Este miércoles Europa amaneció revuelta: tractores bloqueando autopistas, marchas ciudadanas en varias ciudades y concentraciones masivas ante sedes públicas marcaron una nueva jornada de protestas agrarias en España, Francia, Bélgica y otros países de la Unión.

Las organizaciones del campo salieron a rechazar abiertamente el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y el Mercosur, porque temen que ponga en riesgo la rentabilidad de sus explotaciones. Detrás de las movilizaciones, sin embargo, hay un debate económico de fondo que conviene explicar con claridad.

¿Qué es el acuerdo y qué busca?

El pacto entre la UE y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) pretende reducir aranceles y barreras comerciales para que sea más fácil vender bienes y servicios entre ambos bloques. La idea económica es sencilla: si el comercio fluye con menos obstáculos, cada región puede especializarse en lo que produce mejor y el conjunto de la economía gana en eficiencia.

En términos técnicos, el acuerdo establece una reducción progresiva —y en muchos casos eliminación— de aranceles sobre la mayor parte del comercio bilateral, junto con contingentes para productos sensibles, reglas de origen comunes y compromisos para facilitar inversiones y servicios. Es un enfoque de apertura negociada y regulada, muy distinto del giro proteccionista basado en subidas unilaterales de aranceles que caracterizó la política comercial de Donald Trump, orientada a frenar importaciones más que a integrarlas bajo reglas comunes.

En términos generales, este tipo de acuerdos suele traducirse en más exportaciones para los sectores competitivos, importaciones más baratas y mayor variedad —y a menudo menores precios— para los consumidores.

Para los países del Mercosur, el beneficio es igualmente estratégico: obtienen acceso preferencial a uno de los mayores mercados del mundo, con mayor estabilidad normativa y atractivo para inversiones. Esto puede impulsar sus exportaciones agropecuarias e industriales, favorecer la modernización productiva y diversificar economías tradicionalmente dependientes de materias primas.
¿Por qué protesta el sector agrario?

Los agricultores y ganaderos europeos no discuten tanto la teoría como las condiciones reales de competencia. Alegan que trabajan bajo normas mucho más estrictas que las de muchos países sudamericanos en materia de uso de pesticidas, bienestar animal, trazabilidad alimentaria, protección ambiental y condiciones laborales. Cumplir estas reglas eleva sus costes de producción.

En varios países del Mercosur, en cambio, las exigencias son diferentes o menos estrictas, lo que permite producir a menor coste. El temor del campo europeo es claro: la entrada de productos sudamericanos más baratos presionará los precios a la baja, reducirá márgenes y pondrá en peligro muchas explotaciones, especialmente pequeñas y medianas.

Pero no se trata solo de ingresos. Muchas explotaciones agrícolas sostienen la economía de zonas rurales con pocas alternativas productivas. Por eso el sector percibe el acuerdo como una amenaza económica, social y territorial.
¿Entonces el acuerdo es bueno o malo para Europa?

Depende del nivel de análisis.

A nivel macroeconómico —es decir, para el conjunto de la economía— Europa puede aumentar sus exportaciones industriales y de servicios hacia Sudamérica. Las empresas acceden a materias primas y alimentos más baratos, y los consumidores se benefician de precios más bajos. El resultado esperado es una ganancia económica neta para el bloque europeo en su conjunto.

A nivel sectorial y territorial, en cambio, algunas ramas agrícolas afrontarán mayor competencia. Esto puede aumentar la presión sobre precios y rentabilidad, afectando especialmente a regiones rurales donde el campo es un pilar económico. Aquí aparecen perdedores claros y localizados.

La clave del conflicto

El núcleo del problema es distributivo. Mientras los beneficios del acuerdo se reparten de forma difusa entre millones de consumidores y empresas, las pérdidas se concentran en colectivos concretos que las sienten de forma intensa y visible.

Además, la agricultura no es un sector cualquiera: cumple funciones ambientales, sociales y de cohesión territorial. Si la presión competitiva acelera su reducción, el impacto trasciende lo puramente económico.

El verdadero debate

La cuestión ya no es “libre comercio sí o no”, sino cómo gestionar los efectos desiguales de la apertura comercial. Para que acuerdos como este sean sostenibles, es fundamental acompañarlos de mecanismos que protejan a sectores sensibles, garantizar exigencias medioambientales y sanitarias equivalentes entre los socios comerciales, y promover políticas de apoyo a la modernización y adaptación del medio rural. Solo así la liberalización puede generar beneficios macroeconómicos sin comprometer la estabilidad social y territorial.