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Derechos humanos | Por Redacción Espacinsular

Los grupos armados que operan en Haití han desatado una ola de violencia, delincuencia y bloqueos de carreteras que, en conjunto con la pobreza imperante y el brote de cólera que se ha registrado recientemente, ha dado lugar a una crisis humanitaria de grandes proporciones.

El organismo para los refugiados, conmina a la solidaridad con los haitianos en el exterior.

Las violaciones sistemáticas de las garantías fundamentales y la incesante violencia armada han precipitado el descenso de Haití a su peor situación humanitaria y de derechos humanos en décadas. Los asaltos -incluidos de tipo sexual-, secuestros, saqueos y bloqueos de caminos están a la orden del día, generando un entorno devastador para la población que de por sí vivía ya una situación deplorable de inseguridad alimentaria, escasez de combustible y falta de servicios médicos y de saneamiento, subrayó este viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Esta alarmante falta de bienes esenciales y seguridad impide, por ejemplo que millones de niños vayan a la escuela, además de que los hace vivir con miedo y es, en gran parte, causa de la desnutrición que padecen.

Este escenario llevó al titular de ACNUR a hacer una petición: “Exhorto a todos los Estados a que se solidaricen con Haití y les pido que no devuelvan a la población haitiana a un país extremadamente frágil”, dijo Filippo Grandi.

El llamado de Grandi se dirigió a tanto a los países de la región como a los de cualquier otra zona del mundo en la que haya ciudadanos haitianos, independientemente de su estatus migratorio.

El derecho internacional prohíbe las devoluciones

La agencia explicó que las personas haitianas que están fuera del país y que son devueltas a él pueden enfrentar nuevos desplazamientos, así como riesgos de seguridad y de salud que atentan contra sus vidas.

También recalcó que las leyes internacionales prohíben explícitamente las devoluciones, es decir, el traslado forzado de las personas a un lugar en el que corran riesgo de sufrir persecución, tortura u otros daños graves o irreparables.

“El derecho internacional también prohíbe las expulsiones colectivas y las detenciones arbitrarias asociadas a ellas”, puntualizó ACNUR.

La inseguridad empeoró en Puerto Príncipe desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.

 

El organismo de la ONU enfatizó que las personas haitianas que deseen solicitar protección internacional deben tener acceso a procedimientos de asilo justos y eficaces e insistió en que se detengan las deportaciones de haitianos cuya solicitud de asilo haya sido rechazada antes de los recientes acontecimientos.

En esa petición se debe incluir a quienes no necesitaban protección internacional previamente, pero que ahora, dadas las nuevas circunstancias en Haití, tienen motivos para pedir asilo.

ACNUR conminó a los gobiernos de países con población haitiana a garantizar que esas personas tengan acceso a servicios de protección y apoyo, al margen de las razones por las que hayan abandonado su país.

Protección temporal y humanitaria

“En el caso de las personas que no cumplan los requisitos para recibir protección como refugiadas, esto puede lograrse mediante la concesión de protección complementaria, protección temporal, admisión humanitaria u otros acuerdos de estancia legal hasta que la situación de seguridad en Haití permita un retorno seguro”, detalló la agencia.

El sistema de la ONU trabaja con el gobierno haitiano, la sociedad civil y las partes interesadas del sector privado en la búsqueda de un futuro pacífico, seguro y próspero para el país.

ACNUR, por su parte, expresó su disposición de asistir a los gobiernos de la región para que se asegure el respeto de los derechos de los haitianos, incluida la ayuda en el diseño e implementación de mecanismos de protección complementarios u otros acuerdos de estancia legal cuando sea necesario.