Los legisladores dominicanos se definen con toda propiedad, a la luz de las leyes que producen, quienes “Serán tal vez los potros de barbaros atilas; o los heraldos negros que nos manda la muerte”, al decir de Cesar Vallejo.

Esto así porque en la carrera acelerada de las “reformas” se impusieron tendencias que marcaron el tortuoso camino del cumplimiento mínimo de las leyes, siendo la más perniciosa, la creación alegre y recetaría de organismos, órganos, comités, consejos, patronatos y comisiones. 

Para ejemplo,basta un botón: La Ley 176-07 De los Municipios y el Distrito Nacional, la cual crea nueve entidades organizativas: 1. Delegaciones Municipales; 2. Las Mancomunidades; 3. El Consejo Económico y Social Municipal; 4. Los Comités de Seguimiento Municipal; 5. Los Consejos Comunitarios; 6. Los Comités de Seguimiento y Control; 7. Los Comités de Auditoria Social o Comités de Obras; 8. Las Asociaciones de Municipios; y, 9. Comités Ambientales Municipales. 

Estas instancias deberán ser conformadas, reguladas y dirigidas, por ayuntamientos, cuyo presupuesto anual, no alcanza los nueve millones de pesos, suma que asciende, aproximadamente a doscientos mil dólares. ¡Es más! ese dinerito no da para comprarse un departamento de lujo, en una torre, como el adquirido en Santiago por el director de la Federación Dominicana de Municipios.Fíjense de la miseria con que se manejan los gobiernos locales para dar solución a la inmensidad de males que aquejan sus respectivas comunidades. 

A pesar del pírrico presupuesto, administrado por más del 50% de las entidades edilicias en nuestro país, el acicate de senadores, diputados, ministros y, en ocasiones, hasta el mismísimo presidente les enrostra el no cumplimiento de sus obligaciones, olvidándose que esas mismas leyes penden sobre ellos, y de igual forma, las violan desconsideradamente.Basta con saber que la ley 166-03 establece una transferencia de un 10% del presupuesto nacional y la presidencia  transfiere un monto por abajo del 4%. 

El asuntoaquí tratado bajo ninguna circunstanciatiene la intención de justificar el irrespeto a la Ley. Más bien pretendo hacer visible la imposibilidad de que estas leyes puedan cumplirse y que, además, el legislador, en su espíritu de regular con objetividad y justicia el accionar nacional y local, debió prever esta disyuntiva, o por el contrario, queda la sospecha de que actuó deliberadamente.

Más grave aún, el municipalismo contribuyó profundamente en la construcción de este cuello de botella. 

No todo es sombras 

La Ley municipal, en su frondosidadde ceiba, establece, en su artículo 231,los Órganos Municipales de Participación. “Son órganos de participación ciudadana en los asuntos municipales: a) El Consejo Económico y Social Municipal; b) Los Comités de Seguimiento Municipal; y c) Los Consejos Comunitarios.” 

Hay que resaltar que la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, crea sus propias estructuras en el municipio, atrofiando aún más el “berenjenal”, resaltando las Unidades Ambientales Municipales (UAM) que en la práctica, actúa paralelo a, los Comités Ambientales Municipales, estatuidos para “apoyar” las UAM, según el Ministerio de Medio Ambiente, como mecanismo de participación ciudadana en la gestión ambiental. 

¿Sirven de algo estas creaciones alegres y recetarías? Creo que no. 

Ahora bien, la Constitución del 26 de enero del 2010 ofrece la oportunidad al legislador y al municipalismo de enderezar la vía, de equilibrar la balanza, ¿Cómo? Sencillo: abordando con una visión crítica la revisión de las leyes municipales, y tratar de ajustarlas a los postulados de la carta magna vigente, cuestión que es un mandato de la propia Ley Sustantiva. 

Pero en realidad, esta revisión ya inició. Falta saber si está presente el juicio crítico en el debate. Por tanto, sugiero valorar la posibilidad de redimensionar el Consejo Económico y Social Municipal, asignándole otras funciones,o más preciso aún, que funja como organización marco,con varias dependencias especializadas, aprovechando las recetas del pasado con una visión positiva, ajustadas a la realidad local y al presupuesto mísero de los ayuntamientos dominicanos. 

Miguel Ángel Cid

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6febrero 2015