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Derechos humanos | Redacción Espacinsular

En enero de 2015 concluyó el mandato de la mayoría de los legisladores en Haití, sin que se celebraran comicios para elegir a sus reemplazantes, lo cual tuvo como resultado el cierre del Parlamento.

Si bien Michel Martelly ejerció la presidencia con arreglo a disposiciones constitucionales que permiten la continuidad de las instituciones gubernamentales, la falta de un poder legislativo y el prolongado impasse político en materia electoral obstaculizaron la posibilidad del gobierno haitiano de atender las necesidades básicas de su población, resolver problemas de derechos humanos de larga data o responder a las persistentes crisis humanitarias.

En junio, solamente continuaban viviendo en campamentos el 3 por ciento de los desplazados internos a causa del terremoto de 2010, según la Organización Internacional para las Migraciones. No obstante, las autoridades no brindaron asistencia para que gran parte de los 60.000 desplazados internos que aún existen pudieran reubicarse o regresar a su lugar de origen, y muchos continuaban expuestos a riesgos ambientales y la amenaza de desalojos forzados.

La epidemia de cólera en Haití, que en cinco años le ha costado la vida a más de 9.500 personas y ha infectado a más de 770.000, experimentó un rebrote en los primeros cuatro meses de 2015, tras haber registrado un descenso sustancial durante 2014. Al 1 de agosto, los presuntos casos de cólera eran más de 20.500 y 175 personas habían muerto por esta enfermedad.

Un controvertido plan de regularización de ciudadanos extranjeros implementado en la vecina República Dominicana provocó que miles de haitianos y dominicanos de origen haitiano ingresaran a Haití, sin que las autoridades estuvieran debidamente preparadas para atender sus necesidades humanitarias.

Elecciones

Al momento de la redacción de este informe, casi todos los cargos nacionales y locales de pública elección estaban vacantes o habían sido cubiertos transitoriamente, a excepción del presidente y un tercio de los senadores. Luego de negociaciones entre el consejo electoral transitorio, el poder ejecutivo y los partidos políticos, en marzo se fijaron por decreto presidencial tres fechas electorales: una primera ronda de elecciones legislativas el 9 de agosto; una segunda ronda de elecciones legislativas, primera ronda de elecciones locales y municipales, y elecciones presidenciales el 25 de octubre; y el ballotage presidencial el 27 de diciembre.

Diversas organizaciones de derechos humanos haitianas expresaron consternación por actos de violencia en el período previo a las elecciones. También documentaron irregularidades en las elecciones de agosto, debido a las cuales se debió repetir la primera ronda de elecciones legislativas en 22 de los 119 distritos y se celebró simultáneamente con las elecciones presidenciales en primera vuelta.

Las elecciones del 25 de octubre se desarrollaron mayormente sin incidentes de violencia, pero tuvieron poca asistencia. Cerca del 25 por ciento de los votantes incluidos en el padrón participaron en los comicios, y algunos veedores y contralores electorales alertaron sobre fraude y falta de transparencia en las mesas de votación y en el centro de cómputos donde se recuentan los votos. En reiteradas protestas en reacción ante los resultados de la primera ronda de elecciones presidenciales, la policía lanzó gases lacrimógenos y detuvo a manifestantes. El 18 de noviembre, dos candidatos presidenciales señalaron que fueron agredidos por disparos policiales durante una protesta, y uno aseveró haber recibido un impacto de bala de goma en la cabeza.

Las autoridades electorales desestimaron los pedidos de que una comisión independiente fiscalice los votos en las elecciones presidenciales en primera vuelta. Ocho candidatos presidenciales, entre ellos Jude Célestin, quien salió segundo en la primera vuelta, emitieron una declaración conjunta el 29 de noviembre manifestando que no podían desarrollarse elecciones justas sin antes reformar a la comisión electoral y a la Policía y que, de no mediar estos cambios, las elecciones del 27 de diciembre debían ser canceladas y se debía conformar un gobierno de transición que encabezara un diálogo nacional, redactara una nueva constitución y organizara elecciones libres y justas en una fecha muy posterior. Al momento de redacción de este informe, aún no se conocía la respuesta del gobierno a la declaración conjunta ni el resultado de las elecciones de diciembre.

Sistema de justicia penal

Persisten las graves condiciones de sobrepoblación en el sistema penitenciario de Haití, y numerosos presos viven en condiciones inhumanas. Los analistas sostienen que la sobrepoblación se debe en gran parte a la cantidad elevada de detenciones arbitrarias y al uso excesivo de la prisión preventiva (según Naciones Unidas, más del 70 por ciento de las personas presuntamente implicadas en delitos cumplen prisión preventiva), que a menudo se extiende en el tiempo, ya que los juicios se inician con considerables demoras. La ONU y otros socios internacionales han apoyado una variedad de iniciativas para abordar esta situación, como la apertura de nuevos centros de asistencia legal y la informatización del sistema de registro de casos en una jurisdicción en Puerto Príncipe.

La capacidad limitada de la Policía Nacional de Haití (PNH) contribuye a la inseguridad general en el país. Si bien el gobierno y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país, han promovido la reforma policial como una de las prioridades, han existido dificultades para capacitar a un número suficiente de cadetes ingresantes. En agosto comenzó la capacitación de 1.500 nuevos cadetes, además de la evaluación de otros 7.700 candidatos, lo cual sugiere que para 2016 se podría alcanzar la meta fijada en cuanto al número de policías.

