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Migración | Redacción Espacinsular

En dos décadas los dominican@s de ascendencia haitiana  han logrado visibilizar la discriminación  que desde organismos del Estado se ha  establecido, mediante  prácticas desiguales, inequitativas y negadoras de sus derechos en el país.

Este 23 de septiembre se cumplen siete años de la Sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el pico más alto de una serie de medidas judiciales y administrativas que durante décadas habían obstaculizado el acceso al registro civil en igualdad de condiciones a dominicanas y dominicanos en función del origen de sus padres. Dicho fallo despojó de la nacionalidad dominicana de manera arbitraria a miles de personas nacidas entre 1929 y 2010, en franca violación a la Constitución dominicana y tratados internacionales de los que el país es signatario.

Ante la crisis nacional que la medida del alto tribunal desató, el Congreso adoptó en 2014 la ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas “irregularmente” en el registro civil dominicano y sobre naturalización, una limitada respuesta a las múltiples violaciones de derechos fundamentales y las problemáticas de orden social agravadas con la desnacionalización.

Apenas 26,851 personas (2 de cada 10) de las más de 117 mil  afectadas por la STC 168-13 han tenido respuesta a su situación dentro del marco de la Ley 169-14.  Por desinformación, falta de recursos para gestionar documentos, trabas administrativas o simplemente porque la ley no los contempla, un amplio número de personas dominicanas de ascendencia haitiana que nunca ha tenido registro  no pudiera acogerse al plan de naturalización planteado en la pieza para recobrar su nacionalidad. Así es el caso de las y los afectados de segunda y tercera generación, en su mayoría menores de edad, que dependen de la solución de sus padres y abuelos.

El Estudio de los dominicanos descendientes de migrantes derivados de la 2da. Encuesta Nacional de Migrantes (ENI-2017), revela que la población dominicana descendiente de migrantes haitianos es la que  tiene  más dificultades para integrarse, su  ingreso mensual promedio  es menor a 15 mil pesos  que adquieren en situaciones de desventaja laboral, trabajos informales y   riesgosos.  En el caso de las mujeres, el monto es menor a seis mil 500 pesos en su mayoría provenientes del trabajo doméstico.

La emergencia sanitaria por Covid-19 pone nueva vez el tema sobre la mesa, dejando  en claro la urgencia de dar una solución efectiva a la problemática de nacionalidad, que no ha podido ser cubierta por la Ley 169-14.  Las vulnerabilidades preexistentes hacen más dramática la situación actual, el bloqueo al   registro civil y la negación de la nacionalidad impiden el  acceso a servicios públicos y a la asistencia social.  La cédula de identidad y electoral es requisito para gestionar la incorporación como beneficiari@s a los programas oficiales.

El 23 de septiembre también reafirma la pertinencia de una lucha histórica por la justicia y equidad que ha unido a diversos sectores de la vida nacional. Durante estos siete años hemos librado una ardua batalla en la búsqueda de soluciones viables, duraderas y efectivas a la desnacionalización de dominicanos descendientes de migrantes. El Estado dominicano lesiona la vida de miles de personas y limita las oportunidades de progreso de comunidades empobrecidas integradas por dominican@s, trabajadores y de origen migrante. La documentación es una de las tantas reivindicaciones.

La población dominicana de ascendencia haitiana no permanece inmóvil, este segmento tiene significativos aportes al desarrollo de nuestra nación, sus luchas por mejores condiciones de trabajo nos han beneficiado a todos/as, el resultado de su sudor es medible y cuantificable, fundamental para el sector azucarero, agropecuario, turístico, zona franca, y servicios, entre otros. 

En 2020, los dominicanos y dominicanas hemos demostrado en cada plaza que el futuro pertenece al proyecto democrático, a la justicia y a la institucionalidad.  A siete años de la sentencia 168-13, seguimos trabajando día a día por  una República Dominicana de derechos,  un Estado que no marque diferencia entre hermanos-as, que impulse a sus jóvenes por el camino del progreso, que abrace la dignidad de las familias.

Es hora de que República Dominicana se convierta en ejemplo para el mundo impulsando un fortalecimiento institucional que procure una gestión eficiente de los recursos públicos y el respeto de las garantías fundamentales a sus ciudadanos y ciudadanas en cada instancia de la del Estado.

Apuntando en esta dirección,  el Decreto 262-20  que otorga   la nacionalidad dominicana por naturalización a  750 de los  afectados por  la sentencia 168-13 es un primer paso  hacia la búsqueda de soluciones para el grupo no registrado. Sin embargo, el Estado dominicano  tiene por delante el reto   de dar  una  respuesta idónea  a   las miles de personas  apátridas y en riesgo de apatridia que están  a la espera de ver su  nacionalidad dominicana confirmada y obtener la documentación que la acredite.

En este contexto tan desafiante para todos que amerita de otros enfoques en el proceso de recuperación colectiva, mueve a preocupación el anuncio del reinicio de las deportaciones de personas migrantes. Atendiendo a dolorosas experiencias pasadas, es imperante evitar las expulsiones de personas dominicanas en operativos militares, policiales y migratorios que traen desasosiego, limitan el derecho al libre tránsito de los ciudadan@s y exponen a las comunidades afrodescendientes a vivir bajo el peso de la violencia normalizada.

Desde la Plataforma Dominican@s por Derecho hacemos un llamado a las nuevas autoridades gubernamentales:   Es urgente construir puentes de comunicación poniendo en primer término a las  personas afectadas por la Sentencia,    avanzar en  el diseño estructural de políticas públicas que permitan a miles de dominicanos/as acceder a su nacionalidad y les sean  otorgados los documentos de identidad que en consecuencia les corresponden,  combatir la exclusión social que ha afectado a las comunidades que merecen ser visibilizadas en las propuestas de gobierno y representadas dignamente. Es el momento de abrir un nuevo capítulo a la democracia, dejando atrás la discriminación institucionalizada.

 #LuchaContraLaApatridia #RDEjemploParaElMundo

 Plataforma Dominicanxs por Derecho

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Blog: dominicanosxderecho.wordpress.com

@domxderecho