La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) solicitó hoy al Gobierno de la República Dominicana asegurar que todas las personas que vieron su ciudadanía puesta en tela de juicio por el veredicto del tribunal constitucional en 2013 no sean deportadas.
El portavoz de ACNUR en Ginebra, Adrian Edwards, afirmó que la decisión de esa corte y el plan de regularización que le siguió, que dio un plazo hasta medianos de junio, involucra a miles de personas.
“La mayoría de ellas nacieron en la República Dominicana de padres haitianos. Con una población de apátridas estimada en más de 200.000 personas, las consecuencias de las expulsiones pueden ser devastadoras”, advirtió el portavoz.
Explicó que ACNUR tiene preocupaciones de derechos humanos con las personas que pueden ser expulsadas y que sean enviadas por la fuerza a Haití, aunque no sean ciudadanos de ese país.
“Esto tendría graves repercusiones y constituiría un serio revés para los esfuerzos mundiales por poner fin a los casos de apatridia”, consideró.
Por otro lado, el Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) , William Lacy, también urgió a las autoridades dominicanas a que extiendan el plazo de registro para que miles de haitianos puedan legalizar su estatus en el país.
“Muchas de las personas afectadas han afrontado dificultades graves para obtener la documentación y por tanto necesitan un tiempo adicional y asistencia para hacer sus solicitudes de regularización”, dijo el responsable de la OIM.
Añadió que la preocupación principal de la Organización es que muchos de los solicitantes no hayan podido completar sus documentos a tiempo para poder permanecer en el país, muchos de los cuales tienen descendencia o en la República Dominicana o en Haití o, en algunos casos, en ambos.