Megan Cornish
En México, existe una terrible historia de represión. El 2 de octubre de 1968, la policía federal abrió fuego contra estudiantes que se manifestaban en la zona de Tlatelolco en la Ciudad de México. Mataron un número desconocido de personas — entre 300 y miles, lastimaron a muchos más y arrestaron a más de 1,300. Este año, estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, se estaban organizando el 26 de septiembre para asistir a la conmemoración anual de la masacre de 1968, cuando la policía los detuvo y les disparó repetidas veces. Se sabe que el ataque dejó a seis personas muertas, 25 heridos y 43 secuestrados y “desaparecidos”.
En 1968, los obedientes medios de comunicación apoyaron la mentira del gobierno que los estudiantes dispararon primero, y muchos lo creyeron. Esta vez, las cosas fueron distintas. El país entero estalló en protestas que continuaron hasta noviembre cuando el FS imprimía su periódico. Los mexicanos han sufrido un estimado de 70,000 asesinatos y 22,000 desapariciones — según los propios informes menos que fiables del gobierno — desde el inicio de la “guerra contra las droga” financiada por Estados Unidos.
Se ha desenmascarado la completamente corrupta colusión de los políticos con las mega-corporaciones y cárteles de la droga. Su inmunidad judicial demuestra la bancarrota del Estado mexicano y de sus tres partidos gobernantes. Ahora la gente está tratando de decidir cómo crear un cambio significativo.
El neoliberalismo y el tráfico de drogas. La violencia fomentada por los cárteles obtiene la mayor parte de la atención de los medios, pero es sólo una parte de la historia. Desde que fue promulgado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, la élite de México ha estado privatizando recursos como el petróleo y la electricidad, tratando de arrebatarles la tierra a las comunidades indígenas para las empresas mineras y proyectos de construcción a gran escala, como la presa La Parota, y cortando los fondos para la educación . En este contexto llegó la “guerra contra las drogas” a México — la Iniciativa Mérida financiada por Estados Unidos. Su programa de $ 2,400 millones en realidad ha sido utilizado por los militares y la policía federal y local para hacer la guerra contra los jóvenes, los indígenas y los pobres que protestan contra las intolerables condiciones de vida. Ésta es la cara mexicana del capitalismo de hoy.
Las comunidades se han visto obligadas a organizarse en defensa propia. Muchos estados han formado ya sea fuerzas policiales comunitarias indígenas, protegidas por la Constitución federal, o autodefensas, organismos similares en zonas no indígenas. Estas últimas son igualmente necesarias, pero no las sanciona la ley. Los gobiernos federales y estatales han atacado con saña ambos grupos de defensa civil, al tiempo que protegen a los cárteles de la droga y las corporaciones.
Nestora Salgado fue arrestada en agosto de 2013 durante las detenciones en masa de la policía comunitaria y las autodefensas. En junio de 2014, el Dr. José Mireles Valverde y unos doscientos simpatizantes fueron arrestados para bloquear su lucha contra el cártel de los Caballeros Templarios, el cual se ha apoderado del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder de la exitosa lucha para detener la construcción de la Presa La Parota, fue encarcelado el mismo mes. El 30 de junio, los soldados federales dispararon contra 22 jóvenes desarmados al estilo de fusilamiento en la zona de Tlatlaya en el Estado de México. El inmencionable crimen en Iguala fue la última gota.
Protestas explosivas. En el último año, ha ido creciendo el apoyo nacional e internacional para Nestora Salgado y unos 400 presos políticos más. El Partido Obrero Socialista (POS) en México y el Partido de Libertad Socialista en los EE.UU., con el apoyo de los partidos aliados del Comité para el Reagrupamiento Internacional Revolucionario (CRIR), han dirigido la formación del frente unido en los EE.UU., México y otros países .
Tras la desaparición de los estudiantes, estallaron las protestas de decenas de miles de personas en todo el país y el mundo. La manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México en conmemoración de la masacre de 1968 y en protesta por las desapariciones en Iguala, atrajo a 25,000 personas. Hubo manifestaciones en al menos 25 estados de la República, y en 10 ciudades de Guerrero, entre ellos una de 50,000 en la capital del estado el 8 de octubre. Se llevaron a cabo protestas internacionales en más de 15 países. Universidades y colegios rurales de México montaron huelgas de tres días.
En Guerrero, los estudiantes y los miembros de la Unión Nacional de Trabajadores de la Educación se han apoderado del gobierno de al menos 28 ciudades, incluso de la ciudad natal de Nestora Salgado de Olinalá, en la que el alcalde maquinó su detención. Los insurgentes se comprometen a establecer los gobiernos populares en todo el estado. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se vio obligado a tomar un “permiso indefinido.” Continúan las protestas contra la complicidad del presidente Peña Nieto y el recién nombrado gobernador de Guerrero, Salvador Rogelio Ortega en el encubrimiento de los acontecimientos.
Partidos gobernantes de México. Tres partidos aliados contra el pueblo dirigen el país. El PRI (Partido Revolucionario Institucional) dominó la política durante 71 años a partir de 1929 hasta 2000, llegando a ser cada vez más corrupto y conservador. El actual presidente, Enrique Peña Nieto, representa al PRI y ha dedicado su gobierno a continuar con la privatización de los recursos y a imponer recortes a la educación.
Al conservador PAN (Partido de Acción Nacional) lo respaldan los intereses empresariales y la Iglesia católica. El PRD (Partido de la Revolución Democrática) fue fundado en 1989 por un grupo de antiguos miembros del PRI y los izquierdistas dedicados a la reforma, no a la revolución, incluido el Partido Comunista Mexicano. Tanto el gobernador de Guerrero y el alcalde de Iguala pertenecen al PRD, lo que demuestra que son tan corruptos como el PRI. Algunos miembros del PRD piden la liberación de Salgado y la justicia para los estudiantes. Pero como ha advertido el trotskista POS, si esos miembros no rompen con el PRD, sólo servirán para camuflar el papel del partido en la defensa del status quo.
EE.UU. es cómplice. La falta de objeciones serias por parte del gobierno de los Estados Unidos demuestra que respalda la brutalidad de México contra activistas y grupos políticos de izquierda. Su ayuda de la “guerra contra las drogas” se utiliza sólo como pretende EE.UU. — para la represión.
Es por eso que las personas que trabajan al norte de la frontera necesitan apoyar la batalla a muerte que asola a México. Hacia el sur, la corrupción y las matanzas demuestran claramente que el sistema de lucro no puede garantizar ni siquiera la seguridad más básica ni la supervivencia del pueblo de México.
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