Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) · Por la vida

Una isla no puede ordenar su territorio como si fuera un continente. Esa es la primera verdad que República Dominicana debe asumir si quiere proteger su agua, su biodiversidad, su producción agropecuaria, sus ciudades y, en última instancia, su propio futuro.

Una isla no es un continente pequeño. Es un cuerpo territorial limitado, sensible, atravesado por vasos comunicantes. Todo está más cerca. Todo se toca. Todo se acumula con mayor rapidez. La tala en una montaña termina en una presa. Una carretera mal trazada abre la erosión y llama la ocupación informal. Una urbanización sobre humedales convierte la lluvia en desastre. Una costa sin manglares queda desnuda frente al mar. En una isla, ninguna decisión territorial muere en el lugar donde nace.

Esta realidad no es una opinión. La Ley 64-00 reconoce que, por su condición insular, su geomorfología y su diversidad biológica, el territorio dominicano contiene ecosistemas frágiles, singulares y expuestos a amenazas. Por eso vincula el uso racional de los recursos naturales con el ordenamiento territorial. No hablamos, entonces, de un capricho ambientalista: hablamos de ley, ciencia y supervivencia.

El error más frecuente consiste en decidir con mentalidad continental. Se repite que “en Canadá hay minería”, que “en Brasil hay minería”, que “en Chile hay minería”, como si bastara nombrar países grandes para justificar decisiones en una isla pequeña.

NO BASTA.

Ese argumento ignora escala, densidad, agua disponible, fragilidad ecológica, capacidad institucional y control real del territorio. República Dominicana tiene apenas 48,198 km². Canadá y Brasil superan los 8 millones de km²; Chile ronda los 743 mil. Esa diferencia no es un dato lateral: cambia por completo las reglas del juego.

La conclusión no es que en los países grandes todo pueda hacerse sin daño. Tampoco allá la minería, la expansión urbana o la agroindustria están libres de conflicto. La conclusión es más simple y más dura: lo que en un territorio continental puede aislarse, compensarse o desplazarse parcialmente, en una isla montañosa, densamente ocupada y ecológicamente entrelazada puede convertirse en amenaza sistémica.

EN UNA ISLA NO EXISTE EL “LEJOS”. TODO QUEDA AGUAS ARRIBA O AGUAS ABAJO DE ALGUIEN.

La biogeografía de islas enseña, además, que muchas especies insulares viven con rangos pequeños, poblaciones reducidas, nichos estrechos y pocas alternativas de desplazamiento. No tienen una segunda patria ecológica esperando al otro lado del mapa. Si desaparece su cañada, su bosque nublado, su cueva, su pinar, su manglar o su loma seca, no pierden simplemente una dirección: pierden mundo.

Tampoco nuestros ecosistemas son bloques inmensos y homogéneos. La isla está hecha de pequeñas formaciones, bordes e interfases: bosque seco tocando matorral espinoso; pinar humedeciéndose en cañadas; cafetales bajo sombra enlazando lomas; manglares donde el río aprende sal; humedales respirando entre agua dulce y salobre. Esas interfases son viveros, filtros, corredores, refugios y memoria ecológica. Romperlas no es quitar un adorno del paisaje: es cortar una costura del sistema.

Por eso el ordenamiento territorial no puede responder al apetito económico inmediato. Debe partir de las potencialidades y fragilidades reales de cada lugar. Una zona agrícola con suelos fértiles y agua disponible debe garantizar producción alimentaria sostenible. Una cabecera de cuenca debe conservar infiltración, cobertura vegetal y nacimientos. Una ladera empinada no es un solar urbano. Un humedal no es un terreno vacío: es infraestructura natural de regulación hídrica. Una costa con manglares, dunas y arrecifes no es solo paisaje: es defensa, productividad y equilibrio.

Sin embargo, en la práctica, el uso del territorio suele asignarse según el valor económico inmediato y la fuerza de ciertos intereses —inmobiliarios, mineros, turísticos o agroindustriales— para imponerse sobre la sociedad. Así, el territorio deja de obedecer a su función ecológica y empieza a obedecer a relaciones de poder.

