Las organizaciones Colectivo HaitianosRD, MST, Movimiento Caamañista, Movimiento Reconocido, La Ceiba, Fundación Código Humano y MOSCTHA emitieron una declaración conjunta el viernes 14 de julio, en la que condenan la política migratoria del gobierno encabezado por Luis Abinader.
A propósito del comunicado de la Cancillería del 30 de junio en respuesta a señalamientos del experto independiente de la ONU William O’Neill, en el que el gobierno dominicano alega que “la situación interna (de Haití) nunca será impedimento para la plena aplicación de la legislación dominicana”, las organizaciones advierten que en la realidad la política migratoria de Abinader viola sistemáticamente la Constitución y las leyes dominicanas.
Las organizaciones asimismo aseveran que el comunicado de la Cancillería se hace eco de la teoría conspirativa según la cual la ONU promueve la emigración irregular haitiana, y rechazan la intervención militar extranjera en Haití, responsabilizando a la intervención de la MINUSTAH entre 2004 y 2017 de haber agravado la crisis de ese país. También critican el rol del Core Group como sostén del gobierno de facto y mafioso de Ariel Henry, llamando a respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo haitiano.
Violaciones a las leyes y la constitución “todos los días y a toda hora”
La declaración de las organizaciones condena que “los procesos de detención masiva de personas inmigrantes haitianas con frecuencia se extienden a personas dominicanas de ascendencia haitiana y a otras personas dominicanas negras debido al uso sistemático del perfilamiento racial. Este método viola el principio legal de la presunción de inocencia, así como el artículo constitucional 39 sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación. El artículo 46 prohíbe la expulsión de personas dominicanas del territorio nacional, salvo por procesos de extradición, lo cual subraya la ilegalidad de la detención migratoria de personas dominicanas de ascendencia haitiana. Los asesinatos de inmigrantes por parte de agentes policiales, militares y de la Dirección General de Migración (DGM) violan el artículo constitucional 37 sobre el derecho a la vida, mientras que las torturas, violaciones sexuales y otros tratos degradantes violan el artículo 42”.
Agregan que “los allanamientos de viviendas sin orden judicial, que la PN, DGM y militares realizan diariamente, violan el artículo 44 de la Constitución. La política de la DGM de desplegar en sus operativos a agentes encapuchados y sin identificación visible viola el artículo 40 de la Constitución”. Por su parte, “el Reglamento de la Ley de Migración 285-04 establece en su artículo 134 que nunca serán detenidas en procedimientos migratorios personas menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo. Todos los días son detenidas personas con esas características. También son detenidas personas con su documentación migratoria vigente”, sentencian. Recientemente generó escándalo la detención arbitraria del intelectual haitiano Jhak Valcourt en el Distrito Nacional, pese a tener su documentación en regla y plenamente vigente.
“Otros crímenes cometidos con frecuencia por las autoridades migratorias son la extorsión contra familiares de personas detenidas para lograr su liberación, así como la destrucción de documentos y el robo de dinero, teléfonos celulares, motores y otros bienes de las personas inmigrantes haitianas, denunciaron, revelando que la Procuraduría General de la República fue notificada sobre estos crímenes perpetrados cotidianamente por las autoridades migratorias el 2 de diciembre de 2022, durante una reunión en la que participaron la Procuradora General, Miriam Germán, y la Procuradora Adjunta, Yeni Berenice Reynoso, junto a representantes de organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos.
Violaciones al protocolo binacional de 1999
El Protocolo migratorio suscrito por la República Dominicana y Haití en 1999 establece varias disposiciones, que son violadas cotidianamente por las autoridades dominicanas, sin que los representantes diplomáticos del Estado haitiano interpongan protesta alguna. Las organizaciones indican que según este protocolo no deben realizarse repatriaciones en horarios nocturnos, domingos o días feriados. Tampoco deben separarse padres e hijos. Las repatriaciones solo se deben realizar a través de cuatro puntos fronterizos autorizados, no se deben retener documentos personales de los repatriados y se debe entregar una copia del formulario individual de repatriación a cada persona. Además, las autoridades diplomáticas haitianas deben recibir con antelación las listas de personas en proceso de repatriación para que puedan acceder a la asistencia consular. “Nada de eso se cumple”, constatan las organizaciones, que además señalan las inconsistencias en las cifras de deportaciones del año 2022 publicadas por el presidente Abinader, la DGM y la Cancillería, con un rango de discrepancia entre ellas de más de 50 mil deportaciones. A juicio de las organizaciones, “esto basta para demostrar que el régimen carece de un registro confiable y veraz”.
Una política basada en el odio racial
En respuesta al discurso oficial que retrata a la comunidad inmigrante haitiana como una supuesta carga, las organizaciones consideran que “en realidad es una comunidad que en su enorme mayoría vive de su propio trabajo y sufre frecuentemente de la superexplotación laboral y la negación de sus derechos, como el derecho a la pensión de los trabajadores retirados de la industria azucarera, y el derecho de trabajadores agrícolas y de la construcción a contratos de trabajo y seguros médicos. El gobierno difunde propaganda de odio contra las mujeres embarazadas haitianas, acusándolas falsamente de consumir gran parte del presupuesto de salud pública, cuando la incidencia de su atención hospitalaria en el presupuesto de salud es de menos del 1%”, destacan.
Contrastan la flexibilidad exhibida por las autoridades ante la situación de la comunidad inmigrante venezolana con la obstaculización de la regularización migratoria de las personas haitianas. De igual forma constatan que inmigrantes de otros países tiene garantizado el derecho a protestar pero se prohíbe a la comunidad inmigrante haitiana movilizarse. “Defendemos el derecho de todas las personas inmigrantes a movilizarse, a defender sus derechos y a la libre expresión, sin distinción de nacionalidad y sin limitaciones de tipo racista”, afirmaron.
“Exigimos poner fin a las deportaciones masivas contra la comunidad inmigrante haitiana, a las extorsiones, robos, malos tratos, detenciones en centros hacinados e insalubres, la separación de infantes de sus familias, los allanamientos sin orden judicial, el perfilamiento racial y la detención de mujeres embarazadas y lactantes. Debe aplicarse un plan de regularización como el dirigido a la comunidad venezolana, pero para todas las personas inmigrantes sin discriminación racial. En definitiva le exigimos al gobierno dominicano que deje de violar las leyes dominicanas, la Constitución, los protocolos binacionales, los tratados y pactos internacionales, y sobre todo que no cometa el crimen de lesa humanidad de la discriminación racial sistemática, el apartheid. Las autoridades deben saber que ese crimen nunca prescribe”, concluyeron.