Nueva normativa para renovar permisos temporales de trabajo dificulta la formalización de personas migrantes, introduce requisitos de difícil cumplimiento y puede impactar también a actividades económicas que dependen de esta mano de obra.

Santo Domingo, República Dominicana. – El Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) expresó su preocupación por los efectos de la Resolución 001-2026 de la Dirección General de Migración (DGM), al considerar que endurece de tal manera las condiciones para renovar los Permisos Temporales de Trabajo (TT-1) que, en la práctica, vuelve casi inviable la regularización de miles de personas migrantes.

La organización advirtió que, en vez de facilitar el ordenamiento de la migración laboral, la medida puede terminar bloqueando la formalización del trabajo migrante y ampliando las condiciones de irregularidad, al exigir requisitos que muchas personas no están en condiciones reales de cumplir.

Entre ellos figuran la presentación de un nuevo contrato registrado ante el Ministerio de Trabajo, certificación de inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social, pasaporte con una vigencia mínima de 18 meses y la vinculación a una zona geográfica específica de trabajo.

El principal problema, señaló el Colectivo, radica en que estos requisitos generan una traba difícil de superar: para registrar un contrato laboral se exige documentación migratoria vigente, mientras que para cotizar plenamente en la seguridad social se requiere residencia legal sustentada en visa de trabajo, carné de migración o carné de regularización.

“Se exige formalización para sostener la regularización, pero al mismo tiempo se exige regularidad previa para poder formalizar”, indicó la entidad. “Así, en lugar de abrir una vía realista hacia la legalidad, se reduce la posibilidad de que muchas personas migrantes puedan mantenerse dentro de ella”.

El Colectivo subrayó que esta situación afecta de manera directa a las personas migrantes, al exponerlas más a la irregularidad, la desprotección y la precariedad laboral. Pero advirtió también que sus efectos alcanzan al país en su conjunto, incluidos sectores productivos que dependen de mano de obra extranjera y requieren mecanismos viables para avanzar en la formalización.

La situación resulta especialmente crítica en actividades donde la formalización ya enfrenta barreras estructurales, como el trabajo doméstico. Actualmente, el Sistema Dominicano de Seguridad Social no dispone de un régimen operativo que permita la inscripción efectiva de trabajadoras domésticas, por lo que exigir esa constancia como condición para renovar permisos introduce, en muchos casos, un requisito sin vía real de cumplimiento.

Asimismo, la resolución limita el permiso a una zona geográfica y a una actividad específica, lo que, a juicio del Colectivo, no responde a la dinámica real del mercado laboral y puede dificultar tanto la continuidad laboral de las personas migrantes como la organización de actividades económicas con alta movilidad o demanda estacional.

La organización consideró además que este enfoque se aparta del espíritu de los consensos planteados en el proceso de diálogo del Consejo Económico y Social, donde se ha insistido en la necesidad de construir mecanismos viables para ordenar la gestión de la mano de obra extranjera, no para hacer más difícil su regularización.

El Colectivo Migración y Derechos Humanos llamó a revisar la resolución y a abrir un diálogo con los sectores sociales, laborales y productivos para construir soluciones que hagan posible la regularización, fortalezcan la formalización y permitan una gestión migratoria más coherente con la realidad del país.