Dominican@s por Derecho saludamos la iniciativa de la Misión Permanente del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de impulsar el fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible en las Américas mediante el Proyecto de Declaración de Santo Domingo.
Valoramos esta reflexión, en tanto es autocrítica y reconoce que la falta de institucionalidad impide alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
Es propicio el momento para reiterar nuestra profunda preocupación por la crisis institucional que atraviesa la Junta Central Electoral, instancia que ha despojado a miles de ciudadanos dominicanos de sus derechos fundamentales, desoyendo así su mandato de garantizar la identidad y democracia.
La JCE ha institucionalizado una serie de prácticas y medidas discriminatorias que han marcado la vida de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, a quienes se les ha impedido u obstaculizado el acceso al registro civil y su documentación de identidad a partir de disposiciones administrativas sin asidero legal, quedando efectivamente apátridas.
Lamentamos que recursos erogados por organismos internacionales, entre los que se encuentra la OEA, previstos para el fortalecimiento y modernización del sistema de registro civil, sean utilizados para discriminar sistemáticamente a la población dominicana de ascendencia haitiana. Esta ejecución de fondos vulnera los derechos de dominicanos y dominicanas en su mayoría provenientes de comunidades empobrecidas y ya de por si excluidas, constituyéndose en una agresión a la participación y desarrollo y local.
República Dominicana también ha recibido fondos y asistencia técnica de la OEA para modernizar su sistema electoral, el cual sustenta la democracia misma. Ha quedado evidenciado, a partir de los resultados de los pasados comicios electorales, que la ineficiencia y arbitrariedad de la JCE no se circunscribe a los dominicanos/as de ascendencia haitiana, todos los ciudadanos y ciudadanas estamos expuestos a sufrir los embates del accionar arbitrario de funcionarios que se colocan por encima de la Constitución, leyes adjetivas, tratados y acuerdos internacionales.
La ejecución de ambas iniciativas de la JCE, instancia que tiene a su cargo arbitrar el proceso electoral y la administración del registro civil, revela la necesidad de estar vigilantes de la correcta aplicación del apoyo financiero para el fortalecimiento institucional, lo que debe estar sujeto al estricto cumplimiento de la ley, al respeto de los derechos humanos y el principio de no discriminación consagrados tanto en la Carta Democrática Interamericana como en la Constitución de República Dominicana.
A partir de la experiencia dominicana, exhortamos a las misiones que representan los Estados miembros de la OEA en esta 46ta. Asamblea General, a promover la creación de un mecanismo de rendición de cuentas y transparencia que permita a la sociedad civil monitorear y reportar casos de discriminación que ocurren en el proceso de modernización del registro civil, así como también condicionar la asignación de fondos de la OEA para el fortalecimiento institucional y modernización de los registros civiles al respeto infalible del principio de la no discriminación basada en género, raza, etnia, orientación sexual, entre otros.
El Colectivo también hace un llamado a los Estados miembros de la OEA a fortalecer los esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de los organismos de supervisión y protección de los derechos humanos de la región, dando respuesta a la situación de emergencia económica en la que se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El recorte presupuesto es un mensaje equivocado que lacera el más importante espacio de dialogo entre sociedad civil y los Estados en toda la región. Los donantes internacionales y a los gobiernos de América deben financiar urgentemente a la CIDH para no tenga que despedir hasta el 40% de su personal.
Animamos a nuestros representantes diplomáticos en Cancillería y la Misión Permanente de República Dominicana ante la OEA a incluir dentro de la Declaración de Santo Domingo medidas de fortalecimiento institucional que conduzcan al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.9 que llama a la garantía de acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos.
Es hora de que República Dominicana se convierta en ejemplo para el mundo impulsando un fortalecimiento institucional que procure una administración eficiente de los recursos públicos y el respeto de las garantías fundamentales a sus ciudadanos/as y ciudadanas en cada instancia de la administración gubernamental.
La Plataforma Dominican@s por Derecho es un espacio de articulación de organizaciones que trabajan con personas dominicanas de ascendencia haitiana desnacionalizadas.