La producción de vivienda social entremezcla el Estado, el sector privado de la construcción, del financiero y adquirientes con un nivel adquisitivo limitado. Todos esos componentes tienen intereses divergentes, pero una cosa es segura:

en el Estado existe una voluntad y una estrategia de apoyo al sector financiero e industria de la construcción. Se verifica en La Barquita y en la próxima Ciudad Juan Bosch.

En la mayoría de los casos, el Estado aporta los terrenos y un subsidio y “orienta el proceso de urbanización” hacia nuevos territorios, alejados, en manos privadas, tierras sin saneamiento ambiental, sin servicios (agrícolas). Ciudad Juan Bosch colinda con la autopista de Samaná que como inversión del Estado valorizó esas tierras y en este segundo proceso, revalorizará todas esas tierras agrícolas, convirtiéndolas en “urbanas”.

El Estado dominicano fomenta también un aumento extraordinario de los suelos “a urbanizar” (ej: con la Circunvalación, Merca Santo Domingo) fabricando suelos urbanizables y “urbanos” que generan ganancias inesperadas a esos dos sectores de la economía dominicana. En ese sentido, no hay cambios significativos entre gobiernos (Invivienda). Hace décadas que el Estado dominicano juega un papel fundamental en el crecimiento horizontal de la ciudad creando movimientos pendulares, de servicios y facilitando un proceso de acumulación del sector financiero inmobiliario.

De hecho, las políticas de vivienda suelen enunciar como uno de sus objetivos el impulso al desarrollo económico (no dicen a quienes) y a la generación de empleos, sean no calificados y muchas veces temporales. En cuanto, al desarrollo de la producción de la vivienda para clase media (demanda solvente) es del dominio de instituciones bancarias capaces de otorgar créditos hipotecarios, solo mercado que consume casa y carro.

Más recientemente, en varios países de América Latina, el nuevo modelo de intervención del Estado se basa en una reforma sustancial del sistema financiero del sector vivienda en beneficio de los capitales invertidos en él, y más ampliamente, como lo analiza Samuel Jaramillo para el caso de Colombia, en pro de una nueva alianza hegemónica del Estado con el sector bancario (Jaramillo y Pradilla) con el uso de los fondos de pensiones. Hace 25 años que ese gran experimento de privatización del sistema de pensiones, se inició en Chile (Pinochet) propiciado por el Banco Mundial y elogiado por George Bush: ya estamos incluidos en ese modelo con Ciudad Juan Bosch. Seguiremos.