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Migración | Redacción Espacinsular

El Movimiento Reconocido realiza un llamado al gobierno dominicano a buscar una salida urgente, real y efectiva que le ponga fin  a la situación de desnacionalización y apatridia generada por las Sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional el 23 de septiembre del año 2013, que hoy cumple 7 años de vigencia y no olvidamos.

La Sentencia ha dejado suspendida la vida de miles y decenas de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana.

La Sentencia ha rebasado todos los límites impuestos por la razón y la objetividad, desafiando más de 80 años atràs y múltiples generaciones, aplicó retroactivamente una desnacionalización masiva desde 1929 hasta el 18 abril del 2007, siendo la aberración jurídica más atroz jamás producida en el país y una de las mayores violaciones a derechos humanos en la historia dominicana basada en la discriminación étnica y racial por el origen nacional de nuestros padres. Esta funesta sentencia legitimó las constantes violaciones a los derechos humanos que hemos venido denunciando desde décadas atrás las diversas organizaciones que trabajamos con la población dominicana de ascendencia haitiana.

Al emitir la sentencia 168-13, el Tribunal Constitucional destruyó su razón de ser, la esencia del Tribunal Constitucional es hacer respetar la Constitución y la garantía de los derechos; mientras que por el contrario, legitimó las prácticas sistemáticas históricas de discriminación y segregaciòn racial que mantuvo y sigue manteniendo la Junta Central Electoral, con el apoyo de sectores de poder en el país. Juliana Deguis, quien buscaba la tutela y protección de sus derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional, fue desnacionalizada, y con ella todos nosotros-as.  

Un sector conservador, busca a toda costa mano de obra barata, semi-esclava y ha escogido una de las formas para lograr sus objetivos mediante la negación sistematica de derecho, manteniendo un gran porcentaje de la población en la esclavitud de la ignorancia, impidiéndole obtener documentación para poder estudiar y desarrollarse plenamente como personas con dignidad.

Actualmente la pandemia del COVID-19 ha agravado nuestra vulnerabilidad, ni siquiera podemos acceder a los programas del Gobierno con motivo de la pandemia por la falta de documentación.

Como sociedad civil y como Estado deberíamos estar discutiendo hoy la reparación del daño causado a nuestros proyectos de vida frustrados, sueños truncados y  vidas suspendidas por más de una década, y a nuestros descendientes. 

Demandamos que el Estado Dominicano, y este  nuevo gobierno que tiene como slogan  “El Cambio” busque una solución a la desnacionalización y la apatridia desde una perspectiva de justicia y derecho.