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Derechos humanos | Redacción Espacinsular

Una de las cuestiones más graves en materia de derechos humanos en la República Dominicana durante 2015 fue el trato de migrantes haitianos y ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana.

Las autoridades gubernamentales siguen implementando un fallo del Tribunal Constitucional que despojó de ciudadanía a decenas de miles de dominicanos que descendían de migrantes, en su mayoría de origen haitiano, a través de políticas de reinscripción de ciudadanos desnacionalizados por un lado, y de deportaciones masivas por el otro. Al mismo tiempo, el gobierno inició su primera acción integral de regularización de migrantes indocumentados, mayormente haitianos.

En noviembre de 2014, el Tribunal Constitucional también avasalló la protección de los derechos humanos cuando declaró inconstitucional la decisión del gobierno en 1999 de someterse a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.). La decisión generó una situación legal indefinida que aún no ha sido subsanada.

Privación arbitraria de la nacionalidad

Una sentencia de 2013 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana despojó retroactivamente de nacionalidad y ciudadanía dominicana a decenas de miles de personas. Según estimaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la decisión afectó a más de 200.000 personas, aunque el gobierno afirma que la cantidad sería de aproximadamente 100.000.

En 2014, el gobierno del Presidente Danilo Medina adoptó una Ley de Naturalización con el propósito de mitigar los efectos de la sentencia. Si bien la ley tuvo como finalidad restablecer distintos derechos de ciudadanía a los afectados por la decisión de 2013 y ofrecía un marco jurídico prometedor, su implementación ha estado marcada por numerosas irregularidades. Muchas personas no han conseguido resolver su condición de ciudadanía, a pesar de cumplir con los requisitos necesarios, y siguen expuestas al riesgo de deportación.

Migración y deportaciones

Entre junio de 2014 y junio de 2015, el gobierno también implementó un plan nacional de “regularización” para legalizar la condición de cientos de miles de migrantes indocumentados —en su mayoría haitianos— que habían vivido y trabajado en la República Dominicana antes de 2011. Al concluir el período de regularización, en junio de 2015, más de 288.000 personas habían presentado solicitudes para regularizar su situación.

Según informaron funcionarios, en el verano de 2015 más de 66.000 inmigrantes regresaron voluntariamente a Haití. No obstante, distintas organizaciones de derechos humanos han cuestionado la naturaleza “voluntaria” de estos retornos, ya que algunos migrantes aseveran haber sido expulsados, o haber huido del país por temor a la violencia de turbas. El proceso de regularización se vio opacado por algunos actos de ajusticiamiento en contra de ciudadanos haitianos, como el linchamiento de un hombre de esa nacionalidad en febrero y el homicidio de otro hombre haitiano en agosto.

Distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de protocolos de deportación claros y la posibilidad de que en el proceso de deportación se actúe deliberadamente en contra de ciertas personas en función de motivos raciales.

Condiciones en centros de detención

Si bien el gobierno ha creado “cárceles modelo” como parte de un programa para mejorar las condiciones penitenciarias, la mayoría de los internos permanecían en establecimientos tradicionales con grave sobrepoblación. En agosto, había más de 26.000 presos en un sistema con capacidad para 14.000. La Victoria, la prisión más grande del país, con capacidad oficial para 2.000 personas, alberga a más de 8.000 presos.

Violencia contra mujeres

Persiste el problema de la violencia contra mujeres y jóvenes. La Policía Nacional cuenta con una unidad especial para responder a estos casos. No obstante, entre enero de 2008 y octubre de 2014, la Policía Nacional informó más de 1.300 muertes debido a violencia de género. A la fecha del presente, la Cámara de Diputados estaba tratando una serie de reformas judiciales para abordar el problema.

Derechos reproductivos

A fines de 2014, la República Dominicana despenalizó el aborto en casos de violación sexual, incesto, determinadas malformaciones fetales y cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer. En diciembre, la Suprema Corte de Justicia determinó que la reforma era inconstitucional y restableció una prohibición penal absoluta del aborto que databa del siglo XIX.

Orientación sexual e identidad de género

La Constitución de 2010 define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. No hay en la legislación disposiciones integrales contra la discriminación de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). En 2015, organizaciones de derechos de personas LGBT informaron sobre actos de discriminación y violencia, incluidos homicidios, en particular contra personas transgénero.

Actores internacionales clave

En noviembre de 2014, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la aceptación de la competencia de la Corte I.D.H. por la República Dominicana en 1999, debido a que había sido aprobada por decreto presidencial, sin ratificación del poder legislativo. El texto constitucional vigente en ese momento no exigía tal ratificación.

Expertos en derecho del país y del ámbito internacional repudiaron el pronunciamiento, y señalaron que importaba una violación de las obligaciones del país conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El gobierno no ha denunciado formalmente la convención, ni tampoco ha ratificado la competencia de la Corte I.D.H., lo cual genera una situación de incertidumbre legal que menoscaba la seguridad jurídica de todos los tratados en la República Dominicana.