Lo habíamos advertido en una declaración conjunta de 22 organizaciones sociales y de derechos humanos: la marcha del 30 de marzo era violenta desde su convocatoria misma, al estar basada en el odio racial hacia una comunidad obrera integrada tanto por personas dominicanas como haitianas. No debe haber impunidad y los convocantes de este intento de linchamiento colectivo deben responder por sus acciones ante la sociedad y la justicia.
Preocupa sobremanera que el gobierno dominicano intente desviar la atención de los graves hechos de violencia por parte de turbas racistas, alegando que se trató de acciones aisladas por parte de “infiltrados”. La organización paramilitar denominada Antigua Orden Dominicana (AOD), también culpa a supuestos “infiltrados” de haber generado acciones violentas. La realidad es que fueron los mismos convocantes a la marcha que llamaron a asistir armados, los que provocaron los enfrentamientos y acciones como la quema de muebles de personas dominicanas que viven en Friusa.
Desde el colectivo #HaitianosRD reiteramos nuestro llamado al gobierno a detener sus discursos de odio racial que estigmatizan a la comunidad de inmigrantes haitianos/as, que profundizan la vulneración de los derechos laborales y alimentan la violencia xenófoba en el país. Reafirmamos que la marcha no era una protesta ni estaba protegida por la libertad de expresión sino que era una acción armada y racista de carácter abiertamente inconstitucional. Esto se ha confirmado con la detención de 32 personas con armas de fuego, machetes, cuchillos y otras armas, que intentaban superar a la policía para ingresar al barrio Matamosquito.
Constituimos una comunidad de gente laboriosa, de trabajadores/as, estudiantes, profesionales y comerciantes, orgullosos de colaborar con el crecimiento económico del país, y a cambio solo esperamos recibir respeto a la dignidad y el reconocimiento de nuestros derechos. La encuesta Nacional de Inmigrantes (2017) da cuenta que aportamos alrededor del 9% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, pagamos impuestos y los diversos servicios domésticos, como la energía y el agua, contrario a lo que afirma el ex candidato presidencial del PLD, Abel Martínez.
Es tiempo de detener las políticas y acciones violentas contra nuestra comunidad. No permitamos que, en nombre de la patria y la soberanía continúe el ensañamiento contra una comunidad de trabajadores/as, y que se continúe con la estigmatización de la comunidad inmigrante haitiana como una carga económica, una amenaza a la seguridad nacional y a la soberanía, que es un discurso heredado del genocida Trujillo. Llamamos a las organizaciones sociales y todas las que creen en los derechos humanos y la democracia a hacer frente al fascismo y al odio racial, a demandar mecanismos de regularización sin discriminación, restituir las garantías constitucionales poniendo fin a los allanamientos sin orden judicial y las detenciones arbitrarias basadas en el perfilamiento racial, y avanzar hacia una sociedad libre de prejuicios y discriminación.