Contáctenos Quiénes somos
Opinión | Edwin Paraison/sacerdote Episcopal/Espacinsular

NUEVA YORK, Estados Unidos, 6 de enero de 2015.- De la situación conflictiva del año anterior a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que resultó con llamados a consultas por sus gobiernos respectivos y convocatorias reciprocas en las cancillerías haitiana y dominicana de los embajadores acreditados en las dos capitales, hay que apreciar que los dirigentes isleños iniciaron a principios de 2014 un dialogo bilateral de alto nivel que contribuyó a un reacercamiento.

Ese ejercicio puso en evidencia que las “viejas elites” en el mismo seno del poder, constituyen una barrera para la buena convivencia insular. De tal manera que la reactivación de la Comisión Mixta Bilateral y la creación de la Cumbre Empresarial Quisqueya pueden, con sus bemoles, ser consideradas como resultados del referido proceso.

En ese marco varios acuerdos han sido firmados. Más, en la mayoría de los casos han dejado la sensación de un “deja vu”. Otros no han sido aplicados pese a los anuncios oficiales de enero. Dos casos muy ilustrativos: la situación de los estudiantes universitarios haitianos obligados a pagar ahora RD$ 2,500 mensuales por estancia en el país y el mantenimiento técnico de la interdicción de exportación de productos avícolas dominicanos a Haití.

La ley Medina 169-14 que dejó legalmente resuelto el problema de la desnacionalización administrativa de personas inscritas en el registro civil, rompió con el interés de la parte haitiana de seguir contribuyendo en la búsqueda de una solución definitiva respecto a la posibilidad de una apatridia masiva.

La gran mayoría de unos 100,000 dominicanos indocumentados de origen haitiano, por no considerarse como inmigrantes, pudiera ser expulsada, según reiteraron las autoridades dominicanas, al no registrarse en el Plan Nacional de regularización de Extranjeros (PNRE). Una situación que pondría a los afectados entre un Estado que los quiere expulsar y otro que no los puede aceptar.

Al respecto, la Corte Interamericana de los derechos humanos ordenó a la República Dominicana tomar las acciones correspondientes para reconocer su derecho a la nacionalidad. Lo cual, como buscando perpetuar un conflicto, fue tajantemente rechazado a través de una sentencia del TC que desconoce la competencia del tribunal regional.

Como el de arriba, varios temas fueron intensamente usados por los grupos ultranacionalistas para mantener un ambiente de hostilidad entre dominicanos y haitianos. Los de mayor repercusión: la campaña cristiana “Tomando nuestro territorio” (TNT) que puso en evidencia la ligereza del manejo de asuntos de Estado por algunos funcionarios y la conmemoración patria del día de Dessalines por la comunidad haitiana.

Asimismo, el supuesto plan de emigración haitiano promovido por Le Nouvelliste que buscaría la fusión de la isla; las reacciones frente a Haití ante la propagación del Ebola; el problema de las interferencias radiales y telefónicas en ambos lados de la isla y un nuevo caso fabricado de ultraje a la bandera dominicana por haitianos.

También, la invitación a Juliana Deguis Pierre por el ACNUR a participar en un evento en Londres; el proyecto irrealista de la construcción de un muro en la frontera y las protestas de haitianos y dominicanos en el barrio 27 de febrero por el asesinato policial de un compatriota descrito como “rebelión de haitianos”.

Los dos gobiernos desperdiciaron la oportunidad de una verdadera cooperación en materia migratoria a través del PNRE y del Programa de identificación y documentación de los inmigrantes haitianos (PIDIH). Sin un protocolo bilateral, el haitiano inició el suyo con atraso y dificultades. El dominicano no cumplió con su promesa de facilitar locales a su contraparte tal como convenido durante la visita presidencial en Haití de abril 2013.

A finales de agosto, organizaciones de la diáspora haitiana recomendaron, a través de un taller sobre el PNRE/PIDIH, auspiciado por la Fundación Zile, acordar bilateralmente, en base a los problemas en ambos programas una prórroga del plazo de junio de 2015, administrativa y políticamente insostenible.

De otra manera, en medio de un año pre-electoral dominicano, con el reforzamiento político alcanzado por los ultranacionalistas, al tener ahora un influente representante en el gabinete ministerial, será el principio de una nueva crisis cuyo desenlace es imprevisible debido a la confrontación promovida desde 1996 a través del anti haitianismo como ideología política. ¡Que Dios nos libre!