Las hermanas Mirabal fueron el motor de la conmemoración del 25 de noviembre, una fecha que nos invita a reflexionar sobre su verdadero fundamento. Desde 1999, este día se ha convertido en símbolo de las luchas feministas, anclado en la defensa y protección de los derechos de las mujeres y las niñas, con el fin de prevenir y eliminar todas las formas de violencia.

Sin embargo, a pesar de que el Estado promueve e insta a sus dependencias a celebrar con fiestas y actividades de integración, las mujeres inmigrantes y sus descendientes continúan siendo víctimas de discriminación, racismo, xenofobia, violencia sexual y, de forma más feroz y persistente, de violencia estatal.

¿Cómo puede el gobierno conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer mientras obliga a médicos a dejar morir a mujeres, niñas y niños bajo la excusa de un protocolo de salud que no solo viola derechos fundamentales, sino que perpetúa una violencia institucionalizada? Esta violencia afecta especialmente a mujeres migrantes y a aquellas atrapadas en el apartheid jurídico instaurado por la Sentencia 168-13.

No se puede conmemorar ni celebrar avances en la defensa de los derechos de las mujeres mientras se niega el acceso a lo más básico y humano: los servicios de salud.

Es una expresión de hipocresía que el Estado dominicano celebre una fecha que nació para impulsar procesos de protección hacia las mujeres, sin reconocer que las mujeres migrantes y sus descendientes no son beneficiarias de esos mismos derechos.

No es fácil aceptar que el color de la piel y el origen de una mujer puedan convertirla en menos mujer. No es fácil asumir que la pobreza extrema y la crisis humanitaria deshumanicen a las mujeres migrantes y sus hijas, hasta convertirlas en objeto de campañas políticas que les roban el acceso a la salud y a la dignidad.

Un día como hoy debe invitarnos a construir una narrativa distinta: una que incluya a todas las mujeres, especialmente a aquellas que han sido históricamente excluidas. Conmemoremos, sí, pero solo cuando se proteja efectivamente a todas las mujeres sin discriminación, y cuando ellas estén verdaderamente libres de violencia sobre todo de aquella ejercida desde el poder.

Por Maria Bizenny Martinez.

Coordinadora Dpto. de derechos humanos e incidencia política

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