Ninguna comunidad inmigrante ha sido nacionalmente sometida a tanta violencia y humillación, y ante el desamparo absoluto del Estado, como la haitiana.

Se trata de un régimen de dominación total que corroe el conjunto de esferas de la vida social y se basa sobre la violencia, la explotación, la subordinación y la exclusión. Esta situación solo puede existir a condición de negar la dignidad, los derechos y libertades a este grupo social. Este escrito expone algunas reflexiones sobre el cómo y el por qué de esta dominación política.

Una vida sin derechos

A lo largo del siglo XX, el Estado organizó una zona de no-derecho contra esta población inmigrante. El control político se desplegó ante las luchas de los braceros haitianos, muchas veces en solidaridad con movimientos políticos de izquierda dominicanos. Por un lado, las dictaduras de Joaquín Balaguer y de François y Jean-Claude Duvalier unieron esfuerzos para vigilar y silenciar el auge del comunismo en la clase obrera, la cual clamaba por justicia social en ambas Repúblicas. Por otro lado, el Estado dominicano mantuvo en asedio las protestas contra las deplorables condiciones de vida y de trabajo en los bateyes e ingenios del país.

Estas prácticas represivas iban de la mano del despojo de la identidad legal. Guy, trabajador en los ingenios del CEA y luego en el Central Romana, cuenta que ‘‘durante el gobierno de Balaguer, los permisos de residencia fueron sustituidos por fichas de trabajo. Así, si tenías un accidente laboral, no podías reclamar porque no tenías papeles’’. Dany trabajó también para el Central Romana, implicándose en la creación de un sindicato clandestino en los años setenta. Recordando la prohibición del derecho a huelga decretado por Balaguer en 1966 y la fuerte intimidación sobre la acción sindical en estas zonas, no tardé en preguntarle cómo hacían para reivindicar sus derechos. La respuesta no se hizo esperar, más en sus ojos que en sus palabras. Tras un momento de silencio y un guiño que reflejaba el asombro ante mi pregunta, respondió simplemente: ‘‘¿Qué derechos? Nosotros no tenemos’’.

¿Cómo entender la violencia de Estado que no solo excluye a estos inmigrantes de sus derechos políticos, pero procede por igual a privar ciudadanos nacionales de sus derechos a Nación –como sucedió con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional? Si son motivos económicos los que despojan legalmente y explotan racialmente a la comunidad de origen haitiano dentro del país, existen razones políticas que propician estas prácticas de dominación. No es casualidad que la violencia institucional se produzca en momentos en que los trabajadores inmigrantes y sus hijos dominicanos osaran hacer valer sus derechos en la arena pública. Desde principios del año 2000, diversos movimientos han denunciado las violaciones del Estado dominicano de negar la expedición de certificados de nacimiento en función del origen étnico, confiscar pensiones cotizadas durante decenios, privar las poblaciones de seguro médico, obstaculizar el proceso de regularización, o mantener la apatridia. Estas manifestaciones de gente “que no está donde debería estar”, reivindicando derechos políticos, perturban el orden social que les es asignado: la exclusión.

De esta transgresión se explica la violencia Estatal. Como precisaba el sociólogo Norbert Elías, “el resentimiento surge cuando un grupo marginal socialmente inferior, menospreciado y estigmatizado, está a punto de exigir la igualdad no sólo legal, sino también social, cuando sus miembros empiezan a ocupar posiciones en la sociedad que antes les eran inaccesibles, es decir, cuando empiezan a competir directamente con los miembros de la mayoría como individuos socialmente iguales’’. En otras palabras, cuando los dominados ocupan el terreno político y claman derechos que les eran anteriormente negados, la clase dominante desata un proceso de diferenciación y rechazo para preservar y perpetuar su dominación.

El recrudecimiento de las políticas de persecución y de deportación masiva de la actual administración han impactado y silenciado considerablemente los reclamos de la comunidad inmigrante. A pesar de este estado de sitio, diversas movilizaciones se produjeron en octubre 2024, febrero 2025 y posterior a la manifestación anti-haitiana en Friusa en marzo pasado. Los trabajadores de la construcción en Punta Cana se movilizaron tanto contra los atropellos y crímenes de la DGM, la policía y el ejército, como contra los abusos e injusticias laborales de las compañías constructoras. La responsabilización político-mediática desatada sobre estas protestas (catalogadas de “caos”, de ocupación ilegal de áreas públicas, de atentar al Estado o poner en riesgo al sector turismo) no solo revela cuan impensable e insoportable es ver a la población deshumanizada Ser y Ejercer sus derechos. La criminalización lleva también como propósito despolitizar estas luchas eminentemente políticas: resaltando la supuesta amenaza del “enemigo interno”, y encubriendo las reivindicaciones contra la suspensión de la regularización del estatus migratorio, los maltratos y abusos laborales, o la inequidad salarial, que tanto deben al desamparo del Estado social.

Un Estado de exclusión

La negación de los derechos cívicos no solo excluye a los inmigrantes del derecho al voto o del derecho a decidir por quienes deciden sus destinos. Busca por demás, negar su reconocimiento social e imposibilitar la igualdad ciudadana. “Existir, es existir políticamente”, afirmaba el sociólogo Abdelmalek Sayad. “Significa tener derecho a tener derechos, es decir, a ser sujeto de derecho, al igual que un nacional, y no sólo objeto de derecho. Es el derecho a pertenecer a un cuerpo político, a tener un lugar en él; es el derecho a dar sentido y razón a (…) su propia existencia; el derecho a tener una historia, un pasado y un futuro; el derecho a apropiarse de la posibilidad de controlar el presente y el futuro”.

Nuestra Nación se ha construido bajo la negación de la existencia a un grupo social. Hoy asistimos a un estado superior. La regresión de derechos llega a niveles sin precedentes en la historia universal contemporánea. Este régimen de excepción atenta contra la comunidad criminalizada y crea una sociedad violenta, excluyente y desigual. De ahí la necesidad de revertir en conjunto este sistema que degrada la vida humana.