Al conglomerado humano procedente de esta media isla de raza atípica, estampa perenne que nos recuerda los abusos perpetrados por nuestros conquistadores; los que compartimos la misma lengua impuesta en el nombre de Dios, la cual nos permitió tener una identidad y cultura común que nos sostiene atado a la misma historia, comportamos o no, el mismo territorio, es lo que nos da el privilegio de llamarnos una nación.

Estas características comunes por sí sola no bastan para poder convivir de manera armoniosa como sociedad. Fue necesario crear normas y reglas de convivencias que permitieran regir la vida dentro de ese conglomerado humano, donde prevaleciera la condición de iguales antes la ley, sin ningún tipo de discriminación ni privilegios. Fue ese conjunto de normas los que nos permitió pasar de ser una nación a ser un Estado.

Estado que por sí solo no podía operar, para hacerlo funcional hubo que designar en las instituciones a las personas que lo administrasen y que sus actuaciones se enmarcaran dentro del ámbito de la ley, garantizasen el cumplimiento de las normas y la condición de iguales, sin privilegios y sin excepciones, administrador al que llamamos gobierno.

Este principio de igualdad está garantizado por la Constitución de la República en su Artículo 39, que indica que  “Todas personas nacen libre e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión opinión política o filosófica, condición social o personal”.

Entonces, ¿por cuáles razones nuestras autoridades han creado una nueva categoría de ciudadanos a los cuales se les permite ser tratado con privilegios, otorgándole una patenta para infligir la ley?  Esta casta excepcional llamados “Padres de Familia”, es una patenta que les autoriza a vulnerar los derechos de todos y todas, pues es la excusa más idónea para exonerarlo de responsabilidades, violentar las normas y estar amparado por aquellos y aquellas que, cuando asumieron su función, juraron acatar y hacer cumplir la ley.

Bajo este argumento a los honorables miembros de esta casta que fungen como choferes de vehículos de transporte públicos, se les permite no usar cinturón de seguridad, al margen de que pueden montar seis pasajeros, aparte del conductor, pueden estacionarse donde ellos consideren y colocarle a sus vehículos para choques para intimidarnos a todos los demás que circulamos por las vías públicas. Sin son  los motorizados, no tienen que  portar licencias de conducir ni matriculas, pueden cruzar los semáforos en rojos, circular por las aceras, cruzar en vías contrarias, conducir temerariamente y producir según las estadísticas, el mayor número de muerte por  accidentes

Pero a estos honorables ciudadanos de excepción también se les permite colocar sus negocios en las aceras, en los puentes peatonales, obstruir las vías públicas, arrabalizar las ciudades y las propiedades privadas y si son removidos hay que indemnizarlos por el daño que le hemos causados y reubicados en otro entorno más favorable y para completar el combo completo, por su condición, son trabajadores informales que no tributan al fisco.

Pero es a un  número importante de estos angelitos de la caridad a los que se les permite no pagar el servicio de energía eléctrica y ante cualquier dificultad si se les convida a hacer  el pago del servicio,   se les entrega un subsidio del gobierno llamado  BONO LUZ,  aunque si ellos y ellas  pueden  pagar sus servicios  de internet y teléfono  prepago y juega a diario en  las banca de loterías, con honrosas excepciones,  pero este bono es insuficiente , hay que premiarlo  e incentivarlo con otras subvenciones,  como premio a su mérito de ser supra ciudadanos, por ello se les otorga  el  bono aliméntate, bono gas, bono madre, bono navideño y para los super cumplidores motorizados  y transportistas de vehículos de transporte  públicos se le premia  con el  bono Moto Ben y Bono Gas Chofer y como son los únicos que sus hijos estudian, se les otorga el bono estudiantil, como premio a su esfuerzo.

 Todo esto sucede,  ante la mirada cómplice e indiferente de las autoridades del gobierno central y  los gobiernos locales, que le permites a estos “votos”, perdón a esas personas colocarse por encima del resto de la población. Pero que además  que se coloquen  por encima de nuestra Constitución y nuestras leyes. Haciendo de los mismos  unos "ciudadanos y ciudadanas" de excepción. Vaya privilegio.