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Opinión | TAHIRA VARGAS GARCÍA

La mirada a la violencia como problema en nuestra sociedad es cíclica, se presenta con hechos como: linchamientos, homicidios y feminicidios. Es una reducción de la violencia a la criminalidad.

De esta forma se invisibiliza la violencia cotidiana presente en: familias, escuelas, vecindario, tránsito vehicular, centros de diversión, relaciones de organismos de seguridad con la población y prácticas de ejercicio de poder desde las instancias gubernamentales, poder local, religiosas y políticas.

La violencia es un fenómeno que tiene raíces en nuestra historia social y se puede identificar claramente en la instauración de una sociedad basada en el autoritarismo en todas sus instancias perpetuado en las nuevas generaciones.

Las acciones de instauración de un clima de paz en la convivencia social deben atravesar todos los escenarios de la vida social, económica y política del país, así como las políticas sociales que se desarrollan desde las distintas instancias gubernamentales, sector privado y sociedad civil. Algunas pueden ser:

– Establecer políticas públicas y programas dirigidos al establecimiento de una cultura de paz desde el fomento de la educación artística y musical en los centros educativos, formación de coros y bandas escolares y municipales, establecimiento de escuelas de danza, teatro y música en los distintos municipios, comunidades rurales y urbano-marginales.

– Fortalecer las buenas prácticas existentes en municipios y comunidades del país que cuentan con: escuelas de música, danza y teatro promovidas por ciudadanos y ciudadanas independientes con pocos recursos económicos para su establecimiento.

– Erradicar las prácticas de uso de la violencia física (pelas), verbal y psicológica en las correcciones de conductas en las familias y en las escuelas como una prioridad en el sistema educativo con incidencia en la educación formal e informal. Desarrollar procesos educativos hacia la ciudadanía para incidir en un clima de confianza interpersonal y eliminar el uso de las armas como un medio de “seguridad ciudadana”.

– Erradicar los linchamientos como expresión de inseguridad ciudadana y de desconfianza hacia el sistema judicial que muestran la reproducción de los ajusticiamientos desde la ciudadanía.

– Desarrollar procesos de desarme paulatino de la población acompañado de procesos de educación y seguridad ciudadana.

– Eliminar los ajusticiamientos policiales como estrategias de intervención hacia la delincuencia, los cuales son violatorios de los derechos humanos y sirven de modelaje social hacia la violencia contra la delincuencia.

– Fortalecer el sistema de justicia, su institucionalidad e independencia, erradicando en los procesos judiciales la corrupción y politización.

La intervención en la violencia social implica una cirugía socio-política y cultural en el país con cambios en prácticas autoritarias y violentas presentes desde lo micro hasta lo macro, desde la familia hasta las distintas instancias de poder.