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Derechos humanos | Por Redacción Espacinsular

Una organización de derechos humanos reclamó al presidente Luis Abinader cesar las repatriaciones de inmigrantes haitianos residentes en la República Dominicana.

Acusaron al mandatario de ser directamente el responsable de las expulsiones y violación de los derechos de los y las migrantes 

 Comunicado de prensa 

 

Comunidad de Haitianos/as Organizados/as en República Dominicana

Colectivo #HaitianosRD

 

COMUNICADO

 

Exigimos respeto y garantía de los derechos humanos de la comunidad haitiana en República Dominicana

 

Santo Domingo, D.N., República Dominicana

16 de diciembre de 2022

 

En este año 2022, en el marco de la celebración del Día Internacional del Migrante, desde el colectivo #HaitianosRD, como de costumbre, resaltamos los aportes de nuestra comunidad a la economía y la sociedad dominicana, ya que a pesar de la propaganda sin fundamentos que somos una carga para el Estado, las cifras y los estudios científicos, como la ENI 2017, sitúan nuestros aportes a la actividad económica dominicana de un 7 a 9.5% del PIB.

 

También resaltar que la balanza comercial favorece a República Dominicana en una proporción 97 a 3. Fuimos testigos/as de las consecuencias del cierre de un punto fronterizo en Dajabón, para los productores agrícolas dominicanos. Los inmigrantes haitianos, al igual que gran parte de la sociedad dominicana, somos gente trabajadora y no se nos debe maltratar por buscar mejores condiciones de vida. La situación crítica de nuestro país Haití, no se resolverá con una nueva invasión, como lo pide el gobierno dominicano a la comunidad internacional. Tampoco estigmatizar a los haitianos que emigran, al igual que más de dos millones de dominicanos, buscando oportunidades y mejores condiciones de vida en Puerto Rico, España o EEUU.

 

Nos encontramos con violaciones sistemáticas de derechos humanos, en el marco de políticas que deshumanizan y humillan a una comunidad inmigrante que hace tan importantes aportes a todos los órdenes de la vida nacional. Creemos que hubo un retroceso en materia de derechos humanos. Varios organismos internacionales, como ACNUR y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, han reiterado la solicitud de una suspensión de las deportaciones de personas haitianas, a todos los gobiernos de la región incluida la República Dominicana. Lamentablemente, la reacción del gobierno fue recrudecer una política violatoria de los derechos humanos, como lo es la expulsión colectiva.

 

Peor aún, el decreto 668-22 da el marco para una persecución dirigida especialmente contra inmigrantes que vivan en tierras estatales o privadas, como es el caso de las comunidades bateyeras. Estas comunidades ya sufren los efectos de la superexplotación laboral y la ausencia de derechos. Luego de trabajar por décadas en la industria azucarera, y haber solicitado sus pensiones hace más de 10 años, más de 5,000 ex trabajadores cañeros tienen que movilizarse exigiendo una pensión que les corresponde por ley. Quienes trabajan actualmente en ese sector, en muchos casos no tienen ingresos fijos ni contratos sino que les pagan precios muy bajos por cada tonelada de caña cortada y transportada.

 

 

Las actuaciones de la Dirección General de Migración en contra de nuestra comunidad, y también en contra de las personas dominicanas de tez negra sin tener alguna ascendencia haitiana, están plagadas de ilegalidades. Los agentes migratorios suelen operar con caras cubiertas y no se identifican a la hora de realizar detenciones, en abierta violación de la Constitución dominicana. Se han documentado extorsiones, robos de pertenencias, asesinatos, allanamientos sin orden judicial, detenciones de mujeres embarazadas y menores de edad, entre otras violaciones graves de derechos humanos, leyes nacionales y convenios binacionales e internacionales. Debemos recordar al gobierno dominicano que los acuerdos binacionales e internacionales no deben ser violentados según los pareceres y disposiciones de las autoridades dominicanas.

 

El pasado 2 de diciembre, junto con otras organizaciones sociales y de derechos humanos, participamos en una reunión con la Procuradora General de la República, para plantear la necesidad de investigar las violaciones a los derechos humanos por parte de la DGM, terminar con la impunidad de los linchamientos racistas y que se tomen medidas contra discursos de odio y acciones de intimidación por parte de grupos neofascistas y trujillistas.

 

Invitamos al gobierno dominicano a invertir esfuerzos en la regularización tanto ordinaria como extraordinaria a través de una tercera fase del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros/as, iniciado y no culminado por la administración pasada. De manera similar a las medidas flexibles adoptadas para la regularización de decenas de miles de inmigrantes venezolanos, cuyo país al igual que Haití atraviesa una grave crisis. En estos momentos, están congeladas las solicitudes de nueva residencia o de renovación de carnets de regularización, lo que lleva a una mayor vulnerabilidad de nuestra población. Si se quisiera evitar la migración en condiciones irregulares, se debería facilitar la regularización migratoria, no obstaculizarla.

 

A estas alturas, seguimos con la necesidad de reclamar la vigencia del primero de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos: el que dicta que todos los seres humanos nacemos en libertad e igualdad en condiciones de dignidad y derechos. El incumplimiento de esta definición nos debe llevar a una profunda reflexión sobre la situación de los derechos humanos hoy en República Dominicana, y a exigir un verdadero cambio, con respeto para la dignidad de todas las personas.