La reciente movilización cívica del pueblo de San Juan y de toda la región del Valle no puede ni debe interpretarse como una reacción emocional frente a un proyecto puntual. Lo que está ocurriendo es mucho más profundo: una comunidad entera ha hecho conciencia de que enfrenta un proceso de reordenamiento territorial impuesto por la minería, incompatible con la vocación agrícola, hídrica y ecológica del suroeste dominicano.

Reducir este conflicto al Proyecto Romero no solo es una simplificación peligrosa, sino una distorsión del problema real.
UN TERRITORIO AMPLIAMENTE CONCESIONADO
Los datos oficiales del Catastro Minero y los informes de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI-RD) muestran que en la República Dominicana una parte muy significativa y crítica del territorio nacional se encuentra cubierto por concesiones mineras formales, entre exploración y explotación. Esto equivale a cientos de miles de hectáreas bajo régimen minero, con derechos preferentes sobre el uso del suelo.
En el caso de la región del Valle, y particularmente de la provincia de San Juan, la situación es aún más crítica. Registros públicos y reportes periodísticos basados en información de la Dirección General de Minería confirman que solo en San Juan existen al menos 17 concesiones de exploración metálica, 13 de ellas en manos de la empresa GoldQuest.
Más aún: GoldQuest no es titular únicamente del Proyecto Romero. La empresa ha recibido al menos 15 concesiones de exploración, que en conjunto superan las 16,000 hectáreas, distribuidas en varias provincias, pero con una concentración significativa en el Valle de San Juan.
Estos números desmienten la narrativa del «proyecto único». Romero es una pieza dentro de un mosaico minero mucho más amplio.
DE PROYECTOS A DISTRITOS: EL VERDADERO PROBLEMA
Cuando múltiples concesiones contiguas o cercanas se concentran en una región, el resultado no es un simple conjunto de iniciativas aisladas. El resultado es un distrito minero, con implicaciones estructurales y permanentes:
• El suelo queda condicionado legalmente al uso minero.
• Otras actividades productivas pasan a ser secundarias o incompatibles.
• Se acumulan impactos ambientales, especialmente sobre el agua.
• Se altera la planificación territorial a largo plazo.
La minería, aun cuando se presente como “subterránea”, “moderna” o “de bajo impacto”, impone un régimen legal y funcional del territorio que entra en conflicto directo con la agricultura, la ganadería, el turismo rural, la gestión de cuencas y la seguridad alimentaria.
Por eso el debate no puede centrarse en si un proyecto específico contamina o no. La pregunta correcta es si el Valle de San Juan puede o no convertirse en un distrito minero sin sacrificar su función estratégica para el país.
LA PROPIA EMPRESA RECONOCE UN ENFOQUE DE “DISTRITO” Y NO DE PROYECTO AISLADO
En sus presentaciones corporativas, informes técnicos e información a inversionistas, GoldQuest no se presenta como promotora de un solo proyecto, sino como una empresa con un portafolio integrado de concesiones en el cinturón geológico de Tireo, organizado explícitamente a escala distrital.
En su “Investor Overview” y comunicados oficiales, la empresa describe su área de interés como:
• una “tendencia a escala de distrito de aproximadamente 50 km”,
• “anclada en los recursos de Romero y Romero Sur,
• con múltiples objetivos de exploración activos (Los Ganchos, Cañada La Vaca, Los Mineros, Cachimbo SE y NW),
• dentro de un programa regional de exploración, no limitado a un solo yacimiento.”
Este lenguaje no es casual ni retórico: “district-scale trend” (“tendencia a escala de distrito”) es un término técnico estándar de la industria minera, que designa áreas extensas con múltiples yacimientos presentes o potenciales, planificadas como un sistema minero integrado, no como proyectos independientes.
Al país le están mintiendo.
UN TERRITORIO ESTRATÉGICO PARA EL AGUA Y LOS ALIMENTOS
El Valle de San Juan no es un espacio cualquiera. Se trata de una región clave para:
• La recarga hídrica de la Cordillera Central.
• El río San Juan y su conexión con el Yaque del Sur.
• Infraestructuras estratégicas como las presas de Sabaneta y Sabana Yegua.
• La producción agrícola que sostiene a decenas de miles de familias.
La región enfrenta, además, una crisis hídrica estructural, agravada por el cambio climático, la reducción de lluvias y la alta demanda agrícola. En este contexto, cualquier actividad que introduzca riesgos acumulativos para el agua debe evaluarse con el máximo rigor.
No es casual que la principal demanda ciudadana sea una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que analice el conjunto del territorio y no proyectos individuales diseñados para fragmentar el análisis.
NO ES RECHAZO A LA CIENCIA, ES EXIGENCIA DE BUENA CIENCIA
Lejos de oponerse al conocimiento científico, la población y los sectores académicos que acompañan este proceso están reclamando mejor ciencia:
una ciencia que no se limite a cumplir formalidades, sino que integre:
• Impactos acumulativos de múltiples concesiones.
• Riesgos a largo plazo y pasivos ambientales permanentes.
• Escenarios de estrés hídrico futuro.
• Compatibilidad con el ordenamiento territorial.
Evaluar un proyecto por separado cuando existe una red de concesiones con vocación de explotación es científicamente insuficiente y políticamente irresponsable.
EL RIESGO LEGAL Y SOCIAL: MINERÍA Y EXPROPIACIONES
A esto se suma un elemento que rara vez se discute con honestidad: el marco legal minero.
La Ley 146-71 establece que los terrenos concesionados pueden ser declarados de utilidad pública, habilitando procesos de expropiación, con graves riesgos de desplazamiento, pérdida de seguridad jurídica y conflictividad social.
En un distrito minero, la población deja de ser sujeto de derechos territoriales y pasa a ser variable de ajuste del proyecto extractivo.
LA PROTESTA COMO ACTO DE RESPONSABILIDAD COLECTIVA
Frente a este escenario, la movilización del pueblo de San Juan no fue un acto de rechazo al desarrollo, sino un ejercicio de responsabilidad histórica.
Fue una protesta amplia, plural, cívica y pacífica, que integró productores, iglesias, autoridades municipales, cooperativas, empresarios, mujeres, jóvenes y organizaciones sociales.
San Juan no defendió una consigna abstracta. Defendió el agua, el territorio, la seguridad alimentaria, la salud y la calidad de vida.
UNA LECCIÓN PARA EL PAÍS Y PARA EL ESTADO
El mensaje es claro:
el futuro del Valle no puede decidirse concesión por concesión, ni proyecto por proyecto.
Requiere planificación democrática, evaluación estratégica y visión de país.
Porque la minería puede terminar en ocho años.
Pero el pasivo ambiental, la pérdida del agua y el daño al territorio duran generaciones.
San Juan lo entendió.
Ahora le toca al Estado dominicano actuar en función del bien común y la supervivencia estratégica de la nación.