Organizaciones que integran la Plataforma Dominicanos por Derecho solicitaron al Estado dominicano, ante la CIDH impulsar cambios institucionales que permitan separar la administración del registro civil del sistema electoral en el país.
Esa medida seria , como parte de un conjunto de medidas que garanticen la participación política efectiva de todas y todos los ciudadanos dominicanos por igual.
En la audiencia temática “Derechos políticos de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana”, celebrada este viernes en el marco del 157 período de sesiones de la CIDH, las partes dialogaron sobre el ejercicio efectivo de la ciudadanía de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, cuyo acceso al registro civil y documentación de identidad ha sido sistemáticamente negado u obstruido por la Junta Central Electoral desde el año 2007.
Sociedad civil subrayó el rol determinante de la JCE en la política de restringir derechos a personas dominicanas de ascendencia haitiana, lo que tiene un mayor impacto en tanto este organismo es al mismo tiempo la instancia estatal que administra el Registro Civil y organiza los comicios electorales en República Dominicana.
Aún con la implementación de la ley 169-14, que ordena la revalidación de documentos a dominicanos/as hijos/as de personas migrantes en situación irregular, estos ven limitado el ejercicio de su ciudadanía. La instauración de procedimientos distintos por parte de la JCE para cursar las solicitudes de los mismos reduce sus posibilidades de ejercer derecho al voto o de postularse a un cargo electivo.De acuerdo al resultado de la auditoría realizada por la JCE a los libros del Registro Civil, publicado en junio de 2015, son 55 mil los dominicanos destinatarios de la ley 169-14, de los cuales apenas 10 mil habrían recibido sus documentos. Sin embargo, las organizaciones afirman haber constatado que un significativo número de víctimas de retención o inhabilitación arbitraria de documentos, acompañadas en sus procesos de solicitud, no figuran en los registros de la auditoría de la JCE. La mayoría de los que se encuentran en la referida lista, siguen a la espera de sus actas y cédulas.
Ana María Belique del Movimiento Reconoci.do, aseguró que la arbitrariedad la JCE lesiona también el liderazgo político y representatividad a nivel local, clave para lograr el desarrollo de comunidades agrícolas denominadas bateyes, enclaves urbanos marginados y empobrecidos.
Las recomendaciones de las organizaciones defensores de derechos humanos y de víctimas de la política de desnacionalización incluyen medidas afirmativas en favor de personas que le fue impedido acceder a sus documentos de identidad por primera vez o renovar sus documentos vencidos, entre las que se encuentran fomentar la participación política de jóvenes que en el pasado reciente se vieron afectado por la retención e incautación de sus documentos de identidad.
“Es responsabilidad del Estado Dominicano, evitar que el estigma y la discriminación impida a líderes y lideresas comunitarios ejercer su derecho constitucional a la participación política, presentando candidaturas a cargos electivos en igualdad de condiciones, con los demás ciudadanos dominicanos”.
En representación de sociedad civil y las personas afectadas por la política de desnacionalización participaron en el dialogo el Movimiento Reconocido, el Centro Pedro Francisco Bonó, el Movimiento de Mujeres Dominico-Hatianas (MUDHA), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) , Centro Cultural Dominico-Haitiano (CCDH), Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA), el Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO) y la organización Derechos Vigentes .