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Derechos humanos | Redacción Espacinsular

Varias organizaciones de derechos humanos condenaron hoy los procedimientos de repatriaciones masivas de haitianos que lleva a cabo el Gobierno del presidente Danilo Medina a través de la Dirección General de Migración. Dicen que se violan los derechos de los inmigrantes. 

 A continuación el comunicado de prensa íntegro.-  

En víspera de la conmemoración del Día Internacional del Migrante a celebrar el próximo 18 de diciembre, las organizaciones aquí presentes queremos demandar del Estado dominicano un compromiso real en la protección de los derechos humanos de la población inmigrante sujeta a ser repatriada desde República Dominicana hacia Haití, tras culminar en el mes de junio el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE).

Aprovechamos esta importante fecha, para alertar a la sociedad dominicana del hecho de que el tema migratorio en el país, no puede ser visto únicamente desde la óptica de Seguridad Nacional, ni estar basado solo en una política de detención y expulsión de personas migrantes, a lo largo del territorio nacional, sino además un tema de derechos humanos.

Datos avanzados por las autoridades revelan que el Plan acogió un poco más de 4,000 inmigrantes  que lograron completar los requisitos establecidos y recibirán un carnet. La inmensa mayoría,  de los casi 290 mil que acudieron al Plan solo se les ha otorgado un precario status de No Residente, lo cual no parece resolverle su situación migratoria en el país.

Una cantidad considerable de estos beneficiarios y beneficiarias tienen su carnet vencido, situación que aumentará en los próximos meses; y probablemente estas personas estarán expuestas a un ambiente de incertidumbre generado alrededor del tema, que motivan miedo y terror, y que puede dar paso al fenómeno del macuteo y posible extorsión proveniente tanto de oficiales de migración y particulares, afectando a muchas personas que tienen residiendo aquí más de 20 años y que han aportado con su trabajo al desarrollo del país.

Denuncias de organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema migratorio, dan cuenta a la opinión pública de diversas violaciones de que están siendo víctimas inmigrantes haitianos que enfrentan ahora una inminente repatriación, al no haber podido completar con éxito los requerimientos para acogerse al Plan en el plazo establecido, debido a las trabas burocráticas que caracterizaron el proceso, lo que fue denunciadas en su momento.

Según datos suministrados por organizaciones que monitorean las expulsiones, más  60,000.00 haitianos indocumentados han regresado a su país de forma “voluntaria inducida” -presumiblemente para no ser víctimas de la situación antes señalada-, se ha comprobado que las expulsiones se realizan de manera cuasi oficial por los cuatro puntos fronterizos en donde fluyen mayor número de personas que son: Jimaní/Malpasse, Dajabón / Wanament Elías Piña/Belladerre y Pedernales/Anse-a-Pitres. Se cree que la cifra podría ser más alta, ya que existen puntos no oficiales de salida, que han sido identificada por las por organizaciones que trabajan el tema migratorio a lo largo de la línea fronteriza.

Destacamos que si bien el gobierno no está llevando a cabo deportaciones masivas,  abundan los relatos de personas que son expulsadas del territorio nacional en horas no establecidas en las normativas.  En algunos casos el parámetro para la detención y  expulsión es el color de la piel, esos procesos de detenciones y deportaciones se dan fuera de los parámetros establecidos por la Constitución Dominicana, y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el país.

De manera específica, destacamos el caso denunciado por El Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA), en el cual agentes de la Dirección General de Migración cometieron atropellos contra el joven inmigrante haitiano de 29 años, Jaccius Dayiti, durante un operativo realizado en la comunidad de Hato del Yaque, de Santiago. El caso de Jules Mismac y Luc Blanco, víctimas de arrestos arbitrarios de militares dominicanos. Así mismo, el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitiana (MUDHA) ha divulgado imágenes en su sitio web de la agresión a un nacional haitiano en un operativo realizado el 30 de noviembre, por la Dirección General de Migración en el kilómetro 9 de la Carretera Mella, en la Zona Oriental. Por solo mencionar algunas de las violaciones registradas.

