Las políticas desarrolladas para el sector de medios comunitarios desde la asunción de Mauricio Macri como Presidente de Argentina “se caracterizan por la persecución y el ahogo financiero, mientras el Estado incumple con su obligación de legalizar y fomentar a estas radios y televisoras”, señala el estudio “Regresión.

Las nuevas políticas para medios comunitarios en Argentina”, realizado por investigadoras de cinco universidades nacionales, que difundió el diario Página 12.

El informe señala que entre 2009 -tras la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA)- y 2015 -que marca el fin del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner-, aún con demoras y dificultades, las políticas vinculadas al sector sin fines de lucro se orientaron a su legalización y fomento. Mientras tanto, a partir de diciembre de 2015 “se produce una regresión en los derechos adquiridos a partir de la restauración y la profundización de la orientación histórica de las políticas de comunicación que privilegiaba a los medios comerciales, dejaba a los estatales en un rol subsidiario y perseguía o –en el mejor de los casos– ignoraba a los comunitarios”, afirma.

El documento señala el desfinanciamiento de programas destinados al fomento del sector y advierte que “las nuevas políticas se expresan, por un lado, en decomisos e intimidaciones a emisoras comunitarias que padecen la ilegalidad en diferentes puntos del país y, por otro, en la dilación en la ejecución de fondos de fomento, intimidaciones por supuestas irregularidades en la rendición de fondos y desprestigio del fondo y de las radios y emisoras comunitarias”.

La investigación fue realizada por un equipo de investigadores formado por María Soledad Segura (Universidad Nacional de Córdoba), Verónica Longo (Universidad Nacional de San Luis), Emilia Villagra (Universidad Nacional de Salta), Ana Laura Hidalgo (Universidad Nacional de San Luis), Natalia Traversaro (Universidad Nacional de Córdoba), Alejandro Linares (Universidad Nacional de La Pampa), Larisa Kejval (Universidad de Buenos Aires) y Natalia Vinelli (Universidad de Buenos Aires). Contó con el financiamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Defensoría del Público.

Fuente

Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia