Los países de la región, sobre todo Estados Unidos, siguen enviando a miles de personas de regreso a Haití, incluyendo a niños y niñas nacidos en el extranjero, a pesar de la terrible situación que atraviesa el país.

Las secciones a continuación presentan datos sobre expulsiones y deportaciones a Haití, así como descripciones de las condiciones de detención en establecimientos fronterizos en Estados Unidos. También detallan las graves crisis que hacen inadmisible la repatriación de personas a un país que, claramente, es inseguro. Pandillas controlan y aterrorizan barrios enteros, sobre todo en los alrededores de Puerto Príncipe; las instituciones democráticas se han colapsado; el sistema judicial es incapaz de proporcionar justicia y la impunidad es abrumadora. Las crisis política, judicial y de seguridad han agravado una situación humanitaria que ya era muy precaria.

Detención y expulsión o deportación a Haití

Del 1 de enero de 2021 hasta el 26 de febrero de 2022, 25.765 personas fueron enviadas de regreso a Haití en avión o en barco, incluyendo 4.674 niños y niñas, según la OIM. En total, el 18 % de las personas repatriadas durante ese período fueron niños y niñas; esa proporción aumentó del 16 % en 2021 al 25 % en los primeros meses de 2022.

Los datos de la OIM también muestran que, desde enero de 2021 hasta fines de febrero de 2022, 1.142 personas fueron repatriadas por vía marítima: los guardacostas de EE. UU. interceptaron a 794 personas en el mar y las enviaron de regreso, y Cuba envió a 348 haitianos de vuelta en barco después de haber llegado a su territorio, también en embarcaciones.

Personas expulsadas o deportadas a HaitiClick to expand Image

La mayor parte de estas personas fueron enviadas a Haití a partir de septiembre de 2021, cuando Estados Unidos comenzó a realizar repatriaciones desde Del Río, Texas.

Estados Unidos ha repatriado a 20.309 personas a Haití —79 % del total de repatriaciones—, incluyendo 5.004 niños. El gobierno estadounidense no envió a menores no acompañados en vuelos a Haití, pero al menos dos niños que viajaban en barco fueron interceptados y enviados de regreso por la Guardia Costera de EE. UU., indicó la OIM. Cuba y las Bahamas enviaron de regreso a por lo menos otros 10 niños no acompañados.

Del 19 de septiembre de 2021 al 14 de febrero de 2022, EE. UU. envió a Haití unos 2.300 niños y niñas de padres haitianos que habían nacido en el extranjero, informó la OIM. Cerca de 1.600 de esos niños nacieron en Chile, 580 en Brasil y 140 en otros países, como Las Bahamas, Argentina, México y Venezuela.  

La mayoría de los haitianos repatriados por EE. UU. salieron de su país hace años, huyendo de la violencia, la falta de oportunidades económicas o las consecuencias del devastador terremoto de 2010, según la OIM y las personas repatriadas entrevistadas por Human Rights Watch. La mayoría vivía en Chile o Brasil. Los entrevistados dijeron que abandonaron esos países debido a la discriminación, la desaceleración económica debido al impacto del COVID-19 y, en Chile, la dificultad de obtener estatus legal. Le explicaron a la OIM y a Human Rights Watch que, como sabían sobre la crisis económica y de seguridad en Haití, decidieron dirigirse a Estados Unidos, cruzando el hemisferio en autobús y a pie.

Haitianos que estuvieron en centros de detención fronterizos de EE. UU. —que posteriormente fueron expulsados en virtud del Título 42— han denunciado duras condiciones, incluyendo alimentación insuficiente, falta de acceso a duchas o productos de higiene durante semanas y falta de atención médica, incluso para niños que estaban sumamente débiles a raíz del viaje por el hemisferio, informaron a Human Rights Watch agencias de la ONU y los entrevistados. Personal de la OIM en Puerto Príncipe informó a Human Rights Watch que tuvieron que atender a algunos niños que llegaron deshidratados.

Algunos repatriados informaron que los agentes fronterizos estadounidenses les quitaron ropa, teléfonos, dinero en efectivo y documentación personal, y que les devolvieron algunas de sus pertenencias, pero no todas, al enviarlos de regreso a Haití. Una familia le contó a Human Rights Watch que un guardia estadounidense rompió sus documentos personales delante de ellos, incluyendo los certificados de nacimiento chilenos de sus hijos.

La OIM y Human Rights Watch recibieron testimonios de que las parejas son separadas y detenidas en diferentes centros fronterizos en EE. UU., sin darles información acerca de la situación de la otra persona. Repatriados y representantes de la OIM dijeron a Human Rights Watch que personas expulsadas desde Texas —pero no desde otros estados— viajaron encadenadas en el avión. Funcionarios haitianos les quitaron los grilletes al llegar a Haití.

Violación del derecho internacional y la legislación de EE. UU.

La legislación estadounidense y el derecho internacional en materia de refugiados y derechos humanos exige a las autoridades que evalúen los casos de solicitantes de asilo individualmente, a fin de cerciorarse de no enviarlos de regreso a lugares donde podrían estar expuestos a torturas o persecución, o donde sus vidas o su libertad podrían verse amenazadas. Human Rights Watch entrevistó a nueve personas que habían sido expulsadas de EE. UU. bajo el Título 42 a su llegada al aeropuerto de Puerto Príncipe. Todas dijeron que no habían sido sujetas a ese tipo de evaluación.

Una de ellas afirmó haberle comentado a un guardia del centro donde estaba detenida en EE. UU. que deseaba pedir asilo y que el guardia le había respondido: “Aquí no tienes derechos”. La OIM recogió testimonios similares, que apuntan a que las autoridades estadounidenses no han permitido a los haitianos detenidos solicitar asilo ni contactar a un abogado o al consulado de Haití, según un resumen de esos testimonios al cual tuvo acceso Human Rights Watch.

Algunas personas repatriadas dijeron al personal de la OIM y a Human Rights Watch que los funcionarios estadounidenses las subieron a aviones sin decirles cuál era el destino. No recibieron ninguna advertencia de que iban a Haití.

El gobierno de Biden es consciente de que está enviando a haitianos a un país que no es seguro. En mayo de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. volvió a designar a Haití para el Estatus de Protección Temporal (TPS) “debido a las condiciones extraordinarias y temporales en Haití que impiden que los nacionales regresen con seguridad”.

Desde un punto de vista jurídico, el TPS solo incluye a los haitianos que ya estaban en Estados Unidos al momento de la designación inicial. Sin embargo, la lógica y el razonamiento que subyacen dicha designación están basadas en las condiciones dentro de Haití, las cuales no permiten que ningún ciudadano haitiano regrese en condiciones de seguridad mientras esté vigente el estatus temporal. Si Haití es demasiado peligroso para repatriar a los haitianos que se encontraban en EE. UU. al momento de la designación del TPS, es igualmente peligroso para los haitianos que entren a EE. UU. después de ella.

Desde agosto de 2021, rige para Haití una advertencia de viaje de nivel 4 de la embajada de EE. UU., el nivel más alto. La advertencia advierte: “No viajar a Haití debido a la situación de secuestros, criminalidad, disturbios y COVID-19”.

Varios funcionarios y agencias del gobierno estadounidenses expresaron profunda preocupación por las políticas de EE. UU. de repatriaciones a Haití.

En agosto de 2021, la oficina de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional advirtió sobre el “fuerte riesgo” de que enviar personas de regreso a Haití viole las obligaciones de derechos humanos de EE. UU. en virtud de la legislación nacional e internacional dado al peligro que corren en el país. En septiembre de 2021, Daniel Foote, enviado especial de Estados Unidos a Haití, renunció a su cargo y denunció la “decisión inhumana y contraproducente de deportar a miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Haití”.

Al dejar su cargo en octubre de 2021, Harold Koh, quien asesoraba a la oficina legal del Departamento de Estado, calificó el uso del Título 42 como “inhumano” e “ilegal”; una violación de la obligación legal de “no disponer la expulsión o el retorno (refouler) de personas que teman ser perseguidas, asesinadas o torturadas, especialmente los migrantes que huyen de Haití”.

Varios organismos de la ONU también han sonado la alarma.

En septiembre de 2021, la OIM, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) dijeron que los países deben abstenerse de expulsar a haitianos sin realizar una evaluación adecuada de sus necesidades individuales de protección, deben reconocer sus derechos humanos fundamentales y ofrecer mecanismos de protección o acceso legal a vías regulares de migración. El mes siguiente, expertos en derechos humanos de la ONU advirtieron que las “deportaciones sistemáticas y masivas” y las “expulsiones colectivas” de personas desde Estados Unidos hacia Haití no solo violan el derecho internacional, sino que parecen “continuar con un historial de exclusión racial de los migrantes y refugiados haitianos negros en los lugares de entrada a Estados Unidos”.