Obstáculos a la educación y analfabetismo

Aproximadamente uno de cada dos haitianos de 15 años o mayor es analfabeto. El experto independiente de la ONU sobre Haití señaló en 2015 que una de las máximas prioridades de derechos humanos en Haití son las acciones para erradicar el analfabetismo.

En general la calidad de la educación en Haití es baja, y el 90 por ciento de las escuelas son administradas por entidades privadas. Human Rights Watch comprobó en 2014 que incluso algunas escuelas construidas recientemente carecen de infraestructura adecuada de agua y alcantarillado. El ministro de educación señaló en septiembre que el presupuesto nacional de educación debía incrementarse por lo menos al doble para que las reformas que pretendía aplicar tuvieran alguna posibilidad de éxito.

Juicios por abusos del pasado

El ex Presidente Jean-Claude Duvalier, quien regresó a Haití en enero de 2011, luego de casi 25 años en el exilio, fue acusado de delitos económicos y violaciones de derechos humanos presuntamente cometidos durante los 15 años de su presidencia, de 1971 a 1986.

En 2014, el Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe determinó que los crímenes de lesa humanidad eran imprescriptibles y dispuso ampliar la investigación de los cargos contra Duvalier, lo cual permitió que víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, ejecuciones sumarias y exilios forzados, recobraran la esperanza de que finalmente se hiciera justicia. No obstante, Duvalier falleció seis meses después de esa sentencia, y no llegó a ser enjuiciado. El Comité de Derechos Humanos y el experto independiente de la ONU sobre Haití han instado al país a proseguir la investigación y llevar ante la justicia a todos los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el período de Duvalier. A la fecha de redacción de este informe, no había concluido todavía una investigación sobre delitos perpetrados por colaboradores de Duvalier que había sido reabierta.

Violencia contra mujeres

La violencia de género es un problema extendido. No existen en Haití leyes específicas que tipifiquen las violaciones sexuales, la violencia doméstica, el acoso sexual u otras formas de violencia contra la mujer. El cierre del Parlamento en 2015 impidió que se tratara un proyecto legislativo para remediar esta falta de protección.

Trabajo doméstico infantil

Persiste el empleo de menores en el servicio doméstico, conocidos como restavèks. Losrestavèks, en su mayoría niñas, son menores enviados de hogares de bajos ingresos a convivir con familias de mayor nivel económico, con la esperanza de que sean cuidados y escolarizados, a cambio de realizar tareas domésticas livianas. Si bien no hay cálculos precisos, algunos estiman que 225.000 niños trabajan como restavèks. A menudo, estos menores no reciben pago alguno ni tienen acceso a educación, y son abusados física o sexualmente.

El código laboral de Haití no establece una edad mínima para el empleo en el servicio doméstico, si bien fija en 15 años la edad mínima para trabajar en empresas industriales, agrícolas y comerciales. La mayoría de los casos de trata de personas en Haití involucran arestavèks. En 2014, Haití promulgó una ley que prohíbe numerosas formas de trata, entre las cuales se incluye el alojamiento de menores con fines de explotación.

Actores internacionales clave

La MINUSTAH tiene presencia en Haití desde 2004 y ha contribuido a esfuerzos para mejorar la seguridad pública, proteger a grupos vulnerables y fortalecer las instituciones democráticas del país. En enero de 2015, representantes permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU viajaron a Haití por primera vez en tres años en el marco de una misión encabezada por la Embajadora de Estados Unidos ante la ONU Samantha Power y el embajador chileno Cristian Barros Melet.

En marzo de 2015, la MINUSTAH comenzó a reducir su personal, operaciones y presencia geográfica respetando un plan de retirada adoptado por el Consejo de Seguridad en octubre de 2014. El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el mandato de la MINUSTAH hasta el 15 de octubre de 2016.

En marzo y septiembre de 2015, el experto independiente de la ONU visitó Haití y se refirió específicamente a las precarias condiciones que enfrentan los haitianos deportados por la República Dominicana en campamentos en la frontera entre los dos países.

En 2012, un miembro del Grupo de expertos independiente sobre el brote de cólera en Haití convocado por el Secretario General de la ONU expresó que “la fuente más probable de introducción del cólera en Haití fue alguien afectado con la cepa de cólera de Nepal y vinculado al campamento Mirebalais de Naciones Unidas”.

En respuesta al rechazo por parte de la ONU de los reclamos de indemnización planteados por 5.000 víctimas de la epidemia, el Instituto de Justicia y Democracia en Haití y el Bureau des Avocats Internationaux, que representan a las víctimas, interpusieron en 2013 una demanda en la justicia estadounidense. La demanda fue desestimada en enero de 2015. Al momento de la redacción de este informe, se encontraba pendiente una apelación. Hasta la fecha, no ha existido una determinación independiente sobre los hechos relativos a la introducción del cólera y la responsabilidad de la ONU.

Según cifras de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU, se han formulado al menos 102 denuncias de abuso o explotación sexual contra personal de la MINUSTAH desde 2007, incluidas 7 entre enero y julio de 2015.