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Derechos humanos | Redacción Espacinsular

Este comité, constituido el 5 de noviembre del 2013 por cientos de ciudadanos y ciudadanas dominicanas en solidaridad con las víctimas de la resolución administrativa de la Junta  Central Electoral (JCE) 12-07 y la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, celebra con alborozo que finalmente se haya dispuesto la validación y entrega de sus documentos de identidad a más de 55 mil personas.

 Tal como anunció el presidente de la JCE ayer miércoles 24 en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio,las actas de nacimiento de esas personas han sido revalidadas en virtud del mandato de la Ley 169-14 del 23 de mayo del 2014 y ya están a disposición de los interesados en las 165 oficialías del estado civil.

Celebramos, también, que a quienes les habían suspendido sus cédulas de identidad y electoral se les emitirán de nuevo con los mismos números, como dispone la ley. Del mismo modo, celebramos la resolución del pleno de la JCE que ordena a la dirección de informática hacer una aplicación para que todos aquellos que tenían cédula, cancelada o inhabilitada, se le restituya y puedan validar los actos civiles que desarrollaron anteriormente.

Reconocemos el valor y la tenacidad de muchas/os dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana que con su lucha han logrado recuperar su derecho a la nacionalidad y han dado un ejemplo de dignidad, que enaltece lo mejor de nuestra tradición como país.   

Hemos podido comprobar con varios de los afectados, que en los últimos días se ha generalizado la entregada de las copias de las actas de nacimiento, y las correspondientes cédulas de identidad. Eso implica que  esas 55 mil personas podrán ejercer su derecho de registrar a sus hijos e hijas como dominicanos y dominicanas,  como es el caso de Juliana Deguís que tras recibir su documentación pudo inscribir como dominicanos a sus cuatro hijos.

Tal como dijimos al promulgarse la ley 169-14, la misma no satisface plenamente los derechos de todos los nacidos en el país descendientes de inmigrantes indocumentados porque, aunque devolvía la nacionalidad a los que habían sido inscritos en el registro civil, dejaba como extranjeros a quienes no pudieron inscribirse. Pese a ello, aceptamos la ley como una transacción política. 

A consecuencia de esa limitación, hemos registrado el lamentable cuadro de cientos de familias, en que unos hijos quedarán como dominicanos y otros como extranjeros en su propia tierra. Sabemos que más de 8 mil pudieron inscribirse en el Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes, pero muchos otros no pudieron hacerlo. Eso los deja sujetos a ser deportados del país como si fueran extranjeros indocumentados. 

Tal ocurrencia convertiría a esas personas en apátridas y mantendría vivo el escándalo internacional originado por el despojo. Valoramos que el gobierno haya dado seguridades de que ninguno de los nacidos en el país será expulsado como si fueran inmigrantes irregulares. Encarecemos el cumplimiento estricto de tal disposición y nos permitimos sugerir la implementación de un mecanismo de identidad y arraigo acorde con la realidad social y humana de este segmento poblacional para que obtengan una documentación definitiva. 

Finalmente, sugerimos al gobierno que dé la mayor difusión posible a la validación de la documentación de las 55 mil personas cuyas vidas habían quedado en suspenso a causa de la sentencia 168-13 para que se pueda reparar siquiera parcialmente el daño sufrido por la imagen del país en el mundo, y disminuir las condenas internacionales.

Comunicado de prensa