades de por sí afectadas por la pobreza y la exclusión social.

En los últimos dos años se ha agravado la situación de dominicanos que viven en comunidades rurales y urbanas marginales, siendo la indocumentación un factor de exclusión y empobrecimiento.  El gobierno mantiene las puertas cerradas al liderazgo comunitario, implementa medidas discriminatorias como la segregación de actas nacimiento de dominicanos hijos de migrantes, el bloqueo de soluciones documentales planteadas en la Ley 169-14, las detenciones arbitrarias con más de 800 intentos de expulsión de nacionales en todo el país.

Cerca de 34 mil personas permanecen sin acceso a su documentación en la Junta Central Electoral que impone a dominicanos de ascendencia haitiana requisitos y procedimientos no solicitados al resto de la ciudadanía, anula sus registros originales y los transcribe a nuevos libros para demandarles en tribunales. La gestión de actas, renovación de cédulas, declaración de nacimiento, entre otros sencillos procedimientos, son una odisea para los 27 mil dominicanos/as con documentos restituidos.

Hace dos años el Ministerio de Interior y Policía cerró abruptamente la oficina a cargo de la implementación de la Ley 169-14, dejando nuevamente en el limbo a 8 mil 755 dominicanos/as que participaron en el proceso de Registro Especial para la Naturalización que ahora se encuentra con la documentación provisional otorgada vencida y sin ninguna respuesta sobre los mecanismos de acreditación de su nacionalidad.

En estas desafiantes circunstancias que vivimos urge enfrentar las desigualdades y cerrar el capítulo de la discriminación anclada en el Estado.  Hemos visto como los  desastres de origen natural tienen agravantes sociales,  el huracán Fiona golpeó con más intensidad en casas con techos y paredes de zinc, en comunidades con caminos de tierra en las que no hay servicios públicos adecuados, ni escuelas para protegerse cuando el río sube.

La indocumentación tiene un impacto negativo en toda la sociedad impide a dominicanos/as recibir la asistencia   que el gobierno ha implementado durante la pandemia del Covid-19 y ahora al declarar una emergencia en las zonas donde pasó el huracán, pero también evita que las personas puedan alcanzar su potencial y   mitigar la calamidad con esfuerzos propios. Sin una cédula vigente es imposible registrarse en la TSS, acceder a seguro médico, estudiar a nivel superior, casarse, ahorrar en instituciones financieras, recibir becas o beneficiarse de programas de apoyo al emprendimiento.

Las detenciones arbitrarias mantienen en zozobra a barrios y bateyes de todo el país. El gobierno criminaliza a ciudadanos por su color de piel, origen familiar y los problemas de documentación que el Estado ha creado, lo que vulnera el derecho al libre tránsito y limita las oportunidades de progreso. En lo que va de año se han reportado más de 800 intentos de expulsión de dominicanxs de su propio país.

La Plataforma Dominican@s por Derecho, activistas y organizaciones solidarias demanda el diseño de políticas públicas que promuevan inclusión de la población a la que durante tantos años le ha sido lesionado su derecho a la nacionalidad. Abogamos por una correcta implementación de la Ley 169-14 en beneficio de sus destinatarios y otros instrumentos que garanticen la documentación de identidad sin discriminación.