Ese es el núcleo del problema: República Dominicana no siempre está siendo pensada como un sistema vivo, sino como una suma de oportunidades económicas.

Cuando el territorio se reduce a mercancía, todo se distorsiona: el agua se vuelve obstáculo; el bosque, “terreno disponible”; el humedal, “pantano inútil”; la montaña, “yacimiento”; la playa, “activo inmobiliario”; y la comunidad, un inconveniente que debe ser administrado.

FRENTE A ESO, DEBE ESTABLECERSE UNA PRIORIDAD INDISCUTIBLE: EL AGUA.

No por idealismo, sino porque el agua organiza la vida nacional. Sin agua no hay agricultura, turismo, energía, salud pública, ciudades, biodiversidad ni estabilidad social. En una isla montañosa como Hispaniola, el agua depende de bosques nublados, pinares, suelos de montaña, zonas de recarga, riberas, humedales y cuencas altas. Si esos sistemas fallan, el daño desciende como sedimento, sequía, inundación, contaminación y conflicto.

Por eso resulta especialmente impertinente promover minería metálica en cuencas altas, encima de presas, en zonas de captación y sobre territorios donde vive y produce tanta población aguas abajo. Allí el riesgo no baja solo: se multiplica. La mina se instala arriba, pero sus incertidumbres viajan hacia canales de riego, acueductos, parcelas, ríos, presas, comunidades y mesas familiares. No basta prometer tecnología; la primera tecnología de la prudencia es no colocar actividades incompatibles donde una falla puede volverse país abajo.

ORDENAR EL TERRITORIO EXIGE CRITERIOS FIRMES.

Primero: criterio hídrico. Ninguna actividad debe comprometer la producción, regulación o calidad del agua. Cuencas, zonas de recarga, ríos, humedales, acuíferos, nacimientos y presas deben tener prioridad absoluta.

Segundo: fragilidad insular e impactos acumulativos. Ningún proyecto minero, urbano, turístico o agrícola puede evaluarse como si estuviera solo en el mapa. Hay que medir lo que suma, lo que empuja, lo que abre, lo que arrastra y lo que deja sembrado como riesgo futuro.

Tercero: vocación territorial. Cada espacio debe usarse según lo que puede sostener. Hay territorios para producir, otros para conservar, otros para restaurar y otros donde ciertas actividades no deben ocurrir.

Cuarto: conectividad ecológica. Las áreas protegidas no pueden ser islas dentro de la isla. Deben formar redes con riberas, bosques, sistemas agroforestales, manglares, humedales y paisajes productivos compatibles.

Quinto: riesgo y cambio climático. No se debe construir donde el agua necesita moverse, donde el mar avanzará, donde la ladera puede ceder o donde la sequía hará inviable una promesa económica.

Sexto: justicia territorial. El territorio no puede decidirse sin la sociedad. La Ley 368-22 reconoce el ordenamiento territorial como proceso participativo. La Ley 64-00 también incorpora consulta pública y participación social. Esa participación no puede ser ceremonia: debe ser poder ciudadano organizado.

La ciudadanía no puede quedarse mirando desde la verja. Debe exigir información, revisar permisos, participar en consultas, defender cuencas, reclamar planes municipales y actuar como contrapeso frente a las decisiones de los poderes públicos. Cuando la sociedad no vigila, el territorio queda capturado por los intereses mejor financiados.

El costo de no entender esto es impagable. Se paga en suelos perdidos, presas colmatadas, cosechas fallidas y ciudades inundadas. Se paga en conflictos sociales, desigualdad territorial y deterioro institucional. Se paga en ecosistemas fragmentados, especies extinguidas y vulnerabilidad nacional. Un país sin agua suficiente, sin suelos sanos y sin territorio funcional no tiene estabilidad ni soberanía real.

República Dominicana no es un territorio amplio, vacío ni sustituible. Es una isla compartida, pequeña, compleja, biodiversa y sometida a presiones crecientes. Pensar como isla no es renunciar al desarrollo. Es la única forma de hacerlo posible.

El verdadero ordenamiento territorial no empieza preguntando cuánto dinero puede generar un lugar, sino qué función cumple para que el país pueda seguir existiendo.

En una isla, quien rompe la fuente rompe la casa.