La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo alerta ante la renovada promoción de un distrito minero por #GoldQuest en su presentación corporativa de septiembre de 2026 y exige una respuesta pública inmediata del presidente de la República y de los ministerios de Energía y Minas y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La empresa describe la detención de actividades de Romero como una pausa temporal y vuelve a plantear una ruta de avance y expansión.

Esta alerta responde a una nueva actuación pública de la compañía, posterior a la decisión presidencial de mayo, que exige una reacción de las autoridades y de la sociedad. GoldQuest insiste en sus planes de desarrollo minero y proyecta su continuidad pese a la detención anunciada y al rechazo social expresado.

Advertimos que presentar la decisión del Estado como un obstáculo transitorio que será superado constituye, a juicio de esta Comisión, un desafío a las autoridades dominicanas y una provocación a los movimientos sociales y ambientales. Las demandas de las comunidades y la decisión gubernamental deben tener consecuencias efectivas, que no pueden diluirse mediante una nueva narrativa dirigida a inversionistas.

Reiteramos la posición que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de su Comisión Ambiental, ha manifestado de manera constante: proteger el agua, la vocación agrícola, la integridad de las cuencas y el derecho de las comunidades a decidir sobre su desarrollo.

Esta posición permanece firme. La oposición al proyecto Romero y a la transformación de la región del Valle en un distrito minero forma parte de una propuesta académica de protección territorial y desarrollo, sostenida en el tiempo.

En su presentación corporativa de septiembre de 2026, publicada en el contexto de su participación anunciada en la convención Precious Metals Summit de Beaver Creek, GoldQuest califica de temporal la paralización dispuesta en mayo.

El documento plantea preparar Romero para una siguiente etapa de permisos y ampliar oportunidades más allá del plan minero actual; además, sitúa el proyecto dentro de un distrito emergente de Tireo y señala un cinturón de 50 kilómetros con múltiples objetivos de exploración.

Son afirmaciones de la empresa que requieren explicación oficial, no autorizaciones que podamos dar por existentes. El 4 de mayo de 2026, la Presidencia comunicó la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con Romero y precisó que no existía autorización para su explotación. Una presentación ante inversionistas no puede modificar esa decisión ni sustituir los procedimientos públicos. Corresponde al Gobierno aclarar su alcance, las actuaciones permitidas y las medidas de vigilancia.

La sociedad tiene derecho a saber si hay algún proceso de reactivación o ampliación que desconozca.