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Opinión | Jenny Carolina Morón/ Departamento Legal Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas

Este 6 de noviembre, cuando conmemoramos el Día de la Constitución, como dominicana y defensora de derechos humanos me pregunto cuánto de lo que proclamamos como nación se cumple en la vida de nuestra gente.

Desde el trabajo con las mujeres y las comunidades, entiendo que honrar nuestra Constitución exige mirar si las personas pueden expresarse, organizarse y reclamar sus derechos con libertad y sin temor.

 Esta pregunta cobra fuerza cuando opinar, protestar o defender derechos expone a una persona a intimidación, descrédito u obstáculos institucionales. A esa reducción de las condiciones para participar libremente en los asuntos públicos le llamamos cierre del espacio cívico. Cuando esto ocurre, la ciudadanía pierde posibilidades de hacerse escuchar, vigilar al poder y exigir que las garantías constitucionales se cumplan.

 Esta situación nos debe preocupar porque nuestra Constitución establece que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, sustentado en la dignidad humana, los derechos fundamentales y la separación e independencia de los poderes públicos. Ese compromiso debe reflejarse en cada ley, política y actuación de las autoridades. Su cumplimiento se demuestra cuando protege también a quien cuestiona una decisión del Estado o denuncia una injusticia.

 Por eso, considero necesario revisar la distancia entre los derechos reconocidos y las condiciones que tenemos para ejercerlos. La libertad de expresión, de asociación y de reunión, así como el acceso a la justicia, deben estar al alcance de todas las personas. Cuando hacerse escuchar o recibir protección depende del dinero, de las relaciones políticas o de que nuestra opinión sea aceptada, la igualdad ante la ley se debilita.

 En ese mismo sentido, me preocupa que se esté clasificando a las organizaciones de la sociedad civil para decidir cuáles participan en los espacios donde se analizan modificaciones legislativas, programas y planes de gobierno. Si esa selección deja fuera a sectores por sus posiciones críticas o por las poblaciones que representan, se limita la pluralidad que estas discusiones necesitan. Los criterios de participación deben ser públicos, claros e inclusivos, y garantizar la presencia de los distintos sectores, especialmente de quienes vivirán las consecuencias de esas decisiones.

 La participación pierde sentido cuando solo se escucha a determinadas voces. Las organizaciones comunitarias, organizaciones de migrantes, de mujeres y de derechos humanos aportamos experiencias que deben formar parte de la construcción de las políticas públicas. Estar presentes permite explicar cómo una propuesta puede afectar a nuestras comunidades, plantear alternativas y exigir respuestas. Esa representación debe tener una posibilidad real de influir en lo que se decide.

 A estas barreras se suman las preocupaciones por la intimidación y presiones contra organizaciones sociales y el hostigamiento a personas defensoras de derechos humanos. Quienes acompañamos a las comunidades sabemos lo importante que es poder denunciar sin miedo. Cuando una persona calla por temor, una comunidad puede quedarse sin quien haga visible lo que está viviendo. Esa pérdida nos afecta como sociedad y debilita nuestra democracia.

 Frente a estas preocupaciones, la Estrategia Nacional para el Espacio Cívico, lanzada en 2025, representa una oportunidad que debe traducirse en hechos. Los compromisos de proteger la expresión, la asociación y la protesta pacífica deben sentirse en el trabajo de las organizaciones y en la vida de las comunidades. Su cumplimiento requiere abrir la participación a la diversidad de sectores, escuchar las denuncias y responder a las demandas ciudadanas.

 Este 6 de noviembre, honrar la Constitución nos exige asumir responsabilidades. A las autoridades les corresponde respetar los límites de su poder, garantizar derechos y rendir cuentas; al Congreso, escuchar, deliberar y fiscalizar con independencia; y a la justicia, brindar protección oportuna. También los partidos y la sociedad tenemos el compromiso de sostener un debate respetuoso, donde las diferencias puedan expresarse y las voces de las comunidades tengan lugar.

 Como dominicana, aspiro a que la Constitución se sienta en la vida de nuestra gente: en la libertad de una periodista para investigar, en la seguridad de una defensora para acompañar a su comunidad y en la confianza de una mujer para reclamar sus derechos. Para mí, honrar la Constitución es trabajar para que ninguna persona tenga que escoger entre defender sus derechos y vivir sin miedo.