El nuevo Código Penal dominicano, lejos de ser un avance jurídico, constituye un retroceso histórico dictado para complacer a la Iglesia católica y a los sectores más conservadores de la sociedad.

Les presento aquí tres aspectos que convierten dicha pieza legislativa en un monumento a la injusticia: la exclusión de las tres causales del aborto, la tipificación ambigua del feminicidio y la absolución penal de las instituciones de poder.

Es sorprendente y a la vez lamentable que en pleno siglo XXI, cuando países como España, Francia o Alemania han incorporado legislaciones que garantizan el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo bajo condiciones claras y humanas, nuestro Congreso haya preferido atarse al dogma religioso, condenando a miles de mujeres —y especialmente a las más pobres— a la clandestinidad o a la muerte. Y es que nuestros Senadores y Diputados han legislado con el rosario en las manos, no con la razón ni con la ciencia.

Aún más indignante es la forma en que se diluye el feminicidio. Europa y América Latina avanzan hacia marcos jurídicos que reconocen la violencia de género como crimen de Estado; aquí, en cambio, se reduce a una mera agravante, como si el asesinato de una mujer por ser mujer no mereciera un reconocimiento específico y categórico.

República Dominicana, con uno de los índices más altos de feminicidios en la región, elige mirar hacia otro lado, lavándose las manos con una redacción ambigua y cobarde.

Y como si fuera poco, el nuevo código exonera de responsabilidad penal a partidos políticos, iglesias, ayuntamientos y al propio Estado. Es decir, los mayores responsables de la corrupción, de los abusos y del saqueo institucional quedan blindados por ley. Se impone además un límite de veinte años para perseguir la corrupción, garantizando la impunidad de quienes se roban el futuro de generaciones enteras.

Pero el problema no termina en el Código Penal. Este gobierno, en lugar de avanzar, ha decidido retroceder. Lo ha hecho en cuanto a los derechos de las mujeres, lo hace en la lucha contra la corrupción, y lo hace también en el tema migratorio, donde ha adoptado políticas represivas y deshumanizantes, sumisas al miedo y a los sectores más rancios del país. En ambos frentes, el Ejecutivo ha demostrado ser un gobierno de retroceso, un gobierno entreguista, un gobierno sin coraje ni visión de futuro.

El nuevo código penal no es un código para la justicia, sino para perpetuar privilegios. Es un pacto con las fuerzas más oscuras del pasado. Es la legalización de la sumisión y de la impunidad.
República Dominicana necesita rebelarse contra esa legislación que institucionaliza la injusticia. El silencio sería complicidad!