Paren los planes de instalar una nueva PRESA DE COLA para almacenar más lodos tóxicos. Sean reubicadas las comunidades ubicadas debajo de la Presa de Cola El Yagal. Sean revisados y evaluados por especialistas independientes sus supuestos estudios de impacto ambiental para esos planes.
Las entidades y organizaciones que realizan la manifestación en el Edificio Novo Centro, que alberga a la empresa minera, reiteran a todo el país y el mundo su denuncia en torno al drama de muerte que viven las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna, Jurungo, Jobo Claro y El Naranjo, a consecuencia del desastre ambiental y humano que impone la explotación minera a cielo abierto que desarrolla la Barrick Gold en la provincia Sánchez Ramírez, al tiempo de insistir en el peligro que amenaza con arrasar y sepultar las seis comunidades, de producirse cualquier colapso del actual relave de lodos tóxicos conocido como El Yagal, que almacena ya millones de toneladas de lodo tóxico del viejo embalse de relaves.
La representación de las seis comunidades directamente dañadas por la minera y abandonadas totalmente, explican que el gobierno y la minera han tenido que asumir la necesidad urgente de la reubicación de las comunidades y ahora con mucha más urgencia cuando hablan de la ampliación de la explotación minera y de la instalación de un nuevo embalse de relaves tóxicos o NUEVA PRESA DE COLA.
Denuncian que “Además de abandonar a su propia suerte a las comunidades, se ha incumplido el compromiso y la promesa de su reubicación después de que el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, se comprometió a sanear la situación poblacional de la zona, para responder posteriormente a la reubicación de las comunidades, con base en un estudio censal a cargo de una empresa independiente, que el propio gobierno financió.
Expresan las organizaciones que Barrick Gold viola la ley 6400 de medio ambiente y entra en conflicto con reglamentaciones y convenios internacionales que prohíben la existencia de comunidades en los perímetros correspondientes a las áreas de explotación, violan los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales, como estipulan los convenios relativos a las explotaciones mineras y “Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera”.
Reafirman es sus declaraciones que “Son la constitución de la república dominicana y las leyes especiales las que obligan al gobierno y a la minera para que REUBIQUEN TODAS LAS COMUNIDADES, para conjurar el riesgo que supone la posibilidad de UN DESASTRE ANTE LA POSIBILIDAD REAL del eventual colapso del MURO DE LA MUERTE, que de producirse sepultará nuestras comunidades y constituirá la culpa eterna de la irresponsabilidad gubernamental y de una empresa insaciable como Barrick Gold PVDC”.
En su comunicado oficial, las entidades que realizaron la protesta ante las oficinas central de Barrick Gold en la República Dominicana, insisten en que las comunidades La Piñita, La Cerca, La Laguna, Jurungo, Jobo Claro y El Naranjo, si no son reubicadas, están condenadas a muerte y que las autoridades del gobierno y la empresa minera saben que la vida en esa zona es imposible y que el principal testimonio de ello es que “después de la desaparición o cierre de todas las cañadas y correntías, en envenenamiento de ríos y arroyos, así el severo daño del lago más grande de agua dulce del Caribe, la Presa de Hatillo, el testimonio más claro y preciso del desastre humano y ambiental, es el hecho de que desde hace más de 7 años, toda el agua que utilizan las más de 450 familias que habitan la zona, tiene que ser servida primero por la empresa minera y desde hace mucho tiempo por el gobierno.
Comunicado de las organizaciones sociales