El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) rechaza la campaña de mentiras y fake news con la que el gobierno ha intentado justificar sus agresiones misóginas y racistas en contra de mujeres embarazadas, cientos de ellas expulsadas en la última semana, y llegando al extremo de sacarlas de los hospitales en abierta violación de las leyes.
En tal sentido, la organización ha constatado que el Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (RIESS) desmiente las afirmaciones de funcionarios del gobierno que han asegurado que más del 40% del gasto de salud pública se invierte en atenciones a pacientes haitianos, y especialmente a mujeres embarazadas, llamadas “parturientas” en el lenguaje de odio oficial. Esta afirmación fue difundida en el reportaje “Carga Pesada” realizado por Alicia Orgega el 11 de octubre del presente año. Según los datos oficiales del RIESS, los servicios de salud que son requeridos con mayor frecuencia, y que representan un mayor gasto, la comunidad inmigrante recibe menos del 10% de los servicios prestados. Estos son consultas externas, emergencias y laboratorios. En el caso de los partos, las mujeres inmigrantes representan poco más de una cuarta parte del total. Recordemos que el gasto en salud abarca además gastos en materiales, salarios, infraestructura, y otros apartados que no dependen del volumen de pacientes atendidos en los hospitales públicos, nacionales o inmigrantes. Por lo cual un 9 o 10% de pacientes inmigrantes no equivale a un 10% del gasto en salud, sino un porcentaje mucho menor.
El MST también cuestionó la cifra ofrecida por el ministro de Salud, Daniel Rivera, al afirmar que solo en atención a mujeres embarazadas haitianas se ha gastado más de 10 mil millones de pesos en lo que va de año. La actual directora del Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Franka Valois, afirmó recientemente que el costo de un parto vaginal es de 7 mil pesos y por cesárea alrededor de 11,5 mil pesos. Si tomamos como referencia los 24,476 partos registrados oficialmente hasta septiembre, el costo promedio correspondiente a la cifra falsa del ministro sería de más de 400 mil pesos por parto. El ministro de Salud tendría que renunciar por sus escandalosas mentiras.
Ni se destina 40% del gasto en salud pública a la comunidad inmigrante, ni se ha gastado RD$10 mil millones en partos de mujeres inmigrantes haitianas, ni es culpa de la comunidad inmigrante que los hospitales estén en mal estado, asegura el MST. El único culpable es el gobierno, según esta organización, recordando que la Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en su artículo 24, ordena destinar para el 2020 una inversión equivalente al 4% del PIB en gasto público en salud. En el Presupuesto general del Estado del año 2021, el presupuesto de salud fue alrededor de la mitad de ese porcentaje. “Abinader viola la ley al no invertir lo que debe en salud pública, desvía la atención hacia un chivo expiatorio, las mujeres embarazadas haitianas, y luego viola nuevamente la ley al secuestrar a estas mujeres dentro de los hospitales para para fines de expulsión sumaria del país”, reza la declaración del MST.
“Abinader además tiene previsto un recorte de RD$ 24.8 mil millones para el presupuesto de salud del año 2022, mientras este año ha desviado más de 770 millones de pesos de los fondos de la seguridad social para pagar a las ARS. La verdadera carga, que es el negocio de la salud privada subsidiada por el Estado, es cada vez mayor y obtiene ganancias obscenas. En lo que va de año las ganancias de las ARS superan los 3,4 mil millones de pesos. Es necesario desenmascarar que los sectores racistas, xenófobos y supuestamente nacionalistas, le hacen el juego a la política gubernamental de subsidiar al capital y recortar el gasto en salud pública”, agregó la organización socialista en su declaración.
Finalmente, urgen al Colegio Médico Dominicano, la Asociación Nacional de Enfermería y otras organizaciones sociales, políticas y de defensa de los derechos humanos a unir esfuerzos para defender la salud pública de los ataques de Abinader y defender a las mujeres inmigrantes de la represión.