Alianza Por la Democracia (APD) reclamó al presidente de la República, Danilo Medina, no ejecutar una política de deportación masiva contra los inmigrantes haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana al vencerse, el próximo 17 de junio, el plazo otorgado para la regularización migratoria.
En rueda de prensa realizada en su sede nacional la Alianza por la Democracia destacó que, en caso de realizarse las deportaciones, el presidente Medina será el responsable directo de los abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos por las autoridades y por grupos protegidos por éstas, que aprovecharán la ocasión para agredir y despojar de sus bienes a inmigrantes y a dominicanos hijos de inmigrantes, como ha ocurrido en el pasado reciente en Moca, Santiago y otras localidades del país.
La organización política señaló que la deportación masiva de inmigrantes, como lo sería el plan de repatriación masiva que según el gobierno tendría lugar a partir del 17 de este mes de junio, está prohibida explícitamente por la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José, 22 de noviembre del 1969), ratificada por el Estado dominicano mediante la resolución número 739, del 25 de diciembre del 1977.
El artículo 22 sobre Derecho de Circulación y de Residencia, en el acápite 9 de esta Convención, consigna explícitamente la prohibición de la “expulsión colectiva de extranjeros”.
Manifestó la APD que la deportación masiva presentada como repatriación de nacionales haitianos no regularizados no es un instrumento o una práctica que deba utilizarse en contra de los inmigrantes al finalizar un proceso de regularización.
“En este caso, la deportación masiva sería ella misma en una grave violación a la legislación internacional que protege los derechos humanos y de los migrantes, convirtiéndose en causa grave para la condena del Estado que la practique por parte de la comunidad internacional”, indicó la organización política.
Para la Alianza sería muy significativo que en el mismo momento que el Presidente Medina pretende imponer la reelección utilizando todo tipo de medios, también se realicen deportaciones masivas de inmigrantes haitianos y de dominicanos de ascendencia haitiana, cuando en la historia dominicana el avance del autoritarismo ha estado asociado al antihaitianismo y a la persecución de los ciudadanos haitianos y de los dominicanos de origen haitiano.
La entidad política negó que el plan nacional de regularización haya sido exitoso como lo afirman las autoridades. “Todo lo contrario. A la fecha no llegan ni a 400 personas de las 458,233 de origen haitiano que la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) estableció que están radicadas el territorio nacional, a quienes se les ha entregado documentación que ampare su residencia en los términos dictados por el decreto 327-12 del Poder Ejecutivo”, aclaró.
Igualmente afirmó que han sido muy pocos los dominicanos de ascendencia haitiana a quienes se les ha reconocido la nacionalidad dominicana y se les ha entregado la documentación correspondiente en cumplimiento de la Ley 169-14 y del decreto del Poder Ejecutivo 250-14 que norma la aplicación de esta ley.
Explicó que aún cuando estas personas han recibido cédulas de identidad personal y electoral, éstas no les sirven para realizar trámites y gestiones por no aparecer en el sistema de la Junta Central Electoral (JCE), en franca violación a sus derechos.
La APD planteó que este fracaso se debe principalmente a la inexistencia de una real voluntad de resolver el problema de la inmigración indocumentada y a la intención de utilizar este fracaso para intentar justificar la única medida que siempre han deseado el gobierno y sectores políticos radicales de derecha, que es la deportación masiva de esta inmigración y de sus descendientes nacidos en el país.
Además de insistir en que el gobierno desista de la deportación masiva, la APD sugirió que se aplique un conjunto de medidas como sería inscribir y dotar de residencia a todos los inmigrantes que presenten algún documento que los identifique.
También sugirió que a los 53 mil dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que identificó la recién finalizada auditoría de la JCE, se les entreguen de inmediato los documentos legales correspondientes como la cédula de identidad y electoral y actas de nacimiento.
Para aquellos dominicanos de ascendencia haitiana que carecen de documentación, APD recomendó que se les reconozca la nacionalidad dominicana con la presentación del testimonio de personas reconocidas de sus respectivas comunidades de que nacieron en el territorio nacional.
“Simultáneamente a la aplicación de estas medidas, se deben reforzar los controles fronterizos, y después que se concluya el proceso regulatorio, sancionar a los empleadores que contraten a indocumentados”, indicó.