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Derechos humanos | Redacción Espacinsular

Organizaciones que integran la Plataforma Dominicanos por Derecho  solicitaron  al Estado dominicano, ante la CIDH   impulsar cambios institucionales que permitan separar la administración del   registro civil del sistema electoral en el país.

Esa medida seria , como parte de un conjunto de medidas que garanticen  la  participación política efectiva  de todas y todos los ciudadanos dominicanos por igual.

 En la audiencia temática “Derechos políticos de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana”,  celebrada este viernes en el marco del 157 período de sesiones de la CIDH,   las partes dialogaron  sobre  el  ejercicio efectivo de la ciudadanía de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, cuyo acceso al registro civil y documentación de identidad ha sido sistemáticamente negado u obstruido por la Junta Central Electoral desde el año 2007.

Sociedad civil subrayó  el rol  determinante de la  JCE en la política de restringir  derechos a personas dominicanas de ascendencia haitiana,  lo que tiene un mayor  impacto  en tanto   este organismo es al mismo tiempo la  instancia estatal que administra el Registro Civil y organiza los comicios electorales  en República Dominicana.

26243445231_811b0b02c0_kAún con la implementación  de la ley 169-14, que ordena la revalidación de documentos a dominicanos/as hijos/as de personas migrantes en situación irregular,  estos ven limitado el ejercicio de su ciudadanía.  La  instauración de procedimientos distintos por parte de la JCE   para cursar las solicitudes de los mismos reduce sus posibilidades  de ejercer derecho al voto o de postularse a un cargo electivo.De acuerdo al resultado  de la auditoría  realizada por la JCE a los libros del Registro Civil, publicado en junio de 2015,  son 55 mil los dominicanos destinatarios de la ley 169-14,  de los cuales  apenas 10 mil habrían recibido sus documentos. Sin embargo,   las organizaciones  afirman haber constatado  que  un significativo número de víctimas de  retención o inhabilitación arbitraria de documentos, acompañadas en sus procesos de solicitud,  no figuran en los registros de la auditoría de la JCE.  La mayoría de los que se encuentran en la  referida lista, siguen a la espera de sus actas y cédulas.

Ana María Belique del Movimiento Reconoci.do, aseguró que la  arbitrariedad la JCE lesiona  también  el liderazgo político y representatividad a nivel local,   clave para lograr el desarrollo de comunidades agrícolas denominadas bateyes, enclaves urbanos marginados y empobrecidos.

Las recomendaciones de las organizaciones defensores de  derechos humanos y de víctimas de la política de desnacionalización incluyen  medidas afirmativas en favor de personas que le fue impedido acceder a sus documentos de identidad por primera vez o renovar sus documentos vencidos, entre las que se encuentran fomentar la participación política de jóvenes que en el pasado reciente se vieron afectado por la retención e incautación de sus documentos de identidad.

“Es responsabilidad  del Estado Dominicano, evitar que el estigma y la discriminación  impida a líderes y lideresas  comunitarios ejercer su derecho constitucional a la participación política, presentando candidaturas a cargos electivos en igualdad de condiciones, con los demás ciudadanos dominicanos”.

En representación de sociedad civil y las personas afectadas por la política de desnacionalización participaron en el dialogo el  Movimiento Reconocido, el Centro Pedro Francisco Bonó, el Movimiento de Mujeres Dominico-Hatianas (MUDHA), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) , Centro Cultural Dominico-Haitiano (CCDH),  Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA),  el  Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO) y  la organización Derechos Vigentes .