Es decir, que continúan el sistema de redadas y deportaciones en diferentes puntos de la geografía nacional, las redadas migratorias no individualiza a las personas sujetas a este procedimiento, lo que les da carácter colectivo y pueden aparecer actitudes arbitrarias e ilegales, desde el momento de la detención y privación de libertad, hasta la expulsión del territorio dominicano. Estas acciones son aplicadas en diversos casos con criterios discriminatorios de diferentes índoles, basadas en el perfil fenotípico, “de parecer haitiano/a”, Se han denuncia la penetrando ilegal en residencias sin haber cumplido las formalidades legales para este tipo de intervención; en ocasiones los afectados y afectadas  no cuentan con la oportunidad de demostrar su identidad y estatus migratorio.

Entendemos que el Estado dominicano tiene todo el derecho de repatriar a cualquier migrante que esté de manera irregular en la República Dominicana, lo que preocupa a este colectivo de organizaciones, son las deportaciones sin que se respeten las garantías del debido proceso migratorio, el principio de la unidad familiar, el derecho a la integridad personal y a la propiedad de estas personas.

Una situación que nos llama poderosamente la atención, es el drama humano que viven inmigrantes haitianos que se encuentran en los campamentos establecidos en territorio haitiano, no muy lejos del paso fronterizo Pedernales/Anse-à-Pitres, se trata de concentraciones de personas en Parc Cadeau 1 y 2, Tèt-a- L’eau, Savanne Galata y  Fond Jannette. Estos lugares acogen a aproximadamente a 2,400 personas, número que crece en la medida de que se incrementa las redadas y las expulsiones desde territorio dominicano. Estas personas viven en condiciones infrahumanas.

Los gobiernos dominicano y haitiano conocen esta realidad, sin embargo, la misma no se difunde de manera adecuada, en estadísticas oficiales, lo que parece limitar que ambos estados realicen acciones coordinadas y de seguimiento sobre dicha situación, que amenaza con derivar en una crisis humanitaria de orden sanitario que podría extenderse en la Isla.

Es lamentable ver en los campamentos señalados menores de edad, jóvenes y mujeres expuestos a la promiscuidad por el hacinamiento en que viven,  niñas en estado de gestación, rostros afligidos pequeños que exhiben poca higiene, desnudos, descalzos y visiblemente desnutridos del hambre, se denuncia la presencia de posibles casos de cólera, inclusive de dice que ha habido unos 7 deceso por este mal, que es una amenaza latente para comunidades aledañas a Anse-a-Pitres, incluido comunidades pertenecientes a la provincia de Pedernales.

Se han reportado una situación que reviste importancia que debe ser tomada en cuenta, pero por el gobierno de República Dominicana, es presencia en estos campamentos de personas dominicanos/as de ascendencia haitiana.  Mueve a preocupación que agentes de migración lleven a cabo detenciones arbitrarias para fines de expulsión contra personas nacidas en el territorio dominicano. Como ya han denunciado organizaciones que trabajan con población descendiente de migrantes, como es el caso del Movimiento Cívico Reconocido Reconoci.do. Se han documentado unos 30  casos de dominicanos y dominicanas que, con sus papeles en regla o que demuestran con documentos estar inscritos en el régimen de la  Ley 169-14, han sido detenidos.

Por lo ante expuesto, las organizaciones presentes demandamos:

 

  1.  El cumplimiento fiel del protocolo de entendimiento firmado por ambos países el 2 de diciembre de 1999, relativo a la gestión de las deportaciones.

 

2.      Que el Estado Haitiano y los consulados y embajadas de Haití en el país tengan una participación proactiva en este proceso y de acompañamiento a sus nacionales.

3.      Que el Estado dominicano aplique estándares internacionales de derechos humanos en los casos de expulsiones o deportaciones de personas no nacionales.

4.      Que las autoridades haitianas adopten una posición más colaborativa y responsable, frente a los campamentos ubicados en Anse-à-Pitres.

5.      Que siga avanzando  a través de los canales diplomáticos, el diálogo entre el gobierno dominicano y haitiano en el proceso de repatriación en todo su contexto.

Finalmente,  Centro Cultural Dominico Haitiano (CCDH), Movimiento Sociocultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), Movimiento de Mujeres Dominico Haitiano (MUDHA), COTEDO, Alas de Igualdad, Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe  (OBMICA),  hacemos un llamado a todos los sectores para que juntos construyamos cambios estructurales, mediante el diálogo permanente y efectivo, en busca de una política de Estado en materia de migración que garanticen los derechos humanos de las personas inmigrantes en el proceso de repatriación.