la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica su informe temático “El impacto de la vigilancia digital en la libertad de expresión en las Américas”, que analiza el uso de tecnologías de vigilancia en la región, su creciente normalización en la vida pública y sus efectos sobre los derechos humanos. Además, el documento examina el marco jurídico aplicable, documenta buenas prácticas y avances, y señala los principales desafíos para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en la materia.

El Informe advierte que las técnicas de vigilancia digital invasivas —consideradas excepcionales en los marcos del derecho internacional de los derechos humanos debido a su impacto negativo en derechos como los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad— se están normalizando cada vez más en la práctica y en la percepción pública en las Américas, lo que favorece la creación de un entorno permisivo para la violación continua de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Relatoría Especial constató que las tecnologías de vigilancia —desde el software espía comercial hasta los sistemas de reconocimiento facial, el seguimiento por geolocalización y la recopilación masiva de datos— se han desplegado en toda la región bajo marcos jurídicos insuficientes, con mecanismos de supervisión inadecuados y una transparencia mínima.

La Oficina también registró con preocupación el uso de la vigilancia digital para la persecución selectiva de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, opositores políticos, abogados y otros actores de la sociedad civil, documentado en varios países de la región. Estos casos demuestran que, en muchos contextos, la vigilancia no se emplea con fines legítimos de aplicación de la ley o de seguridad nacional, sino como herramienta de control político, represión de la disidencia y censura. Al respecto, la Relatoría subraya que las repercusiones de la vigilancia digital en los derechos humanos son graves y generalizadas, afectando no solo a las personas objeto de vigilancia, sino también a sus familias, contactos y a la sociedad en su conjunto, al socavar la defensa de los derechos humanos, la libertad de prensa, el discurso público, la participación ciudadana y la democracia misma. Asimismo, se destaca que ningún Estado de las Américas ha logrado enjuiciar a los responsables de abusos de vigilancia ni ha proporcionado una reparación significativa a las víctimas.

La información presentada en este informe demuestra la urgente necesidad de contar con mecanismos integrales para prevenir los abusos de vigilancia antes de que se produzcan, detectarlos cuando ocurren, proporcionar remedios efectivos a quienes han sido perjudicados y sancionar a las entidades que cometen o son cómplices de abusos de derechos.

De esta manera, el informe presenta un conjunto de recomendaciones dirigidas, en primer lugar, a los Estados miembros de la OEA, con el fin de superar los vacíos legales y jurisdiccionales en sus marcos jurídicos sobre vigilancia estatal, establecer mecanismos independientes de supervisión, así como crear y fortalecer los sistemas de rendición de cuentas. También se formulan recomendaciones para las empresas desarrolladoras de tecnologías de vigilancia y para las instituciones financieras e inversionistas que financian estas actividades, a quienes se destaca el deber de implementar procesos integrales de debida diligencia en derechos humanos, cooperar con investigaciones penales y procedimientos judiciales relacionados con abusos en el uso de estas tecnologías, y establecer requisitos contractuales vinculantes de cumplimiento de los derechos humanos por parte de todos sus clientes gubernamentales e institucionales. Estas recomendaciones están alineadas con el marco jurídico interamericano de derechos humanos, reafirmando el compromiso de promover el debate público libre y pluralista, esencial para el fortalecimiento de la democracia en las Américas.

Finalmente, la Relatoría Especial destaca que este informe fue elaborado con la amplia participación de diversos actores involucrados. La Oficina agradece especialmente a los Estados miembros de la OEA, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, periodistas, personas expertas y quienes brindaron sus testimonios, insumos y contribuciones a lo largo de las distintas fases del proceso de elaboración.

Para acceder al informe completo, disponible en inglés, haga clic aquí.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.